De las vicisitudes de la política asturiana, opacada durante meses por los sobresaltos de la política nacional, cuesta rescatar algo que no sean polémicas meramente declarativas. Predomina la verborrea sobre los hechos.

En lo que va del mes, el único asunto de entidad que se ha abordado con pretensión de solucionarlo es la gestión y financiación de las basuras. Llevamos casi un cuarto de siglo con la urgencia de tratar los desperdicios y resulta que, ahora, el problema se reduce a un enfrentamiento entre los ayuntamientos y el Consorcio para la Gestión de los Residuos Sólidos en Asturias (Cogersa), cuando alcaldes y concejales son los dueños del 80% del consorcio. El público, los asturianos, están ajenos, pese a ser los que pagan la comida y financian el destino de los desperdicios.

El problema nació en 1999, cuando una directiva europea prohibía verter los residuos sólidos sin tratamiento previo. Hasta entonces, estábamos todos orgullosos de Cogersa, que apilaba la porquería de los 78 municipios en el vertedero de Serín, previo transporte en camiones con horario nocturno. La directiva europea obligó al Principado a pensar en una solución y pronto vio que lo más eficaz era la construcción de una planta incineradora.

En Asturias todo va bien hasta que hay que ejecutar las decisiones. Para grupos ecologistas, Izquierda Unida o Comisiones Obreras, la incineradora era inaceptable por los altos niveles de dioxina que se alcanzaban con la incineración de las basuras. La respuesta del Principado consistió en negociar con la oposición el tamaño de la incineradora. Si la ‘planta de valorización energética de residuos’ -nombre que se dio a la incineradora cuando el Gobierno empezó a perder el debate- era más pequeña, habría menos dioxinas. Obvio.

Para urgir a la aprobación de la inversión en la planta, desde Cogersa empezaron a decir que el vertedero se colmataba en 2015. Como era de esperar el debate se recrudeció y la incineradora empezó a ser tan peligrosa como una central nuclear en suelo urbano. Resultado, la dramática cuenta atrás fue ineficaz, porque tras las elecciones de turno y los cambios de presidente en el Principado, la incineradora quedó desechada.

Dos observaciones del largo periodo en que la incineradora monopolizaba el debate. Cogersa elevó el cobro por la recogida de basuras un 10% de media anual. En 2013, gracias a la intervención valiente de Fernando Couto, entonces concejal gijonés de Foro en la comisión delegada del Consorcio, enfrentándose a la mayoría PSOE-PP, se aprobaron subidas anuales del 2%, en vez del 10%. Segunda observación: Cogersa tenía en una cuenta bancaria depositados 150 millones de euros. Una demostración de liquidez que habrá provocado la envidia de todas las empresas asturianas.

La segunda parte de la historia parte del consenso sobre el nuevo paradigma para tratar residuos sólidos: la planta de basura bruta. En vez de quemar hay que separar y recuperar. La inversión no era muy grande, 62 millones de euros, pero el problema está en qué hacer con las toneladas de combustible sólido recuperado (CSR). Oyendo a los políticos se detecta el problema. Cuando se tramitaba la planta, el entonces consejero, Fernando Lastra, hablaba de 70.000 toneladas de CSR. Cuando se aprobó el plan 2017-2024, la cantidad se había elevado a 86.280. En 2019, cuando se redactó el contrato de construcción de la planta, las toneladas de CSR llegaban ya a las 133.400. Ahora se cifran en 160.000. ¿Qué hacer con una fracción resto tan elevada?

A partir de aquí la incineradora, totalmente desechada desde hace muchos años, revolotea sobre la escena como un espíritu maligno. No queda otro remedio que quemar 160.000 toneladas. Cogersa ofrece pagar 100 euros por tonelada incinerada. En total, la quema costaría 16 millones de euros anuales. Hay un par de empresas asturianas válidas para quemar CSR, pero están muy lejos de poder incinerar una cantidad tan grande de materia residual. Cogersa se plantea hacer un concurso, con la ventana abierta a llevar a tratar al extranjero las inmundicias asturianas. Aumentamos las exportaciones.

Si el concurso queda desierto, disponemos de ‘plan B’: la planta de basura bruta dispone de una zona para almacenar material durante dos años. Volvemos al punto inicial: crecen los residuos en el vertedero (las basuras ya forman torres) o se llena el almacén de la planta de basura bruta que va a empezar a funcionar en enero. La diferencia entre el modelo basado en el vertedero y el nuevo de la planta procesadora está en el coste.

Por hogar y año la recogida de basuras costaba el año pasado, 17,9 euros. En 2024, costará 73,7 euros. A partir de 2025, la factura se disparará, porque la Ley de Residuos de Teresa Ribera dice que no puede haber subvenciones del Principado ni de los ayuntamientos, los ciudadanos deben pagar el total de la gestión de los residuos.

Ante esta situación, la consejera de la Transición Ecológica del Principado, Nieves Roqueñí, se muestra optimista. Para bajar la factura, «los ciudadanos lo tienen en su mano. Recoge, entrega tu residuo separadamente y ayuda a reciclar». Menos mal que no aconseja un turno por barrios para ir a separar con las manos las inmundicias que la nueva planta no sabe convertir en ceniza, como sí haría la incineradora. Qué fracaso de modelo. Dígalo claro, consejera: todo será más caro y penoso.