Pablo González, portavoz adjunto del PP en la Junta General del Principado, pide al Gobierno regional que adecue las tarifas del Impuesto sobre la Renta a la inflación. Valora en 208 euros la cantidad de más que pagan de media los contribuyentes asturianos, llegando a superar los 500 euros en algunos colectivos. Un asunto interesante, para nada demagógico, pero que tiene varias caras. El crecimiento de los precios lleva aparejado, normalmente, una subida de los salarios. Si Hacienda deja los tipos como están el contribuyente pagará más sin haber tener ninguna mejora en el poder adquisitivo. Conclusión: Hacienda recauda dinero extra gracias a la inflación a costa del contribuyente. Este efecto perverso se da en todos los tributos que tienen una escala progresiva, como el IRPF o Patrimonio. La petición es justa. Esta es la teoría.

En la práctica ningún gobierno estatal o autonómico deflactó nunca las tablas fiscales. En los primeros dieciocho años de la democracia hubo una subida notable de los precios y no se corrigió el efecto que producía en el IRPF de cada ciudadano. Digamos que Hacienda se lleva una tajada extra allá donde la reivindicación sindical logra incrementos salariales ligados al Índice de Precios al Consumo (IPC). En los sectores laborales que no tienen mejoras salariales, Hacienda no tiene beneficio, pero los ciudadanos sufren un empobrecimiento al pagar con el mismo sueldo bienes y servicios que tienen precios más altos. Bien sea por la inflación o por Hacienda ningún ciudadano sale indemne.

A la hora de valorar la propuesta del PP hay que mirar hacia el contexto. Hace menos de un mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) pidió al Gobierno de España que elevara los impuestos al considerar ineludible la vuelta a la disciplina fiscal.

El FMI señaló que España gasta más en pensiones y en prestaciones del desempleo que los países del entorno. También indicó que las subidas del salario mínimo, con el objetivo declarado de alcanzar el 60% del sueldo medio, lo va a situar entre los más elevados de la Unión Europea. Debido a todo ello ve ineludible la elevación fiscal. Por su parte, la principal preocupación del Banco Central Europeo (BCE) es que los sueldos se desboquen al entrar en la espiral inflacionista siguiendo el alza de los precios. Ya hemos sorprendido a Bruselas con la ampliación indefinida de los convenios colectivos, en la reforma laboral, o con la revalorización de pensiones según el IPC, como para deflactar las tablas fiscales.