El arranque de la reforma del Estatuto de Autonomía ha abierto un debate sobre la asunción de las competencias contempladas en la redacción inicial del Estatuto (1981) que no se han transferido en toda la etapa autonómica. Hay partidos políticos -Podemos, IU, Foro- que son partidarios de asumir el máximo de competencias. Unas veces lo declaran explícitamente y otras lo demuestran demandando que el Principado se haga con la gestión de la red ferroviaria de cercanías. Si a la deuda autonómica creciente y la desbordante necesidad de gasto en los servicios públicos sumamos los números rojos de una red ferroviaria devaluada y desprestigiada, el resultado sería una fuerte subida de la presión fiscal y el abandono de tareas que hoy, mal que bien, se realizan. Abrir la discusión sobre el Estatuto ha traído consigo la ensoñación de un autogobierno fuerte, cuando somos una región que depende de los flujos que llegan del Estado.

El Principado, por fortuna, tiene las cosas claras en esta materia. Únicamente está dispuesto a hacerse cargo de la red de cercanías si el Estado realiza las inversiones necesarias para ofertar un servicio competitivo o si el traspaso de la competencia llega acompañado de un paquete financiero suficiente para capitalizar la red. En caso contrario, prefiere que siga la gestión bajo el manto del Estado. Es muy fácil hacer de entender. Los ferrocarriles de cercanías están afectados por el plan 2017-2025. Cuando el Ministerio de Transportes realice las actuaciones que están pendientes del plan o transfiera los recursos económicos para costearlas se estará en condiciones de asumir la gestión. En caso contrario resultaría una temeridad envolverse en la bandera del autogobierno para malgastar los recursos en una empresa arruinada.

La red de cercanías es una pieza clave en la vertebración del área metropolitana. Ocurre lo mismo en las grandes aglomeraciones urbanas de España, entre las que está el centro de nuestra región, con 800.000 habitantes. En la actualidad no juega ese papel, porque los ferrocarriles de la antigua Feve carecen de rapidez, puntualidad, estado de vías adecuado, seguridad en el servicio, material rodante moderno y número de paradas ajustado. No obstante, la gestión del área metropolitana no es una tarea del Principado, sino de las tres administraciones territoriales. Solo con la implicación del Estado y los ayuntamientos podrá acabar ejecutándose el proyecto sobre el territorio más longevo de la región. No hace falta ser los gestores de los ferrocarriles, basta con tener una interlocución de calidad con el Ministerio de Transportes. Hasta la fecha no la hay, en caso contrario aceptarían los mandamases de Madrid reducir apeaderos y paradas. En cualquier caso, el Principado acierta al no aceptar la gestión de un servicio abandonado durante muchos años por el Estado.A