El año en curso tiene un carácter preelectoral en toda España, porque en 2023 habrá comicios autonómicos, municipales y generales.

En esta ocasión, el papel de los sondeos quedará reforzado con las convocatorias anticipadas de elecciones en algunas autonomías -Castilla y León y, previsiblemente, Andalucía- que van a marcar el debate político y tendrán una importancia indudable en la creación de un estado de opinión para las citas con las urnas del próximo año, 2023.

Los partidos que ganen o que crezcan en escaños, en Castilla y León y Andalucía, verán respaldadas sus posiciones en el resto de territorios para el próximo año. Los que pierdan o retrocedan en votos y diputados quedarán debilitados para la triple batalla del venidero año.

El impacto que causan los resultados electorales de una región en el resto quedó confirmado con los comicios del pasado 4 de mayo en Madrid. El triunfo arrollador de Isabel Díaz Ayuso tuvo una transcendencia nacional. Hasta entonces, en todas las encuestas sobre intención de voto ganaba la izquierda y a partir de entonces se puso la derecha por delante.

Los sondeos se fueron equilibrando en otoño, según arreciaba el cerco organizado por la dirección del partido -Pablo Casado y Teodoro García Egea- a la presidenta madrileña. Si querían espantar a los electores, darles razones para incorporarse al nutrido bando de los abstencionistas, es imposible hacerlo mejor.

La envidia es corrosiva, pero cuando irradia del jefe al subordinado tiene siempre efectos demoledores.

Desde que la política española entró en la dinámica de la polarización, la lectura electoral se hace en forma de bloques, izquierda frente a derecha. Las posibilidades de saltarse la clave ideológica en las sesiones de investidura son muy escasas, cuando no inexistentes. En los últimos tiempos, Ciudadanos quiso jugar ese papel y quedó achicharrado en plena maniobra.

Las encuestas coindicen en pronosticar la continuidad del gobierno de la derecha en Castilla y León. Cualquier otro resultado sería muy negativo para el PP y quedaría interrumpida, de facto, la estrategia del adelanto electoral como forma de captar votantes para los sucesivos comicios de 2023.

En las últimas elecciones en Castilla y León (mayo 2019), el PSOE obtuvo un resultado magnífico al salir ganador por segunda vez en todo el periodo autonómico. Hay que retrotraerse a 1983 para encontrar el precedente.

Las encuestas auguran un descenso importante del PSOE que coincide con la fuerte subida del PP.

Se hunde o desaparece Ciudadanos y sus escaños se los reparten el PP y Vox. La derecha necesita para gobernar la alianza del PP y Vox. El partido de Abascal es indispensable para gobernar sin sobresaltos. Un paso más en la normalización institucional de la tercera fuerza política española. La torpeza de Casado con Ayuso desplaza votos hacia a Vox.

Podemos puede repetir escaño, duplicarlo o quedarse fuera. Tres hipótesis que se contemplan sin que Yolanda Díaz haya dado el paso de involucrarse en la batalla electoral. Si la subida del PP es superior en diputados a los escaños que absorbe de Ciudadanos, la caída del PSOE no supone el relanzamiento de Podemos.

Las candidaturas provinciales, copia de Teruel Existe, no sobrepasarán los tres escaños.

Visión general. El modelo pluripartidista, con cuatro partidos grandes, estrenado en las elecciones generales de diciembre de 2015, pierde fuerza. Estaríamos a medio camino entre el bipartidismo clásico de la política española y el cuadrilátero (PSOE, PP, Podemos, Vox) del mapa renovado. Se certifica la voladura del centro.

Castilla y León es un territorio demasiado favorable a la derecha para poder extrapolar sus resultados a las elecciones generales, pero sí deja pistas.

Lo más notable es la sustitución de Ciudadanos por Vox. En la izquierda, la renovación de Podemos es urgente. El PSOE se verá obligado a persistir en su estrategia de aliarse con todas las fuerzas minoritarias para gobernar en España, mientras que al PP le tocará reanudar el diálogo con Vox. Alguno tendrá que tragarse aquella intervención parlamentaria, «es la hora de poner las cartas boca arriba, hasta aquí hemos llegado».

A falta de cumplir el vaticinio del adelanto electoral andaluz, verdadero test para los compromisos electorales de 2023, las urnas castellanas no parece que favorezcan a la izquierda asturiana.

Ahora bien, son dos regiones con unas tendencias electorales tan dispares que vale cualquier herramienta para hacer interpretaciones, menos la fotocopiadora. Sí creo que el centro quedará barrido, beneficiando al PP y a Vox que se repartirán siete escaños.

Los grupos a la izquierda del PSOE (IU y Podemos) deberán compartir candidatura o corren el peligro de convertirse en extraparlamentarios. En esta coyuntura al socialismo asturiano le beneficiará que las elecciones autonómicas antecedan a las generales. A Adrián Barbón le interesa una campaña con la gestión de la pandemia como plato fuerte electoral.

La mayor baza para la derecha asturiana sería empezar la campaña autonómica habiendo ganado el PP las elecciones generales. Recuerdo cuando Ovidio Sánchez, sin despeinarse, duplicaba la actual cuota electoral del PP, gracias a la labor de los ministros Cascos y Rato.