El proyecto de Presupuestos Generales del Estado fue recibido en Asturias con críticas generalizadas por su falta de compromiso con la región. No siempre fue así. Entre los años 1991 y 2011, los presupuestos estatales dieron un trato generoso a Asturias, al ser la comunidad autónoma que tuvo de media una mayor inversión por habitante. La tendencia se mantuvo con González, Aznar y Zapatero.

Recordemos que Asturias llegó a gozar de más de 1.000 millones de euros de inversión estatal. Luego vinieron las vacas flacas, con dos momentos destacados: en 2014, último año de la crisis, la inversión cayó un 31%; la fase decreciente tocó fondo en 2017, cuando el Estado invirtió solo 211 millones en nuestra tierra.

Las críticas están justificadas porque los presupuestos de 2022 contienen una parte de burla. Proyectos de largo recorrido, que aparecen una y otra vez en las cuentas anuales -aunque todavía no se movió una pala-, como los accesos a El Musel, la ronda Norte de Oviedo o la conexión con el puerto de Avilés, tienen asignados 100 millones de euros. Todos ellos la misma cantidad. No es difícil deducir que el burócrata de turno, para mantener la esperanza de los incautos, puso esa cifra, pese a saber que a lo largo del año no se gastará un euro en las obras.

En este capítulo, la burla roza el escarnio con los 39.000 euros dedicados al plan de vías de Gijón. Cuando la alcaldesa, Ana González, justificó ese proceder, en base a la tramitación administrativa del proyecto, sentí que me invadía un profundo sentimiento de piedad.

En otras comunidades autónomas ocurre lo mismo -no en todas, evidentemente, porque a Cataluña le tocó el gordo de la lotería por anticipado-, las expectativas ante las inversiones del Estado eran muy superiores a las recogidas en la propuesta de presupuestos. No obstante, hay una diferencia fundamental entre Asturias y otras comunidades que no salieron beneficiadas con el reparto, como Valencia o Navarra.

Para Asturias, el proyecto de los presupuestos del Estado tiene el valor de una propuesta acabada. El trámite parlamentario no nos aportará nada sustancial. Se presentarán muchas enmiendas, pero del debate en el Congreso de los Diputados y las consiguientes votaciones no se puede esperar un cambio cualitativo para los intereses de nuestra región.

No es una novedad de este año ni de esta legislatura, sino que estamos hablando de una tendencia estable que se mantiene a lo largo de los mandatos de los distintos gobiernos. El asunto funciona de la siguiente manera.

Los diputados asturianos del PSOE y PP cierran filas con el presupuesto si gobierna en Madrid su partido y respaldan enmiendas a la totalidad si es el rival quien está en el poder. El doble comportamiento implica orillar los intereses regionales y dar prioridad a la estrategia nacional del partido. Más de una vez los diputados asturianos votaron en contra de iniciativas que beneficiaban a nuestra región o apoyaron propuestas que la perjudicaban.

El proceder de nuestros representantes hace que Asturias no tenga perfil propio en el debate y votación de los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, el Gobierno atiende propuestas de grupos muy minoritarios que plantean demandas de sus territorios, porque la mayoría parlamentaria puede convertirse en minoría si los desoye.

En las elecciones generales de 2008 salieron elegidos 24 diputados que formaban parte de partidos de ámbito regional. En las últimas elecciones generales (10 noviembre de 2019) la cifra se elevó a 42. Y hay encuestas de estos días que otorgan más escaños para ese tipo de opciones.

Es cierto que en el saco de los minoritarios, tres cuartas partes de los escaños corresponden a los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco, que ante su propio electorado se presentan como grupos hegemónicos, pero también crecen los votos y la representación de partidos regionalistas que no gobiernan en sus territorios.

Para que el electorado piense que en Madrid le representan mejor las minorías que la mayoría es preciso que los diputados del PSOE y PP tengan un comportamiento anómalo al poner los votos recibidos al servicio de sus respectivos aparatos partidarios.

Atenta contra la racionalidad que los presupuestos estatales dependan de las inversiones que se hagan en Teruel (Teruel Existe) o que el peaje de la Autopista del Atlántico quede enteramente bonificado porque lo exige un diputado independentista de Bloque Nacionalista Galego.

La sumisión de los diputados de los partidos mayoritarios, de prologarse en el tiempo, va a suponer una quiebra en el sistema de representación. Los intereses generales de España no están representados por un diputado de Cantabria o de Teruel, por dos canarios u once vascos.

Para evitar esa quiebra es preciso que las direcciones nacionales de los dos grandes partidos convengan con sus diputados de a pie un sistema distinto de funcionamiento, de forma que tengan autonomía para impedir que proyectos importantes para su circunscripción queden olvidados en el presupuesto. A cambio, los diputados de cualquier provincia asumirían los problemas de escala nacional.

La anterior propuesta implica mucho debate interno, pero la alternativa es dejar España, en unos casos, en manos de tipos que la odian, y en otros, en manos de gente que la sitúa en segundo lugar. O se cambia el sistema electoral.