La discrepancia entre el Ministerio de Hacienda y el Principado sobre la liquidación del Impuesto de Valor Añadido (IVA) del año 2017 se ha solucionado con la entrega de 86 millones de euros por parte de la Hacienda estatal. El Gobierno asturiano realizó una reclamación por la vía administrativa, pero al no ser escuchado recurrió a la vía jurisdiccional. La transferencia de 86 millones se corresponde con la cuantía demandada por el Principado, lo que demuestra que el Ministerio actuaba de mala fe cuando se negaba a atender la petición asturiana. Hizo falta acudir a los tribunales y ante el previsible revés judicial se avino a pagar lo que se le reclamaba. El asunto termina de una manera feliz. La buena noticia llega en un momento en que las comunidades autónomas tienen su situación financiera saneada. Al menos más saneada que en anteriores años, porque el conjunto de las comunidades autónomas terminaron el ejercicio de 2021 con superávit, algo que no ocurría desde que se lleva un registro sobre el equilibrio de las cuentas (año 1995). Del contencioso se extraen enseñanzas para el futuro.

El nuevo sistema de financiación autonómica que iba a presentar el Gobierno central para consensuar con los ejecutivos regionales no acaba de llegar. Los plazos anunciados por la ministra, María Jesús Montero, han ido venciendo sin que se conociera la luz el citado documento. En 2018, recién aupado al poder por la moción de censura a Rajoy, Pedro Sánchez anunció un inminente cambio de modelo de financiación, pero la realidad se ha impuesto: en las actuales circunstancias, con el nacionalismo catalán tirado al monte, la broca PSOE-PP permanente (el último ejemplo es la asignación de los fondos europeos a las regiones), y el gasto público desatado, resulta extremadamente difícil ofrecer un sistema que satisfaga a todos. Hace unos días, el presidente Adrián Barbón reconoció que el Gobierno central tenía que poner mucho dinero encima de la mesa para lograr un acuerdo con todas las comunidades. Dudo que en el tiempo que resta para las elecciones generales sea viable el pacto. No cabe el inmovilismo porque los gobiernos regionales no aceptan el ‘statu quo’ ni es posible un acuerdo que integre a todas las regiones. Se van a imponer los pactos de carácter coyuntural para cubrir, por ejemplo, el exceso de gasto sanitario. Entregas puntuales de dinero, como la que ahora recibiremos por la controversia de la liquidación del IVA. No es una solución, pero estamos en una época de parches.