Jaime Rabanal ha entregado los presupuestos en la Junta General del Principado para su tramitación parlamentaria. En teoría tendrá lugar un debate en profundidad, que empezará con una enmienda a la totalidad presentada por el PP y seguirá con una larga serie de enmiendas parciales. No creo que ocurra tal cosa. La falta de unión demostrada por el PSOE e IU en la negociación interna del Gobierno se transformará en un granítico bloque de izquierdas para evitar que el PP cuele una sola cifra en las cuentas regionales. Lo malo no es que el PP pierda todas las votaciones, sino que se evite discutir sobre los problemas que plantea el proyecto presupuestario. Dados los antecedentes, la dialéctica parlamentaria discurrirá entre etiquetas y latiguillos, dejando en segundo término las deficiencias del presupuesto.

Si un milagro no lo remedia empezaremos el año con unas cuentas irreales, al superar los gastos en casi 300 millones a la suma de ingresos tributarios y deuda asumida. Si el edificio presupuestario se hubiera empezado por los cimientos, la cuantía de las cuentas se habría limitado a 4.151 millones de euros, que es la suma de los previsibles ingresos y de los créditos solicitados. No hay despensa para gastar más. Sin embargo, el Gobierno regional aprobó un gasto de 4.428 millones ¿Por qué quiere trabajar el Principado con unas cuentas irreales?

Muy sencillo. La tensión entre el PSOE e IU se salvó con un artificio, poniendo cifras al alza, para presentar un gasto social a la altura de los ideales de IU, pero que no tiene sostén en la previsión de tesorería.

El resultado final es que a medio ejercicio se tendrán que embargar órdenes de pago, por falta de cobertura, y junto a la mora en los compromisos habrá que recomponer los recursos entre las consejerías. No vamos a estar solos. En algunas comunidades del Sur los presupuestos que se aprueban estos días tendrán una eficacia muy limitada: no más allá de la primavera.

Por todo ello, es muy revelador que el Gobierno regional prevea una subida de impuestos, en el marco de un acuerdo de comunidades autónomas a nivel estatal, para los próximos ejercicios. Creo que esta reflexión se hará más apremiante cuando se conozca el dinero que habrá que devolver al Estado por los anticipos recibidos a cuenta de la liquidación del ejercicio de 2008. En el año 2007 fueron cerca de 200 millones los que salieron a devolver a partir del 2011. En el 2008 la bola de nieve va a se mucho más grande.

No quiero hacer más lúgubres los cálculos, pero entre los intereses de la deuda (150 millones: más que el presupuesto de la Consejería de Cultura), el dinero que vamos a retornar al Estado y el previsible crecimiento de los tipos de interés, “levantar Asturias va a dar mucho trabajo”, como rezaba un slogan socialista de hace una década.

El gasto está desbocado y hay que embridarlo, porque financiar ese exceso es fuente de problemas. No vendría mal acompasar su ritmo a los ingresos, en la medida de lo posible.

Para el 2010 el Gobierno prevé una reducción de 50 millones de euros en gasto corriente, pero es una suma harto insuficiente. Confiar en los beneficios de la subida de impuestos me parece un cálculo miope por razones políticas y económicas. Aumentar la deuda es apuntarse a cargar con más problemas. No queda otro remedio, hay que actuar sobre el gasto.

El Gobierno tiene que propiciar otra lectura de la Ley de Dependencia, o introducir reformas en su articulado, porque cuando esté completamente desarrollada será imposible de financiar. Fue el gran proyecto legislativo de José Luis Rodríguez Zapatero de la anterior legislatura, pero no resiste la prueba de la crisis económica. Se presentó como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, y si ahora se mantiene acabará derribando el bienestar del Estado y de las comunidades autónomas. No entiendo que se hable de reformar las pensiones y nadie se atreva a cambiar algo que tiene tres años de antigüedad.

El gran asunto es la Sanidad. Con recortes coyunturales no se hace frente al crecimiento del gasto, hay que cambiar estructuras y abrir nuevas vías de financiación con la ayuda de los usuarios. Un ejemplo. Hace veinte años, en Asturias, un 20% de la factura de farmacia recaía entre los consumidores y ahora sólo sufragamos el 5%. Por cierto, este año el gasto en farmacia llegará a los 446 millones, un tercio de todo lo que paga Madrid, que nos quintuplica de largo en número de habitantes.

Cambiar estructuras implica cerrar dependencias y concentrar servicios. Y eso nos lleva a un asunto tan espinoso como interesante. La clase política autonómica habla de subir impuestos para mantener la calidad de los servicios públicos. Lo de “la calidad de los servicios públicos” es un mantra. Creo que sería bueno que empezaran a pensar que el nivel de los servicios públicos es imposible de mantener si la crisis se prolonga.

Con las previsiones del FMI (no me refiero a coyunturales salidas de la recesión de España o de la UE, sino al nivel de deuda en el año 2013 para toda la OCDE) es imposible mantener una estructura de gasto social tan amplia y generosa. Es curioso que aceptemos el repliegue de la industria, de la construcción, del comercio o de las cajas de ahorro, pero creamos que la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, la Universidad o la Justicia, están blindados de la crisis con nuestros impuestos, pese a que las empresas cotizan menos en el Impuesto de Sociedades, el consumo deje al IVA esquilmado, el IRPF retroceda con el paro, y los impuestos del petróleo, la electricidad y la bebida reduzcan su aportación al erario público. Qué espejismo.