Reconozco que frente a los grandes titulares que nos dejó la política española estos días, los ajustes de competencias entre las consejerías del futuro Gobierno asturiano pueden parecer ‘peccata minuta’, pero no dejan de ser indicios de por dónde irán las cosas en el futuro. Una vez cerrado el acuerdo del Gobierno de coalición con IU-Convocatoria por Asturias, la decisión más importante es la relacionada con la Vicepresidencia. ¿Quién sucederá a Juan Cofiño? No parece que la cuestión esté siendo tratada con hermetismo por parte del presidente del Principado, única autoridad con competencia para nombrar y cesar consejeros. Dijo que sería una mujer del partido, muy leal y cercana a él. La ley, por su parte, exige que los vicepresidentes sean diputados. Así que las pistas son exhaustivas: mujer, diputada, con carné del PSOE y de absoluta confianza de Adrián Barbón. Sólo hay una respuesta: Gimena Llamedo, una dirigente política que Barbón pondera de forma superlativa cada vez que tiene ocasión. Llamedo y Cofiño son muy distintos, así que conoceremos otro estilo de ejercer la función de vicepresidente.

Y otras competencias. La idea de Barbón es mantener el mismo número de consejeros en el Gobierno, pero con un fuerte trasiego de competencias. Unas direcciones generales que están en un sitio se irán a otro. Cada departamento se remodela, engordando por un lado y adelgazando por otro, en muchos casos. Las cuestiones orgánicas, la forma de completar los organigramas, son muy tediosas. Al público no le dicen nada, aunque para los interesados son muy importantes, porque detrás de cada retoque hay aumento o pérdida de poder. El primer gran cambio fue provocado por la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Sociales, cuyo titular será el coordinador general de IU, Ovidio Zapico. En ella va a haber de todo y Zapico tendrá que gestionar cuestiones muy dispares que van desde empresas públicas como Vipasa y Sedes, hasta el Instituto Asturiano de la Juventud, pasando por los proyectos eólicos del occidente, la Memoria Democrática, la Diversidad Sexual y Derechos LGTBi. A la nueva consejería se le traspasarán competencias de la Consejería de Medio Rural, de Presidencia y de la Consejería de Derechos Sociales. A partir de aquí seguir la ruta de los cambios de competencias es internarse por un laberinto.

Tan importante como lo anterior es nombrar consejeros con peso político, tras un mandato en el que al Gobierno le faltó músculo.