Severino García Vigón considera que hay que racionalizar el gasto sanitario antes de subir los impuestos. El presidente de la Fade llama a un pacto de Estado para asegurar la sostenibilidad del sistema.

Que el gasto social experimenta una tendencia continua al alza es un hecho. Principalmente por la Sanidad, pero también por los Servicios Sociales, debido a la aplicación de la Ley de Dependencia. La respuesta dada por el Estado ha consistido en transferir un mayor porcentaje de la recaudación fiscal a las regiones. Las comunidades autónomas, por su parte, han aumentado su nivel de endeudamiento. No basta. Hacen falta más recursos para financiar el gasto social que en Asturias ya se eleva al 67,6% del presupuesto del Principado. El Gobierno central no puede hacer más transferencias fiscales a las regiones, aunque éstas lo anhelen, porque se quedará sin dinero para gestionar sus competencias. La política del endeudamiento está a punto de alcanzar su máximo, porque a partir de determinado umbral la mayor parte de los ingresos irán destinados a pagar intereses. En este contexto, el consejero de Economía aboga por una mayor presión fiscal para mantener la calidad de los servicios públicos.

Zapatero acaba de aprobar la mayor subida impositiva de la democracia, en medio de una profunda crisis económica. Volver a redoblar la escalada impositiva puede ser beneficioso para los servicios públicos, pero dañino para el consumo y la actividad económica. Llegó el momento de cuestionarse el creciente aumento del llamado gasto social. La masa salarial de los servicios públicos ha experimentado unos incrementos inadmisibles para los intereses generales. El último ejemplo es el derroche de los complementos por carrera profesional sin obtener a cambio ninguna mejora. Todos los partidos están a favor de pagar otra vez la antigüedad de los funcionarios, bajo el ropaje de la carrera profesional, lo que debería mover a una moción de censura al Parlamento asturiano, si estuviese contemplada en las leyes. Creer que hay licencia para consumir más recursos porque el gasto sanitario sobre PIB es más alto en otros países de la UE no pasa de ser un argumento parcial, ya que si queremos valorar la dimensión social de todo el sistema habría que meter el gasto en desempleo y el gasto en pensiones, en la comparación. Un asunto muy complejo.