Con la incorporación de IU a las tareas ejecutivas se ha producido un cambio de escenario en el debate presupuestario: de la Junta General del Principado al interior del Gobierno. La viabilidad del proyecto de cuentas regionales se dilucida en conversaciones secretas entre los socialistas e IU; una vez superada esa instancia llegará el proyecto al Parlamento para ser rechazadas todas las enmiendas. Llevamos tres legislaturas sin vida parlamentaria, tomándose todas las decisiones en el seno del Gobierno o en el terreno de la concertación social. La única vez que el presidente Areces estuvo en minoría (primer año de la actual legislatura) recurrió a los agentes sociales y fueron votados créditos extraordinarios en la Junta General del Principado. Mal asunto que el Parlamento se haya convertido en una institución vacía.
A lo largo del presente mes se va a sustanciar la negociación presupuestaria entre los socios del Gobierno de coalición. Durante muchos años, la discusión de las cuentas regionales estuvo centrada en el gasto, quedando los ingresos en un segundo plano. La crisis económica ha puesto los tributos y la deuda en plano de igualdad con las partidas de inversión y gasto. El reciente debate entre Elena Salgado y Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados, permitió observar el cambio operado.
Asturias es diferente, y en vez de hablar de partidas concretas, se discute, de entrada, sobre el volumen global de los presupuestos. No hace falta comprobar las necesidades de cada consejería, porque la ideología es un atajo que permite establecer apriorismos: las cuentas deben crecer, con independencia de la caída de recursos fiscales. Sobre esa base inició IU la negociación. Con contadas excepciones, en otras comunidades autónomas los presupuestos menguan aunque recurren al límite del endeudamiento fijado por el Ministerio de Economía: 2,5% sobre el PIB, más 0,25% para respaldo exclusivo de inversiones.
Asturias es una de las comunidades autónomas menos endeudadas de España; se pueden aprobar unos presupuestos expansivos sin superar el límite de deuda otorgado por el Gobierno central, aunque se corre el riesgo de perder margen de maniobra para el futuro por el mero hecho de obtener satisfacciones ideológicas en el presente: el progreso pasa por el aumento ininterrumpido de los presupuestos.
Los socialistas señalan como prioridades presupuestarias a la sanidad, la educación y la inversión productiva, una afirmación que equivale a no decir nada, ya que en esas tres áreas se concentra más del 80% de las cuentas regionales. En la selección de prioridades llama la atención el olvido de los servicios sociales, de difícil justificación de no ser porque están gestionados por IU.
Sanidad y binestar social
Al entrar en el menudeo de las cuentas se detecta que el gasto en Sanidad es de muy difícil contención. O mejor dicho: sólo se puede inflexionar la curva del gasto si se cambian las premisas del modelo sanitario, y tras el debate del pasado verano está claro que el PSOE, IU y PP no están dispuestos a realizar reformas: aumentará la masa salarial, el gasto en farmacia y se encarecerá la gestión hospitalaria. Todavía no se descubrió la cirugía indolora para la Sanidad pública. Volverá a ocurrir como en los dos últimos ejercicios, se agotará todo el presupuesto de la Sanidad y habrá que recurrir a trasvases de recursos entre consejerías o a créditos extraordinarios.
Otra consejería que tiene una inercia de gasto creciente es la de Bienestar Social. La aplicación de la Ley de Dependencia y el salario social son de muy difíciles de reconducir en plena crisis económica. Es preciso subrayar que la aplicación de la Ley de Depedencia se ha convertido en una forma de obtener ingresos ante el desempleo creciente, cobrando las familias por atender a sus abuelos. De ser una ley de generalización de servicios se ha pasado a una norma de repartir subvenciones, aunque esta deriva no sea una característica asturiana ni tenga nada que ver IU en ello.
Hay una tercera razón que empuja al alza de los presupuestos: la extensa lista de colectivos y empresas que buscan en los presupuestos públicos un alivio ante la caída de ingresos. No se trata de una pretensión baladí porque tras esas peticiones está el sostén de muchos empleos. Por la misma cuantía que la Administración dota una plaza pública puede salvar cuatro o cinco empleos en el sector privado. Lo acabamos de comprobar con el sector de la automoción. Es fácil demostrar que con la misma cuantía de presupuestos públicos se puede generar más empleo, aunque la fórmula produzca sarpullidos ideológicos.
Un mero repaso a estas cuestiones pone de manifiesto que el verdadero debate sobre los presupuestos debe ser con luz y taquígrafos. Si la instancia de debate es el seno del Gobierno, por la irrelevancia del Parlamento, deben hacer un esfuerzo los grupos que integran el Ejecutivo por explicitar sus posturas. Antes de que nos presenten el acuerdo, deberíamos conocer las posiciones de partida. Claro está que es un desiderátum, porque la reproducción de la dinámica parlamentaria al seno del Gobierno hace que el papel de oposición lo juegue IU, y maneja dos vías para presentar enmiendas: los consejeros ante el presidente, y el coordinador general en el marco del pacto de Gobierno. Una región de complicada orografía.