Continúa la controversia en torno a la gestión del lobo entre las comunidades autónomas (Asturias, Castilla y León y Cantabria) donde viven la gran mayoría de los cánidos que hay en España y la vicepresidenta y ministra de la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La polémica la creó la vicepresidenta al incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre). Para hacerlo recabó el apoyo de otras regiones que tienen tantos lobos en su territorio como cocodrilos hay en Asturias. No tuvo ninguna intención de negociar con las regiones donde habitan cientos de manadas de lobos, porque no estaba dispuesta a hacer la menor concesión.

Los fundamentalistas se caracterizan por ser incapaces de ceder un ápice en la defensa de sus dogmas. Ribera es así, tanto cuando habla de centrales térmicas, nucleares, plantas de gas de ciclo combinado o pantanos, como cuando toca decidir sobre el gran depredador de la ganadería extensiva. Solo en Asturias matan 3.500 animales al año (un tercio son caballos). La vicepresidenta considera que necesitan protección especial. Las vacas, cabras, ovejas o caballos deben a aprender a convivir con los lobos. Esa es la tarea que pone el Gobierno a los ganaderos. No se toca al lobo, se armonizan sus intereses con los del ganado doméstico. Todo eso dicho desde un despacho de Madrid que es donde los lobos son más inofensivos.

Los consejeros de medio rural de las tres comunidades autónomas han decidido dar un paso al frente para minimizar los daños en el ganado. Van a realizar «controles de ejemplares que no ponen en riesgo la conservación de la especie». Aclaran que «no son controles indiscriminados, sino actuaciones de cirugía que no afectan a la masa biológica de la especie y que se realizarán sobre determinadas manadas y en determinadas zonas». El texto entrecomillado no lo entiende un lector desprevenido, porque está expresado en lenguaje figurado. Dicho de forma directa de lo que se trata es de matar a un número tasado de cánidos en los sitios que causan más estragos al ganado. Veremos cómo reacciona la vicepresidenta, pero los gobiernos autónomos concernidos no están para dilaciones porque las explotaciones ganaderas se encuentran en una situación límite, con la fuerte subida de los precios del pienso, los forrajes o el combustible, mientras el precio de la leche sigue anclado al pasado. Los consejeros del ramo actúan en legítima defensa ante una ministra que «da la puntilla» al medio rural.