Empresarios y trabajadores autónomos braman contra la decisión del Ministerio de Hacienda de impugnar ante el Tribunal Constitucional la bonificación del Principado en el IRPF para los sectores afectados por la pandemia. «No es normal el castigo cuando la subvención se debe a una situación excepcional»; «lo que nos dan por un lado nos lo quitan por el otro». El alto funcionariado del ministerio consideró que el Principado invadía sus competencias y María Jesús Montero, que de estas cosas ignora más de lo que conoce, dio luz verde al recurso de inconstitucionalidad. El Ministerio no perdía ni un euro con la bonificación del Principado, pero por encima del dinero está la necesidad de hacer una demostración de jerarquía: aquí mando yo. Asturias no es Cataluña ni el País Vasco. Ya lo sabíamos, pero ayer nos enteramos de que tampoco es Canarias.

Pedro Sánchez, en clave solidaria (descorbatado, con más abrazos que apretones de manos), aterrizó por sexta vez en la isla de La Palma. Visitó el puente de mando desde donde se gestionan la crisis: escudriñó planos, escuchó lamentaciones, dedicó palabras de aliento. Y dio a conocer el mensaje que traía de Madrid: «El martes, en el Consejo de Ministros, aprobaremos la exención tributaria de las ayudas públicas que se destinen a los ciudadanos de La Palma».

No comparo situaciones, porque el destrozo causado por el volcán no tiene posible equiparación, pero sí cabe constatar que las exenciones en Canarias son justas y las bonificaciones en Asturias presuntamente inconstitucionales. No puede ser que el principal programa de ayudas aprobado por el Principado en este mandato quede aguado por el prurito competencial de unos funcionarios de secano y unos ministros (ministra) que están a otras cosas. Para acabar de rematarlo, nuestra Consejería de Hacienda dice que «de momento, no hay afectados». Vivan las cadenas.