El Principado ha aprobado el proyecto de Ley de Empleo Público. Es el instrumento llamado a reformar la Administración autonómica, fruto del encargo realizado por Adrián Barbón al vicepresidente Juan Cofiño. La norma introduce muchos cambios en escalas y cuerpos de funcionarios (desaparecen los auxiliares administrativos) con la idea de crear una Administración ágil y preparada para relacionarse con los ciudadanos. Un objetivo de la reforma es introducir la variable de la productividad en la nómina de los empleados públicos. Se crea la figura del subdirector general, cargo de libre designación entre los jefes de servicio. Cofiño hizo lo que pudo dentro de sus competencias, pero más de una vez ha señalado que para hacer una reforma en profundidad hace falta un pacto entre el PSOE y el PP a escala nacional. No obstante, dado el estado comatoso de la Administración, cualquier parche puede aportar beneficios.

El aspecto más llamativo es la introducción de la productividad como elemento cualitativo a la hora de pagar a los funcionarios. Se acaba el café para todos. La implantación de este método no va a estar exenta de polémica, porque el complemento de productividad va a ser principalmente para empleados del grupo A (licenciados), tras ser evaluados por subdirectores y jefes de servicio. Cualquier evaluación interna levanta suspicacias y si está realizada por el jefe se presta a ejercicios de favoritismo y conversión de los subordinados en serviles pelotilleros. Ese es el peligro.

Es difícil imaginar que jefes de servicio y subdirectores no reciban mayoritariamente el complemento de productividad que se pretende económicamente relevante para aumentar la laboriosidad de la Administración. Al hablar de salarios y complementos se entra en un campo minado, donde hubo actuaciones irracionales, algunas cercanas en el tiempo, como la carrera profesional que supuso pagar dos veces la antigüedad. No olvidemos que las conquistas sindicales las financian los curritos del sector privado que carecen de privilegios, pero costean la exuberancia del sector público, con más gente en nómina que nunca. El campo, la industria y los transportes se encuentran con el agua al cuello, pero la Administración está blindada. El Gobierno es consciente del excesivo gasto en el apartado de personal y cree que se corregirá en los próximos años dado el gran número de funcionarios que se van a jubilar. Dejar muchas plazas sin ocupar requerirá de una fuerte voluntad política.