Las movilizaciones en apoyo a Aminatu Haidar llegan a provincias. En el centro de Oviedo, cientos de personas acuden a una concentración convocada por la Asociación Asturiana de Amigos del Sahara, a la que asistieron dirigentes de IU. En la misma se culpó al Gobierno de España de la situación por la que atraviesa la activista saharaui. IU ha logrado un destacado protagonismo en el caso Haidar, por una vía atípica: la misiva de Cayo Lara al Rey, exhortándole a negociar con Marruecos. Gaspar Llamazares volvió a insistir, ayer, en la necesidad de la intervención de don Juan Carlos, porque las gestiones diplomáticas convencionales no están dando el resultado apetecido.

No deja de ser curiosa la iniciativa de la cúpula de IU, porque supone la mayor profesión de fe en la monarquía realizada jamás por este partido. Ahora que IU prepara su refundación como fuerza política republicana y anticapitalista, se descuelga el coordinador general con una propuesta que amplía los poderes que da la Constitución al Jefe del Estado. Cayo Lara y Gaspar Llamazares aparcan su dogmatismo y comprenden que el Rey es útil. Están en lo cierto: en política exterior, el principal activo de España. Cuando EE.UU había cortado toda relación con el Gobierno de Zapatero, por ordenar la salida de las tropas de Irak un domingo por la tarde y sin avisar a sus aliados, el único interlocutor de la Casa Blanca era don Juan Carlos. Cayo Lara es republicano por tradición, pero cuando surge un problema grave pide socorro al Rey. Una contradicción que recuerda al ateo que en trance de muerte manda llamar al cura.

El Gobierno se equivocó al aceptar la llegada de Aminatu Haidar a Lanzarote. A partir de ahí, la situación creada responde a la flagrante trasgresión de los derechos humanos de Marruecos y a la obstinada respuesta de la activista saharaui. ¿Qué gestión podría hacer el Gobierno para resolver el caso, más allá de solicitar la mediación de los EE.UU y de la UE? En todo este asunto Zapatero tiene una responsabilidad intransferible: la salud de Haidar. Si la activista saharaui muriese, por inanición, el Gobierno no podría mirar para otro lado. Zapatero tiene que tomar las medidas necesarias para impedir ese desenlace, aunque ello conlleve decepcionar a la legión de entusiastas que ven renacer su vocación militante mientras se consume la vida de Haidar.