Una semana densa en acontecimientos políticos. Cuando se estaba en plena digestión de los resultados electorales en Castilla y León, la opinión pública quedó sorprendida con la guerra desatada entre la cúpula del PP (Pablo Casado, Teodoro García) y Díaz Ayuso, la dirigente del partido con mayor tirón popular. De todo ello vamos a destacar tres asuntos.

Más allá de las valoraciones sobre mayorías y minorías, las urnas castellanas han puesto a Vox en el centro de la discusión. Hasta la fecha, el partido de Abascal fue mucho más admitido por la sociedad que por la clase política.

En las instituciones es un grupo con los derechos restringidos, no por la vía legal que es imposible hacerlo, sino por acuerdo tácito del resto de partidos. Vox es un partido parlamentario, pero no se admite su inclusión en los gobiernos.

Fue posible mantener la limitación de los derechos cuando al otro lado del espectro político se descartaban las alianzas con Podemos y los nacionalistas radicales.

Desde el año 2018, con la llegada de Pedro Sánchez al poder, el sistema está descompensado porque Podemos, ERC o Bildu son formaciones homologadas con el resto, mientras que Vox tiene tratamiento de partido pseudodemocrático.

¿Se puede prolongar la ficción de que ERC o Bildu respetan más la Constitución que Vox? Las negociaciones para formar gobierno en Castilla y León están llamadas a acabar con el sistema de apartheid.

La extrema debilidad en que acaba de colocar Casado al PP va a impedir a Fernández Mañueco resistirse a la entrada de Vox en el Gobierno de Castilla y León.

Un cambio de estatus que se traduce en que Vox deja de ser una línea roja en los pactos de gobierno. Las instituciones de la región vecina crearán jurisprudencia para el resto de comunidades autónomas y las instituciones estatales. Todos los grupos políticos, sin excepción, tendrán la consideración de partidos del sistema.

La otra gran novedad de las elecciones castellanas está en la representación parlamentaria de candidaturas de implantación provincial (Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya, Por Ávila). Entre las tres tienen siete procuradores (diputados).

El fenómeno ya estaba apuntado en las últimas elecciones generales, pero ahora amenaza con extenderse por todo el mapa.

Hay un componente de imitación de los partidos nacionalistas de Cataluña y País Vasco. Para los territorios pobres, los nacionalistas conforman un modelo de éxito porque estando entre los más ricos se llevan un pedazo más grande de la tarta común.

Los nacionalistas reducen el ámbito de pertenencia y sólo se sienten comprometidos con lo más cercano. Hagamos lo mismo dijeron en Teruel. La olvidada pulsión cantonalista del siglo XIX vuelve ciento cincuenta años después.

Siendo cierto todo lo anterior, la clave está en otro sitio: los diputados nacionales no defienden la circunscripción por la que salen elegidos. Juran obediencia al aparato del partido y en las Cámaras votan lo que manda la dirección del grupo parlamentario. El que discrepa es un tránsfuga en potencia.

Diputados asturianos tienen votado contra la variante de Pajares o a favor del humillante Estatuto de la Industria Electrointensiva. Hace unos pocos meses, uno de los mejores parlamentarios que tuvimos en la etapa autonómica intervino en Las Cortes Generales para incluir al lobo en el listado de especies protegidas. Argumentó a favor de una propuesta profundamente dañina para nuestros ganaderos.

Sesión tras sesión votan en contra de los intereses de sus paisanos o guardan un silencio cómplice.

Esa es la razón por la que Isidro Martínez Oblanca, el diputado de Foro, libre de esos peajes, tenga más relieve en el Congreso de los Diputados que los otros seis diputados asturianos juntos. Oblanca no ahorra críticas y defiende todas las causas que afectan a Asturias.

Abro un paréntesis: Isidro, ajeno a Cascos y zaherido por la dirección de Foro, tiene que agarrarse al sentido del deber para trabajar desde el escaño por Asturias. Lo cierro.

El fenómeno del cantonalismo se agravará si los grupos no cambian de planteamiento. Los diputados tienen que poder compaginar la estrategia nacional del partido con la defensa de los intereses de su tierra.

Para encontrar el equilibrio hay que abrir un proceso permanente de negociación entre los responsables parlamentarios y los diputados. Con estilo jerárquico y disciplina militar, los aparatos de los partidos son culpables del deterioro de la función parlamentaria.

Al hablar de deterioro causado por los aparatos es imposible obviar el ataque irracional urdido desde Génova contra Isabel Díaz Ayuso, la dirigente que saca mejores resultados electorales, con la excepción de Feijóo, y despierta mayores simpatías entre la gente.

No es admisible que la celotipia del líder pueda destrozar el patrimonio construido por tres generaciones de políticos españoles del centro-derecha.

La Constitución dice que los partidos «son instrumento fundamental para la participación política», pero el PSOE y el PP van mucho más allá: son vigas maestras del sistema.

Ir a la radio para declarar sobre el comportamiento no ejemplar de Ayuso, el posible tráfico de influencias o acusarle de transmitir informaciones falsas convierte a Casado en el mayor aliado del PSOE y la izquierda. Increíble: un presidente de partido que quiere demoler su propia casa.