El ministro Gabilondo es partidario de que se investiguen las actuaciones de estudiantes que provocaron desórdenes para impedir que líderes políticos hablaran en la Universidad. En la Universidad de Oviedo, José María Aznar fue varias veces interrumpido por grupos de estudiantes que profirieron gritos contra el ex presidente del Gobierno. José María Aznar respondió con un gesto muy expresivo, para el que sólo hace falta el concurso de un dedo. La Fiscalía y las autoridades gubernativas no han tomado ninguna medida contra los autores del boicot, aunque el rectorado de la Universidad ha identificado a los autores del altercado.
Hace solamente unos días, ocurrió un suceso más grave aún, cuando la presidenta de UPyD, Rosa Díez, fue invitada a la Facultad de Políticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ante la actitud violenta de un grupo de estudiantes, el decano de la Facultad, Salvador Cardús, un profesor cercano a ERC, trató de negociar una solución dando la palabra por espacio de diez minutos a los violentos. La digna actitud de algunos profesores, como el asturiano, Ángel de la Fuente, impidió el pasteleo, y entre tensiones, empujones y gritos, pudo celebrarse el acto en un aula más reducida.
En otoño empieza el ciclo electoral, con las elecciones catalanas; seis meses más tarde se celebrarán los comicios autonómicos y municipales, y al otro año tendrán lugar las elecciones generales. Es tiempo de tomar medidas preventivas, porque hay una regla general que dice así: cualquier conducta violenta sin respuesta disciplinaria anima a los autores de la misma a repetirla a mayor escala.
La Universidad es una institución con un estatus específico que puede servir para que los responsables gubernativos se crucen de brazos y dejen la responsabilidad del orden en manos de las autoridades académicas. Un planteamiento falaz. La Policía tiene la obligación de reprimir a los violentos, con independencia de que los desórdenes ocurran en la calle o en un recinto universitario. En el acto de la Universidad Autónoma de Barcelona, a Rosa Díez la acompañaban cuatro policías de paisano, y el consejero de Interior, Joan Saura, consideró que era suficiente. La Fiscalía tampoco ha movido un dedo, pese a que los altercados alcanzaron una gran notoriedad. Sin jueces, fiscales y policías, la violencia florece.