El Gobierno dio este verano con la puerta en las narices a los ayuntamientos al negarse a abrir la negociación sobre la financiación local, un proceso que había prometido realizar de forma simultánea a la financiación autonómica. Como la crisis económica priva a las corporaciones municipales de un 30% de sus ingresos habituales, el Ejecutivo ha optado por dar ayudas a los ayuntamientos de forma amplia y desordenada, para que no incurran en suspensión de pagos.

El nuevo Fondo de Inversión Local, dotado con 5.000 millones de euros, contiene a diferencia del anterior un porcentaje de libre disposición para que las corporaciones locales financien gasto corriente. Junto a ello, el Gobierno permite que los ayuntamientos aumenten su capacidad de endeudamiento, fijada en la Ley de Haciendas Locales en un 110% de los ingresos, y que ahora se eleva al 125%. Los consistorios que están en una situación económica más desesperada son los de menor tamaño; ante esta situación el Gobierno ha ampliado en un 50% el fondo destinado a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes que en el caso de Asturias son la inmensa mayoría. Una última medida de auxilio que prepara el Gobierno para los entes locales consiste en darles participación en los ingresos fiscales de las comunidades autónomas.

Sin presentar un plan coherente y global que dé respuesta a los problemas económicos de los ayuntamientos, el Gobierno ha ido aprobando medidas aisladas que por una u otra vía contribuyen a aliviar las finanzas de los consistorios, dándoles más dinero y más capacidad de endeudamiento. Con el primer “Plan E” financió las inversiones del presente año, porque los ayuntamientos dejaron de financiar inversiones con sus presupuestos y presentaron un listado de obras menores que se acogió a la rúbrica del Estado. Ahora el Gobierno financiará gasto corriente municipal y dará liquidez a las corporaciones con fondos del Estado. Es preciso pasar de las intervenciones puntuales a las medidas estables, y en esa línea va el intento de dar participación a los ayuntamientos en la recaudación fiscal de las comunidades autónomas. Hace falta separar muy las competencias de cada administración, para que la concesión de un porcentaje sobre el IVA o el IRPF a los ayuntamientos esté en correspondencia con el gasto que asuman. Complicada negociación.