Pleno en la Junta General del Principado sobre la industria asturiana y, en particular, sobre la empresa Alú Ibérica (antes, Alcoa). PP, Vox, Podemos e IU presentaron mociones de reprobación al consejero de Industria que fueron apoyadas por los seis partidos de la oposición. A los ya citados se sumaron Ciudadanos y Foro. Más que debatir sobre la quiebra de la empresa la prioridad estaba en apuntarse el tanto de la reprobación. Es la primera vez que la oposición lograr censurar a un consejero del Gobierno en esta legislatura. Conseguida la victoria pírrica vamos con la impostura de los reprobadores.

Para empezar digamos que la lamentable situación a la que ha llegado la factoría asturiana, con todos los trabajadores a punto de quedarse en la calle, es producto de la estrategia seguida por la multinacional Alcoa y de la connivencia del Ministerio de Industria, que aceptó vender las factorías de La Coruña y Asturias a un fondo suizo (Parter Capital), garantizando el Ministerio que se mantendría la actividad industrial en las dos plantas. Ángeles Vallina (IU) habló de la «nefasta gestión» del consejero, como si las competencias sobre la industria no estuvieran en Madrid. El portavoz de Podemos dio un argumento disparatado para censurar a Enrique Fernández: «Manifiesta incapacidad para retener un sector estratégico como es la producción aluminera». Yo no sé en qué mundo vive esta gente. No hay ni hubo un solo consejero autonómico de industria en España que evite el cierre de una multinacional de la dimensión de Alcoa. La mayor parte de la responsabilidad está en el proceder el Ministerio de Industria que desde el primer momento se plegó a los americanos optando por vender al fondo suizo que, a su vez, lo facturó al Grupo Industrial Riesgo. El expediente pasó de la mera discusión industrial, mercantil y laboral a la Audiencia Nacional.

Existe responsabilidad por parte del Principado, consistente en eludir el enfrentamiento con el Ministerio de Industria. Era muy delicado discrepar del Gobierno central y, en consecuencia, evitaron pisar charcos. Ahora bien, la parte de responsabilidad de la Administración asturiana excede con mucho a la Consejería de Industria y recae sobre el Gobierno. Una decisión política al máximo nivel. Todos los diputados de la oposición lo saben, pero fingieron ignorarlo. Un debate que tenía interés se convierte en una farsa. René Suárez (PSOE) afirmó que los trabajadores son víctimas del «capitalismo salvaje». Y de sus cómplices.