Teresa Mallada, presidenta del Partido Popular, considera que el curso político asturiano, que hoy se inicia con el pleno institucional de la Junta General del Principado, debe tener como principal objetivo la recuperación económica. Las metas están claras: doblegar la pandemia y relanzar la actividad económica. La doble tarea ya está avanzada, pero queda todavía mucho trecho por recorrer. En el ejercicio precedente la economía se hundió porque se cerraron los negocios y ahora estamos en fase de recuperación.

La dirigente popular pone el acento en dos cuestiones: los impuestos y la Administración Autonómica. Propugna «una revisión de la estructura fiscal del Principado». Si tomamos como referencia los impuestos cedidos a las comunidades autónomas por el Estado (tramo autonómico de IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), nos encontramos con que Asturias es la segunda región con una mayor presión fiscal, tras Cataluña. Ahora bien, la coyuntura económica condiciona cualquier cambio. Cuando el déficit público está disparado y hay muchos compromisos económicos derivados de la necesidad de relanzar la economía, rebajar el gravamen del IRPF, como propone Mallada, es muy difícil. Con un déficit del Estado semejante, Rajoy, al llegar al poder en diciembre de 2011, aprobó la mayor subida fiscal de la democracia. Se puede rebajar el gravamen sobre las herencias o el irracional tributo sobre los Actos Jurídicos Documentados, pero en estas circunstancias rebajar el IRPF supone asumir que va a quedar gente colgada cuando la mirada de todos los sectores económicos y gremios se dirige hacia el Principado. Para expresarlo en términos concretos: descenso en la mayor fuente de ingresos (IRPF) y aumento de recursos para rescatar actividades económicas no son fines compatibles.

Sobre la reforma de la Administración, la preocupación de la presidenta popular tiene sentido. La noticia de acometer ese objetivo fue en su día una gran noticia, pero no se ve que se den pasos suficientes para alcanzar lo más necesario: reducción de su tamaño. Entonces se podrían bajar los impuestos; antes, no, porque solo tendría como resultado un aumento de la deuda, que no deja de ser una forma egoísta de voltear las facturas sobre las generaciones que vienen detrás. La reforma de la Administración implica tomar decisiones sobre plantillas y sueldos. Ningún partido está dispuesto a asumir esa tarea.