La firma de ocho presidentes autonómicos, con Adrián Barbón entre ellos, exigiendo que el declive demográfico se introduzca en el modelo de financiación autonómica fue un hecho importante. Se han sindicado pequeñas y medianas comunidades autónomas para hacer frente a los dictados de las grandes.

Justo cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, filtraba que el reparto de recursos en el nuevo sistema de financiación se iba a hacer en proporción a la población, salieron los ocho presidentes poniendo blanco sobre negro. Asturias deja de hacer la guerra por su cuenta y se coloca detrás de la pancarta de la demografía que sostiene con otras siete regiones. La unión hace la fuerza. Hay ya un discurso compartido sobre el coste real de los servicios y una estrategia para defenderlo cuando empiece la negociación.

Estoy totalmente a favor, me parece un acierto, a ver si hay suerte al discutir sobre la cuestión en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ahora bien, una vez leída la declaración institucional, ‘Foro Santiago, Camino de Consenso’, me gustaría hacer alguna reflexión.

Al poco de empezar el documento, en la exposición de motivos, se dice una frase rotunda: «la demografía es el mayor desafío que afronta España y tiene un carácter crítico». Asombra que se haga una afirmación así cuando las cifras dicen lo contrario.

En el año 2000 España tenía 40.570.122 habitantes. Al acabar el año 2020, la cifra era de 47.332.614. En veinte años la población aumentó en casi siete millones. Cuando una nación crece más del 14% en dos décadas no cabe argumentar sobre el declive demográfico. Cada año que pasa alcanzamos un nuevo récord de habitantes. En ningún foro internacional se habla de la crisis demográfica española. Otra cosa es que toda Europa esté envejecida y nosotros con ella.

En Asturias, el declive demográfico es el mayor problema de la región, como hemos dicho muchas veces desde estas líneas. Ningún sector productivo tiene futuro sin invertir la curva demográfica. No tiene solución ni el medio rural ni el urbano.

En el año 2000 Asturias contaba con 1.068.000 habitantes. Al finalizar el año 2020, la cifra había retrocedido hasta 1.011.000. Perdimos 57.000 habitantes en veinte años. La tendencia se aceleró en los últimos años.

Galicia, Castilla y León, La Rioja o Extremadura están en una situación parecida. La España vacía, de la que formamos parte, sufre una preocupante pérdida poblacional y el resto del país debe ayudarnos, pero no extrapolemos nuestro declive a toda la nación.

En la cumbre autonómica, Miguel Ángel Revilla, presidente cántabro, dijo que España era el país peor articulado de Europa, al ser una nación de grandes urbes. Quedé patidifuso.

Vamos a ver, en todos los continentes se da el fenómeno de las migraciones hacia las grandes urbes. En El Cairo, Nairobi, Saigón, Estambul o San Paulo hay el doble de población que hace 40 años. Es una tendencia mundial.

Si se refiere al éxodo del medio rural también se equivoca. Un país tan orgulloso de su agro como Francia un 20,8% de la población vive en el medio rural. En España lo hace el 17,7%. Es muy importante que los jefes autonómicos conozcan quién es el sujeto de los problemas y la dimensión que tienen.

En la declaración institucional se habla de la necesidad de conocer el coste real de los servicios públicos (sanidad, educación). Es cierto, mientras eso no quede claro es imposible acordar un sistema riguroso de financiación.

No obstante, el gasto depende de la forma de gestionar. Cabe ofertar un servicio de la misma o mayor calidad que otro gastando menos. Por ejemplo, nuestras escuelas rurales. Se puede tener centros abiertos con cuatro alumnos o trasladar esos niños a la escuela de la villa más próxima. Es una decisión de gestión. Si nosotros pagamos la factura nadie nos puede decir nada, pero si recibimos dinero de otras regiones para financiar esa prestación, la cosa se complica.

Todas las regiones que participaron en la cumbre de Santiago de Compostela reciben recursos del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos. Los principales donantes del fondo son Madrid (aporta el 70%) y Cataluña (24%). Si en Madrid y Cataluña no hay escuelas de cuatro alumnos es difícil convencerles de que financien las modélicas escuelas asturianas.

Me gustó la declaración institucional porque es una forma de presentar nuestras credenciales en el debate de la financiación, pero el discurso presenta flancos débiles.

En la cumbre se decía que la presentación del modelo de financiación, por parte del Gobierno, era cosa de días; pero al ver el choque de trenes que se avecina entre territorios autosuficientes y subsidiados, el Gobierno prepara la próxima Conferencia de Presidentes, en enero, sin cambios en dicho modelo.

Más allá de las declaraciones, en la práctica hay un plan ‘b’ que se ha empezado a utilizar ya durante la pandemia para hacer frente a los excesos de gasto. Veamos.

Se conserva el modelo vigente, acompañado de entregas anuales de recursos para sanidad y educación. Y se mantiene el maravilloso programa de la liquidez: el Ministerio de Hacienda aporta dinero fresco para que los gobiernos no tengan que financiar su deuda en los mercados. En los tres primeros trimestres del año, Cataluña ya había consumido el 40% del fondo.