Tras una primera ronda informal de conversaciones entre el Gobierno y los grupos parlamentarios, la negociación de la reforma del Estatuto de Autonomía entró en una fase opaca, secreta, muy del gusto de la clase política asturiana. Pasan las legislaturas, cambia el personal, pero las costumbres permanecen.

En este contexto, Podemos e IU están inquietos. Son los dos únicos grupos dispuestos a sacar beneficio de una reforma de plato único: oficialidad para el bable. El resto de partidos saldría perdiendo con el artificio de la cooficialidad.

El centro-derecha no está motivado para abrir el melón del Estatuto. Tienen razón en que no es un objetivo prioritario. Hay otros veinte asuntos más urgentes en la región. Ahora bien, el texto se puede perfeccionar. Pongo dos ejemplos.

Dotar a las instituciones autonómicas de la figura del decreto-ley, tal como planteó el presidente del Principado, es una mejora. Teresa Mallada no quiere el decreto-ley porque da más poderes al Gobierno, pero eso depende del acuerdo que se alcance, como le explicaron Adrián Barbón y Juan Cofiño en la reunión que mantuvieron en la ronda pública de conversaciones.

El decreto-ley no es una fórmula rígida. Además, algún día gobernará el PP y entonces querrán tener algún instrumento para aprobar normas con celeridad. Es cierto que si se va a estar indefinidamente en la oposición el decreto-ley carece de interés.

Segundo ejemplo: la reforma electoral. Es un tema delicado donde los haya, pero es necesario acabar con la absurda división en tres circunscripciones. Es inexplicable que en Gijón y Villaviciosa, a trece minutos de distancia, se voten listas electorales diferentes. O que Avilés y Muros de Nalón tengan distintos representantes.

Un acuerdo de hace cuarenta años, que benefició a los partidos mayoritarios, tuvo como fruto indeseado el refuerzo del localismo. Una región de poco más de 10.000 kilómetros cuadrados debe votar a los mismos candidatos.

El PSOE no va a ganar nada con la cooficialidad. Sólo puede aspirar a minimizar daños. En plena fiebre ‘sanchista’ aprobaron una resolución congresual que va contra su propia historia.

Pedro Sánchez saca rentabilidad de los más arraigados, o evanescentes, impulsos nacionalistas que hay desperdigados por la piel de toro. Su estabilidad parlamentaria depende de pactar con todo aquel que agite una bandera distinta a la española. Servidumbres del poder. Adrián Barbón no necesita pagar esos peajes.

Tiene 20 diputados, una cifra que extrapolada al Congreso de los Diputados es equivalente a 155 escaños. Si Pedro Sánchez tuviera ese capital parlamentario le bastaría la alianza con su socio, Unidas Podemos.

Adrián Barbón tiene formas diversas de sacar adelante sus iniciativas. No necesita hacer concesiones identitarias.

Cada vez que le oigo decir que la cooficialidad del bable es un compromiso electoral me acuerdo de los padres de la Constitución. ¿Qué hubiera pasado si cada uno de ellos hubiera ido a la primera reunión de la comisión constitucional con su programa electoral debajo del brazo? Por fortuna, conocían lo que era un pacto de Estado y sólo se autoexcluyó el PNV.

Para Podemos e IU, la reforma del Estatuto es una mera medida instrumental para proclamar el régimen bilingüe (trilingüe, con la fala del occidente).

De sus declaraciones se deduce que quieren aprobar todo aprisa y corriendo porque se trata de una oportunidad única; dicen sentir temor a la celebración de unas elecciones generales, porque si el Congreso de los Diputados tiene una composición distinta no se podría aprobar.

Cómo verán ellos mismos de descabellada la propuesta para creer que el Congreso de los Diputados no la daría de paso, cuando ya aprobó todas las dietas lingüísticas que hay en España.

Una de las cosas más formidables que consta en su hoja de ruta es la voluntad expresa de traspasar la responsabilidad del desarrollo legislativo de la cooficialidad a la Academia de la Llingua.

Lo dicen una y otra vez: quieren que la Academia marque el modelo de oficialidad. Siento más ganas de reír que de llorar.

¿Y por qué no le traspasan a los sindicatos los mandos de la economía regional? ¿O al Colegio de Médicos la gestión de la Consejería de Sanidad? Como ellos no saben hablar bable y los académicos son de los poquísimos asturianos que lo hablan a la perfección, pues que se pongan a legislar.

Para eso se reforma el Estatuto, para que legislen los más variados colectivos, eso sí, con la condición de que tengan intereses en la materia.

Nada les produce tanto sudor frío como que se les mente la posibilidad de someter la oficialidad del bable a la opinión de los asturianos, a través de una consulta no vinculante.

Daniel Ripa sabe cómo espantar ese fantasma: «A nadie se le ocurriría plantear consultas populares sobre derechos, como la igualdad entre hombres y mujeres».

No estuvo Daniel muy inspirado con el argumento. En el año 2007, el Gobierno socialista de Portugal, presidido por José Sócrates, sometió a referéndum la despenalización del aborto. Ganó el ‘sí’ con el 59% de votos.

En el año 1998 ya se había realizado otro referéndum sobre el aborto, ganando el ‘no’ con el 51% de los votos. Por cierto, eran consultas no vinculantes, pero José Sócrates dijo que el Parlamento acataría el veredicto popular.

¿Probamos? ¿Cuándo la izquierda tuvo miedo a consultar al pueblo? Ojo, se puede votar ‘non’.