Siempre me llamó la atención que nuestros diputados disfruten de unas vacaciones navideñas que llegan hasta primeros de febrero. Es el único colectivo eximido de trabajar en el primer mes del año. Ni maestros y profesores, con todo el recreo del que gozan, logran pasar en blanco el mes de enero, salvo la primera semana: repartidos los juguetes vuelven a mancharse de tiza. No hay razón para que los parlamentarios tengan reconocida por ley tanta holganza. Carece de sentido organizar la actividad parlamentaria en dos cursos, cuando los dos juntos no hacen las horas de trabajo anual de un empleado de cualquier colectivo laboral. Los diputados salen definitivamente caros a los contribuyentes, no por lo que viene recogido en su nómina mensual, sino por lo que resulta de dividir el sueldo por las horas de trabajo.

El grupo parlamentario socialista propuso convertir en hábil el mes de enero para tramitar leyes pendientes, pero la oposición tumbó la iniciativa. Entiendo que los diputados que votaron negativamente tenían miedo de crear un precedente y empezar a conocer en carne propia lo que es la verdadera cuesta de enero. Un mes de invierno sin despertador que sustituya al gallo: qué privilegio. El año 2023 va a complicar el cumplimiento de los deberes parlamentarios por la presencia de los procesos electorales. En marzo quedará disuelta la Junta General del Principado y hasta el mes de julio no habrá un nuevo Gobierno. A ello añadamos los vicios de nuestra Administración autonómica, que no empieza a ejecutar el presupuesto hasta avanzado el mes de marzo, porque sin liquidar hasta el último céntimo del presupuesto anterior no se puede licitar una escoba. No conviene estresar al personal. Siendo realistas, el presupuesto no se va a empezar a ejecutar hasta la vuelta de las vacaciones de verano.

A las leyes que están en trámite parlamentario se les agota el plazo. Disuelta la Cámara, toda ley sin aprobar queda reducida a un borrador inútil. Los grupos de la oposición deben pensar que las leyes fallidas son un demérito para el Gobierno y por eso están dispuestos a hacer obstrucción primaria, que consiste en dejar cerradas las puertas del Parlamento. Una especie de piquete virtual para que la presunta ley no adquiera capacidad normativa. Es difícil encontrar una actitud más retrógrada. Como en el anterior mandato, todos los grupos votaron reducción de jornada para los funcionarios, los diputados no quieren incurrir en contradicción y acreditarse para hacer horas extra.