Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), tomados al empezar el cuarto trimestre del año, confirman la tendencia decreciente de nacimientos y la alta tasa de decesos, que en los últimos años casi triplica la de los recién nacidos. Todo indica que estaremos por debajo de la peor marca de nacimientos, 4.744 niños, alcanzada el pasado año, para establecer un nuevo y triste récord de 4.500. Habrá en torno a 13.000 defunciones. La caída de población sólo se puede evitar con un saldo migratorio positivo. En el último año aumentó el número de inmigrantes, que en la actualidad ronda los 100.000, lo que representa el 9,8% de la población. Hace veinte años, los residentes no nacidos en España no pasaban de ser el 3%. No obstante, es difícil pensar que el desfase tan grande que hay entre defunciones y nacimientos se pueda compensar con la inmigración de una forma estable. De hecho, las proyecciones del INE para el año 2035 contemplan para Asturias una pérdida anual de población de 3.500 habitantes.

Dentro del territorio nacional más afectado por la caída de la población, especialmente concentrada en el noroeste (Lugo, Orense, Asturias, León, Zamora), la característica más acentuada de Asturias está en la baja tasa de natalidad. El Gobierno regional lo detectó en la pasada legislatura y, por primera vez, en los presupuestos del Principado se introdujeron medidas para incentivar la natalidad, junto a otras propuestas destinadas a fijar población en las zonas más despobladas del área rural. En legislaturas anteriores sólo se había aprobado un plan ampuloso, pero sin reflejo en los presupuestos, que es tanto como hacer un ejercicio de retórica. De unas primeras cuantías simbólicas se pasó en el presupuesto de este año a dar cantidades de dinero estimables, que se acercan a las que estaban en vigor a escala nacional en los años previos a la crisis financiera de 2008. El Gobierno de Barbón subvencionó con 1.200 euros el nacimiento del primer hijo, elevándose esta cuantía a 2.200 en el caso de estar en concejos rurales en riesgo de despoblación. Zapatero ofrecía 2.500 euros. A partir del segundo hijo la subvención se eleva a 1.700 euros.

Me parece obligado que el Gobierno informe en la Junta General del Principado sobre el destino de esas ayudas, cuántas personas las solicitaron, la comparativa con el año anterior, etc. El Parlamento tiene que conocer con detalle cómo va la gestión de unas subvenciones que tratan de resolver el mayor problema de la región.