La vida política asturiana gira en torno al pulso que mantienen los socios del Gobierno sobre el presupuesto. Los dirigentes de IU consideran que la aplicación de la Ley de Dependencia es el principal escollo para llegar al acuerdo. Situar las discrepancias presupuestarias en la financiación de los servicios ligados a la Ley de Dependencia es mucho más lógico que enraizar la controversia en la aplicación del programa de Gobierno. El pacto de socialistas e IU es un catálogo de medidas concretas y de buenas intenciones que vale para orientar la acción del Ejecutivo, pero no sirve para apoyar o rechazar las cuentas regionales. Los servicios ligados a la dependencia tienen la categoría de ley y de los mismos se derivan derechos concretos para los ciudadanos, así que deben contar con una reserva presupuestaria suficiente.

Aceptada esta premisa es preciso distinguir si las hipotéticas carencias del proyecto presupuestario que plantean el consejero de Economía, Jaime Rabanal, y el presidente Areces, se dan en la cobertura de los servicios a los ciudadanos o en inversiones en equipamientos.

Hasta el presente, el incumplimiento en los deberes de financiación de los servicios corresponde al Estado que no aporta el 50% de los recursos, como estaba previsto. IU critica el proyecto de Areces porque no permite construir centros de día y geriátricos al ritmo esperado. Nadie podía prever que la crisis económica dejara exhaustas las arcas de las administraciones, así que no es realista hablar de incumplimientos en la dependencia por retrasar inversiones. Ahora bien, aquí y ahora, el asunto candente no está en la ralentización del programa de construcción de las infraestructuras sino en que hay varios centros terminados y sin inaugurar por falta de clientes, así que resulta absurdo pelearse por la asignación de recursos que no rinden frutos.

Soy consciente que junto a los razonamientos objetivos hay otras consideraciones particulares que tienen que ver con los intereses de los partidos y los ayuntamientos: a un alcalde que tiene prometida una residencia de tercera edad no le importa paralizar el presupuesto regional hasta que se atendida su demanda. Todas estas cosas no quedan recogidas en el debate porque estamos ante una negociación secreta, que es como se realizan todas las negociaciones políticas en Asturias.