Cuando el mes de agosto está ya avanzado se termina de perfilar el organigrama del Principado. Como ya ocurrió en anteriores ocasiones, tras las elecciones se declara tiempo muerto y pasan las semanas sin actividad política hasta que por fin se constituye la Junta General del Principado y poco después se celebra el debate de investidura. La versión oficial, por supuesto, no coincide con la realidad, ya que continuamente se habla de que están negociando la gobernabilidad, sin que haya una foto que lo testimonie. En esta ocasión, la sesión de investidura terminó en vísperas de las elecciones generales, así que del 28 de mayo al 23 de julio, transcurrieron casi dos meses para elegir presidente. En otras comunidades autónomas actuaron con mucha mayor agilidad: desde el domingo electoral hasta la investidura de la presidenta pasaron 25 días en la Comunidad de Madrid.

El Principado tiene el mismo numero de consejeros (10) que en la anterior legislatura, habiendo casi el doble de viceconsejeros. Adrián Barbón optó por un organigrama distinto al del diseño clásico y, al final, tuvo que apuntalar con viceconsejeros los huecos que había dejado en la mesa del Consejo de Gobierno. Quizás la novedad más reseñable de los últimos pasos dados para cerrar el organigrama esté en la creación de las subdirecciones generales. La figura se contempla en la Ley de Empleo Público, impulsada por el exvicepresidente, Juan Cofiño.

La primera vez que oí hablar de subdirectores generales en el Principado pensé que se creaba un engranaje más para mover las ruedas de la pesada y lenta burocracia. Luego el vicepresidente explicó en términos concretos su utilidad: hay expedientes complejos que están repartidos entre dos o tres servicios y hace falta que alguien coordine su tramitación para que no queden olvidados en algún cajón. Ojalá sea así. La práctica administrativa dirá si los subdirectores sirven para agilizar la burocracia o suponen ellos mismos una carga burocrática añadida.

Una vez expuesta la cara de la moneda, digamos que la cruz es el pago por productividad a los subdirectores, jefes de servicio y, quizás, jefes de sección. En este punto concreto me temo que todo quedará en bellos deseos. Empezar a pagar más a unos funcionarios que a otros, siendo del mismo rango, puede salirle muy caro al Gobierno. Sindicatos y altos funcionarios agraviados harán más difícil lo que ya ahora no es fácil. En esta legislatura se verá si la reforma de la Administración sale adelante o queda sin aplicar.