Desde que se inició el debate sobre la oficialidad de las lenguas vernáculas los defensores del sistema trilingüe orillaron dos asuntos: la convocatoria de una consulta popular y el coste económico de la implantación de las dos nuevas lenguas oficiales. Sobre el referéndum decían que lo prohibían las leyes, aunque luego se supo que era legal hasta convocar consultas en un barrio. En cuanto a la cuestión crematística, evitaron entrar en concreciones. Se limitaban a decir que se trataba de una factura de poca monta. Nada dolorosa.

Mientras todo eso sucedía, el Gobierno del Principado, sigilosamente, solicitó un informe sobre el coste económico en el que participaron juristas y docentes. Realizados los cálculos, la factura se puede elevar a los 172 millones de euros, comportando la contratación de 4.000 empleados. También cabe una fórmula más barata que se financiaría con 65 millones y daría empleo a 1.200 personas. Esta posibilidad no deja de ser meramente teórica, ya que se refiere a supuestas comunidades con baja demanda de lenguas propias. En las seis regiones actualmente bilingües no existe ese modelo. Por último, se presenta otra alternativa de implantación secuenciada que no llegaría a los veinte millones, pero se refiere solo al gasto en educación y cultura y en Asturias ningún dirigente del oficialismo hizo ese planteamiento.

Lo más importante es que mientras el sistema trilingüe se estaba negociando el Gobierno mantuvo oculto el documento. Un ejemplo más de la falta de transparencia que hay en la política asturiana. Se derrumba el mito de la oficialidad indolora, porque 172 millones de euros es una factura muy onerosa, máxime cuando el dinero se destina a satisfacer una necesidad creada por la clase política, sin base social que la sustente. La consejera de Hacienda decía esta semana que la rebaja fiscal de 35 millones de euros, propuesta por Podemos, ponía en peligro «la sostenibilidad del sistema». ¿Qué le parecerá a Ana Cárcaba el lujo de considerarnos territorio trilingüe? Cuarenta años de experiencia bilingüe en la España autonómica enseñan que el coste de extender una lengua por el territorio desborda con mucho las previsiones iniciales. En el informe se muestra que la etiqueta de ‘oficial’ conlleva necesariamente unas obligaciones para la Administración. Se podrán asumir en más años o en menos, pero no cabe la oficialidad sin consecuencias en la educación y en la función pública. Para algo se equipara legalmente con el castellano.