Esta semana debería cerrarse el acuerdo de los socios de Gobierno sobre los presupuestos de 2010. No es una tarea difícil, porque todos los gobiernos de coalición que gozan de mayoría absoluta en el Parlamento superan ese trámite sin alharacas. Es mucho más usual la controversia sobre una ley que sobre el reparto anual de recursos. Dada la caída de ingresos fiscales y el acusado protagonismo del gasto social en los presupuestos de los últimos años, la disyuntiva se reduce a estimar la cuantía del recorte de partidas en todas las consejerías, con la excepción de Sanidad y algunos capítulos de Bienestar Social, como el representado por el salario social. Una vez que se ha decidido acudir al límite máximo de endeudamiento no hay un gran margen de maniobra para apuntar distintas alternativas. En la valoración descarto opciones absurdas, como la de mirar sólo para el presupuesto de algunas consejerías suponiendo que las demás pueden trabajar con un 30% menos de recursos, como si no tuviesen que pagar sueldos o hacer fotocopias.

Portavoces de IU aseguran que la propuesta de cuentas regionales del presidente Areces no permite cumplir el pacto de gobierno. Según IU, el proyecto presupuestario esbozado por el presidente del Principado contempla un incremento del 0,77%, una cantidad insuficiente para desarrollar los compromisos firmados.

No conozco ningún pacto entre dos o más partidos para gobernar un territorio que esté vinculado a la cuantía de los sucesivos presupuestos anuales. Sería un mandato absurdo. En los acuerdos programáticos se pueden poner muchas cosas, y hacer mención a garantías sociales o a equipamientos que se van a construir, pero la acción del Gobierno está condicionada por los ingresos fiscales y los límites de endeudamiento. Sin atenerse a esas premisas, los presupuestos no pasan de ser una mera fantasía con cifras. Se puede cumplir el pacto de Gobierno con un presupuesto a la baja y es posible incumplirlo con las cuentas al alza. En cualquier caso, dada la expectativa de ingresos fiscales, cualquier presupuesto que comprometa gasto por encima de los 4.200 millones de euros dejará partidas sin ejecutar. Puede que esta posibilidad no preocupe a Ios negociadores, dispuestos a lanzar un mensaje triunfalista al aprobar las cuentas, pero es más importante hacer una previsión realista.