En el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera se va a constituir un grupo de trabajo para analizar el excesivo gasto sanitario y proponer remedios. El trabajo estará coordinado por el Gobierno central y participarán en él las comunidades autónomas. Se confirma de esta forma la vía por la que tienen que transitar las conferencias de presidentes, dejando a un lado temáticas que les desbordan y centrándose en los asuntos que les toca gestionar a los gobiernos regionales.

La sanidad es el gran quebradero de cabeza de todas las autonomías y la responsable de haber implantado el nuevo modelo de financiación autonómica, porque con el sistema antiguo no cuadraban las cuentas. La mitad del gasto sanitario se va en sueldos, y el resto entre la factura farmacéutica y los gastos generales. En el capítulo de gastos generales tiene una gran importancia el tipo de red hospitalaria y de centros de salud, así como la tecnología utilizada. Si se quiere reducir el gasto sanitario hay que actuar sobre la masa salarial, bien sea sobre la cuantía de las nóminas o en el número de personas contratadas. Lo más sensato sería llegar a un pacto con los profesionales del servicio de la salud para establecer un acuerdo a cuatro o cinco años sobre evolución de sueldos, pero para ello hace falta tener una gran sintonía con los sindicatos. En esta materia no cabe llamarse a engaño: cualquier sector laboral con capacidad de presión acabará ejerciéndola. Los médicos forman un colectivo reducido en España y sus servicios son altamente demandados por la sociedad, así que todo indica que seguirán ganando poder adquisitivo. La factura puede atenuarse con el uso masivo de genéricos, pero el envejecimiento de la sociedad española empuja el gasto en medicinas al alza. Cabe introducir la fórmula del copago entre los jubilados, aunque el Gobierno que lo haga se arriesga a perder las elecciones. Los gastos de estructura son rígidos a la baja, más allá de determinados ajustes sobre el gasto corriente. Un panorama pesimista.

Todo cambia si el Estado juega un papel activo en la sanidad, fijando niveles de salarios, negociando con Farmaindustria y redefiniendo el catálogo de prestaciones. El problema está en que por esa vía nos cargamos el actual modelo de autogobierno regional, que consiste en afianzar el poder sobre costosísimas medidas sociales.