Que la pandemia ha supuesto una prueba muy dura para los servicios públicos es obvio. La Sanidad se ha enfrentado a un desafío global desconocido, concentrando todos los recursos en hacer frente a una enfermedad y dejando el resto en forma de lista de espera, que es tanto como diferir la respuesta al medio y largo plazo. En la Educación las medidas preventivas hicieron que más alumnos y profesores que nunca se ausentaran de las aulas.

Al quedar profundamente alterada la atención sanitaria la gente picó a las puertas de la medicina privada. 11.000 pólizas nuevas se han suscrito, siendo ya 170.000 los asturianos que acuden asiduamente a la medicina privada. Son ciudadanos que asumen pagar dos veces por la sanidad: con los impuestos (pública) y por la prima del seguro (privada). Antes de la pandemia la razón principal para suscribir seguros privados estaba en las listas de espera hospitalaria. En esta materia la fama se la lleva la espera quirúrgica, pero afecta a más gente la demora de la atención especializada y las pruebas diagnósticas. En vez de esperar no sé cuántos meses por una consulta de otorrinolaringología, se va a la privada y en unos días se soluciona el problema. Lo mismo ocurre con un escáner o resonancia magnética. A esta problemática se ha sumado en la pandemia la dificultad de ser auscultado por médicos en centros de salud. Más razones, en definitiva, para destinar los ahorros a suscribir pólizas de seguros. No creo que pagar dos veces por servicios de salud sea una prueba de la riqueza de 170.000 asturianos, sino de las insuficiencias, déficit y cuellos de botella en la sanidad pública. Aunque resulte paradójico, si un día más de la mitad de los ciudadanos fueran clientes del sector privado, la sanidad pública entraría en declive, porque aunque su economía estuviera más saneada, las inversiones y el personal entrarían en retroceso. La experiencia demuestra que ningún servicio público es potente cuando solo atiende la demanda de las clases menesterosas.

En la educación la pandemia no puso de manifiesto ningún problema estructural, sino que obstaculizó o impidió la enseñanza presencial, sin que fuera posible sustituirla de forma satisfactoria por la vía online. El desajuste hizo que la oferta educativa fuera desde entonces menos exigente. Se devaluó el currículo. Las nuevas normas estatales dan cobertura al empobrecimiento de las enseñanzas. Sin prejuicios ni anteojeras habría que revisar la realidad de nuestros servicios públicos.