En la Junta General del Principado, Juan Cofiño anunció que el Gobierno asturiano va a «rellenar el contenido estatutario con la recepción de competencias en materia hidráulica». El vicepresidente del Ejecutivo lanzó otro mensaje de mayor calado: «Si (hay) un Estatuto de Autonomía que prevé competencias, hay que explorarlas todas; lo haremos en los próximos meses».

La intervención parlamentaria de Juan Cofiño hay que ponerla en contexto: el jueves empieza la negociación de la reforma del Estatuto, así que nada mejor que reivindicar la gestión de los ríos para ir creando ambiente. El intento acelerado de negociar más competencias responde a una estrategia que tiene por objetivo diluir la cooficialidad del bable -verdadera causa de la reforma- dentro de un conjunto de transferencias de distinto pelaje para hacer ver que el Principado opta por un aumento del autogobierno, siendo la cooficialidad del bable un paso más dentro del nuevo diseño competencial.

El Gobierno lograría dos metas. Por una parte la oposición de centro derecha (PP, Ciudadanos y Vox) tendría más difícil rechazar frontalmente las nuevas competencias, ya que hay algunas que podría estar interesada en asumir; decir que no a todas las materias que puede gestionar el Principado proyecta una imagen dudosamente rentable. En segundo lugar, el Ejecutivo podría transmitir la impresión de que busca el consenso, ya que hay materia para negociar. Si va al encuentro de la oposición con la oficialidad del bable, como único contenido, el rechazo dejará fuera de la mesa al centro derecha a las primeras de cambio. Estamos en el trimestre de los presupuestos y el presidente del Principado pretende abordarlos desde la premisa de la transversalidad, así que nada más inoportuno que un choque frontal con la oposición en la comisión del Estatuto, sin haber podido avanzar ni un paso.

Vaya por delante que es una estrategia sutil e inteligente que obliga a la oposición a afinar la repuesta. Ahora bien, dejando a un lado la operación política y centrándonos en la materialidad de los traspasos de competencias, convengamos que no tendría sentido una asunción urgente de todas las transferencias pendientes, porque si ya le cuesta al Principado gestionar lo que está en sus manos, el añadido de nuevas competencias, como, por ejemplo, la red ferroviaria de cercanías, llevaría al colapso. Tras veinte años haciendo la digestión de la sanidad, sería una temeridad ponernos al frente de una red quebrada.