Juan Cofiño anunció que el Principado pretende hacerse con la gestión de los ríos. Dicho así, suena un poco raro. Más difícil fue entender, hace más de quince años, que los andaluces pretendieran introducir en su Estatuto de Autonomía «el blindaje de las aguas del Guadalquivir». El asunto no iba de cierre de riberas, sino de introducir una fórmula jurídica para asegurarse que desde su nacimiento, en la Sierra de Cazorla, a la desembocadura, en Sanlúcar de Barrameda, ninguna otra Administración tenía pito que tocar. Uno acepta que se quiera gestionar la educación, pero el agua de los ríos basta con dejarla correr. Así ocurre en todo el mundo, salvo en nuestro Estado Autonómico, donde se compite con el vecino por rebajar o endurecer el toque de queda y por ganar cotas de autogobierno poniendo bajo el manto autonómico ríos y afluentes.

La asunción de las competencias hidráulicas conllevará un coste de 20 millones de euros al Principado, sumando personal, inversiones en presas, saneamiento y depuración, y abastecimiento a poblaciones. Hasta ahora se hace cargo de la gestión la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, pero el Gobierno asturiano cree necesario relevarla en la tarea. En la Constitución y en el resto de legislación se contempla que las administraciones territoriales tengan simultáneamente competencias sobre un mismo territorio, servicio o bien, pero la práctica política se cimentó sobre la transferencia de competencias, con razón o sin ella, del Estado a los entes autonómicos. Quizás el proceso más inquietante vivido en los últimos años es el vaciamiento de competencias de la Administración central en favor de las regiones. Cuando la Policía se desplaza a algún territorio los agentes tienen que hospedarse en barcos, a falta de cuarteles y comisarías.

Es evidente que el actual Gobierno asturiano y todos los que le precedieron no pretenden socavar el poder del Estado, porque son leales a las instituciones centrales y a la Constitución. Es una satisfacción y un orgullo poder escribirlo, pero no pueden sustraerse a la lógica dominante que considera como mejor opción asumir el máximo de competencias por parte de cualquier región. Es un axioma completamente falso, porque depende de los recursos que se tengan, del interés objetivo del bien que se quiere administrar, y de cómo se está gestionando por parte del Gobierno. Con 20 millones se dota un programa de impulso de la natalidad que es mucho más necesario que la soberanía hidráulica.