La ministra de Hacienda declaró que está tratando de armonizar las distintas posturas que tienen los gobiernos regionales sobre el modelo de financiación. Según María Jesús Montero el asunto se ha retrasado por la pandemia y la guerra de Ucrania. Sería bueno que la ministra empezara reconociendo la verdad: el asunto quedó congelado cuando ocho regiones, entre ellas Asturias, presentaron en sociedad el lobby de la España vaciada, dando a entender que esta vez acudirán con unos mismos planteamientos al debate de la financiación territorial. Desde entonces, la cuestión quedó en un segundo plano. La invasión rusa en Ucrania ni siquiera estaba entonces (finales del pasado mes de noviembre) en la agenda política española.

La ministra habla de la controversia entre las autonomías que reivindican el peso de la población en el modelo y la de quienes quieren que el sistema se base en el coste de los servicios. Lo primero que pediría a unos y otros es que no se empeñen en descubrir el Mediterráneo. En el actual modelo ya se reconoce la importancia de la población y se busca la equidad en la prestación de servicios. La cuestión está en cuánto relieve se da a una u otra variable. El tamaño de la población es clave para determinar la financiación regional, ya que es diferente que por un centro de salud pasen 100 personas al día o 500. A más población, más financiación. Simultáneamente hay que garantizar la prestación de servicios aunque las circunstancias del territorio sean adversas.

Adrián Barbón recuerda un mensaje de la España vaciada: asegurar la prestación de los mismos servicios y con la misma calidad. Hasta la fecha se trataba en definir el mínimo de servicios que se deben prestar en todos los rincones de España para que todos los ciudadanos puedan acceder a ellos. Ahora bien, una vez asegurada esa oferta de servicios y cubierto su coste, si un gobierno autonómico quiere ampliar las prestaciones con su dinero es libre de hacerlo. Si en Asturias se hace un cribado para detectar el cáncer de próstata a través de la búsqueda de sangre en heces y en otra región proceden a realizar colonoscopias, aunque sea una prueba mucho más cara, no hay nada que objetar. También en un sitio se hacen más equipamientos sociales que en otros. Son opciones de gobierno. A los ciudadanos nos toca ver, valorar y votar. Hay que asegurar el mínimo necesario y su financiación. No sé si Montero evita el debate porque no tiene estos criterios claros. Temo que al Gobierno le ocurra lo mismo que con el gasoil.