En el debate entre los dos candidatos con más probabilidades de convertirse en presidente del Gobierno, Feijóo sacó a relucir algunos temas que no pudieron debatirse por la táctica de Sánchez de interrumpir alzando la voz. La secuencia se repitió varias veces: Feijóo empieza a hablar, Sánchez le corta y tras unos segundos de guirigay, los moderadores irrumpen en escena avisando a Feijóo de que le queda medio minuto para concluir. Una vergüenza. Así ocurrió, por ejemplo, cuando el líder gallego empezó a hablar de sanidad o cuando abordó el plan del Gobierno de poner peajes en todas las autovías. Retomemos este asunto.

La iniciativa ya fue aireada hace años, aunque el presidente Barbón la rechazó tajantemente. El asunto prosperó porque era algo más que un globo sonda. Desde el Gobierno se filtró que era una imposición de Bruselas para homologarnos a otros países europeos donde se pagan peajes en vías de doble calzada. No es así. Bruselas ligó las entregas de los fondos Next Generation a la aplicación de medidas para equilibrar las cuentas públicas.

Gastos

Nadie nos obliga a implantar los peajes; la propuesta responde a la exigencia europea de ajustar ingresos y gastos. El problema está cuando se anuncian gastos para ganar votos, como sucedió en la campaña de las elecciones autonómicas y municipales donde Pedro Sánchez prometió más 13.000 millones en beneficios sociales: 2.500 millones en becas para un millón de estudiantes, 4.000 millones de inversión en inmuebles para el alquiler, 1.800 millones para ayudar a agricultores y ganaderos, 1.300 millones en 45.000 plazas de Formación Profesional, 2.190 millones para hacer frente a la sequía, 1.800 millones para viviendas en suelos del Ministerio de Defensa; añadamos a ello el gasto en educación para la robótica, el Interraíl para los jóvenes, los centros de Atención Primaria, el cine para mayores de 65 años, etcétera.

Tras la crisis energética, el peaje quedó aplazado, no olvidado, y en uno o dos años se aplicará. El director general de Tráfico, Pere Navarro, que es el cargo público más sincero de todos los que pululan por la Administración central, lo confirmó hace unos días: «el año que viene tendrán que poner los peajes».

Propuesta

En el documento enviado por el Gobierno de España a Bruselas sobre la aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ya aparecía hasta tres veces explicitada la medida: «se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal», «es necesario desarrollar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad que permita cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera», «necesario el desarrollo de un mecanismo de pago por uso de carreteras de alta intensidad».

La extensión de los peajes se defiende con dos argumentos. El primero está recogido en una frase muy conocida: «el que contamina, paga». Un enunciado rotundo y simplista. Un alto cargo socialista lo presentaba de forma sensiblera: «¿por qué va a pagar la abuelita que no sale de casa la polución de los demás?». ¿Acaso no pagan los coches que van por las carreteras?

Pagar

Cada vez que un ciudadano reposta en una gasolinera, el 60% de la factura es carga fiscal. Impuesto Especial de Hidrocarburos, IVA, Impuesto sobre Venta Minorista del Estado y Tasa de Consumo de Hidrocarburos. La venta de carburantes aporta 20.000 millones a las arcas del Estado y de las comunidades autónomas. ¿Hay que pagar más todavía por usar un bien público como son las carreteras y autovías? ¿Una señora que va todos los días desde su domicilio de Villaviciosa a trabajar al Hospital de Cabueñes tiene que pagar por usar la autovía del Cantábrico? ¿Un veinteañero de Avilés que estudia Medicina en Oviedo tiene que pagar de lunes a viernes por utilizar la ‘Y’? ¿Una ganadera de Villayón tiene que pagar por utilizar la autovía del Cantábrico cuando va a comprar insumos para su explotación? La mitad de la autovía del Cantábrico se financió con fondos europeos, en gran parte nutridos por Alemania, y el resto lo pagamos nosotros a través de los impuestos. ¿Es de recibo decir que quien contamina, paga, cuando la abuelita antes citada también acaba pagando, porque el peaje al transportista eleva el precio de los yogures que compra?

El otro argumento lo aporta Seopan, la patronal de las constructoras, que exige el peaje para toda la red de autovías y carreteras estatales porque el mantenimiento de las vías es muy caro. En 2022, fue de 1.371 millones, un 11% más que en 2021, según Seopan. Hablan de un déficit de 8.000 millones en el mantenimiento de la red viaria. Dicen que la tasa serviría para construir la red de electrolineras demandadas por la renovación del parque móvil.

La cuestión es mucho más compleja de cómo la plantea Seopan y la prevé el Gobierno. La extensión de los peajes sería un freno para el turismo, perderían cohesión las regiones, pagaríamos por una red que hace pocos años estrenamos, y debilitaría a esa clase «media, trabajadora», que tantas veces cita el Gobierno, que perdió poder adquisitivo en las últimas décadas (tenemos el mismo PIB per cápita que en el año 2005).

Me resisto a pensar que los asturianos paguemos por utilizar la ‘Y’. Queda una semana para que los líderes se mojen antes de ir a votar. Feijóo iba a hablar de ello y…