El Gobierno de España da credibilidad al mensaje de Al Qaeda reivindicando la autoría del secuestro de los tres cooperantes catalanes en Mauritania. La banda terrorista anuncia que comunicará sus reivindicaciones al Gobierno. Por lo ocurrido en otros casos similares, puede que los islamistas exijan la liberación de miembros de la banda que están en cárceles españolas, aunque no hay que descartar la petición de dinero. O de las dos cosas a la vez: intercambio de presos y dinero. Compañeros de los tres cooperantes muestran su alivio al conocer la autoría del secuestro, porque al menos se cuenta con interlocutores. La incertidumbre es la peor de las torturas en los secuestros, pero saber que está Al Qaeda tras la actuación criminal no invita al optimismo. No le va a resultar fácil la negociación a Miguel Ángel Moratinos. Al ministro de Asuntos Exteriores se le acumula el trabajo, porque Aminetu Aidar se encuentra en el 23 día de huelga de hambre poniendo al Gobierno entre la espada y la pared. Marruecos es un país teóricamente aliado que no pierde ocasión de ponernos en dificultades. Tanto le vale la lucha radical de una mujer como un islote perdido.

En los últimos dos meses, los mayores problemas a Zapatero no se los ha creado ni la crisis económica ni la labor de la oposición. Los piratas que asaltaron el Alakrana, el conflicto de Aminetu Aidar y los cooperantes secuestrados en Mauritania han puesto al Gobierno en una tesitura complicada, obligándole a actuar con las armas de la diplomacia cuando al ciudadano medio se le ocurren métodos mucho más expeditivos para resolver los tres casos.

Toda la gestión del Gobierno en el asunto del Alakrana fue controvertida, resultando irritante la despedida de los piratas rumbo a tierra cargados de dinero. En el caso de los cooperantes secuestrados, llama la atención que no se hubieran tomado medidas preventivas dada la alta actividad de Al Qaeda en la zona. Con el asunto de Aminetu Aidar el Ejecutivo busca la solidaridad de la oposición, cuando la gente piensa que todo se soluciona administrándole alimento. Si se quisiera suicidar se le impediría o si estuviese enferma se le recetarían medicinas. Que la ley impida la alimentación por la fuerza es una sutileza que no llega al peatón. El Gobierno va a sufrir un gran desgaste si los cooperantes o Aidar no salen vivos del trance.