Cuando escribo estas líneas Santos Cerdán, numero 3 en la jerarquía socialista, vuela hacia Madrid tras entrevistarse en algún lugar del espacio periurbano de Ginebra con Puigdemont, Miriam Nogueras y Jordi Turull. Se supone que Cerdán habrá estado acompañado por algún conmilitón socialista, pero se desconoce si es así. Antes de subirse al avión dijo que el encuentro «ha ido bien».

Lo único cierto que se conoce es que las partes eligieron como mediador a un licenciado de El Salvador, Francisco Galindo, que ejerció como embajador en París y es experto en la problemática de los refugiados. Se ignora si la Fundación Henry Dunant, residenciada en Ginebra, que participó en la negociación de la disolución de ETA, intervendrá en el proceso que tendrá, como mínimo, una reunión mensual.

Las conversaciones son fruto de una exigencia impuesta por Junts al PSOE cuando se negoció la investidura de Sánchez. La idea de los nacionalistas era ligar el acuerdo de la ley de amnistía con el referéndum de autodeterminación y el resarcimiento económico (otro modelo de financiación en que todos los impuestos recaudados en Cataluña pasen a las arcas de la Generalitat). Esta semana, desde el entorno de Puigdemont se trasladó el mensaje de que ahora toca «lo del dinero y el referéndum».

Lejos de España, una delegación del independentismo catalán negocia con el Gobierno asuntos que tienen sustancia constitucional y gran incidencia en la ordenación territorial del Estado. No hay nada sobre lo que hayan decidido los sucesivos gobiernos de Pedro Sánchez, a lo largo de los cinco años y medio en el poder, que sea tan transcendente para los intereses generales de la nación como lo que negocia con un grupo de cuota electoral reducidísima (392.634 votos en las últimas elecciones generales) y de probada orientación anticonstitucional y antiespañola. Nunca proyectó España una imagen tan degradada ante Europa desde el nombramiento de Pepe Botella como rey.

Estamos en una coyuntura muy delicada, la peor desde el inicio de la democracia, con la novedad de que el Gobierno trabaja hacia una solución que rompe con el ‘statu quo’ de la Transición. Hace unos días, antes de llegar al pacto de investidura, Felipe González decía que la solución pasa por volver a convocar elecciones generales. La militancia del PP lo desea, Feijóo lo verbaliza y la mayoría de la población lo quiere, así lo reflejan las encuestas. Prefieren las urnas a seguir desarrollando el guion de esta legislatura, dirigido por una mayoría parlamentaria plurinacional. Sin embargo, yo creo que las elecciones sólo servirían para retrasar el proceso.

El pasado 23 de julio, un 44,5% de los votos fueron para PP y Vox, mientras el 43,4% tuvieron a la izquierda como destinataria. La igualdad de fuerzas entre bloques ideológicos fue desnivelada con el 7,9% de sufragios nacionalistas y regionalistas. En otras elecciones podrían variar mínimamente los porcentajes actuales, pero aún ganando la derecha con los escaños de algún partido nacionalista que se hubiera visto agraviado por el PSOE, el Gobierno de la derecha también sería débil. A medio plazo cambiará, tal vez, la correlación de fuerzas, pero a corto plazo no, porque llevamos ocho años con equilibrio de bloques. En la actualidad se ha agravado el problema porque la pérdida de escaños de la izquierda, con el hundimiento de Podemos, se ha compensado dando a los independentistas un protagonismo absoluto en la gobernabilidad.

Lo más paradójico es que el grave problema que socava las bases de nuestra democracia, y cuya resolución es condición ‘sine qua non’ para poder impulsar la economía, dar solidez a las pensiones, cambiar la educación, reducir el endeudamiento, etc., tiene una salida muy simple. Si nos pusiéramos en manos de las matemáticas, el algoritmo de la crisis de gobernabilidad tiene como primer y decisivo paso el acuerdo PSOE-PP.

No hace falta que gobiernen juntos, pero sí que se pongan de acuerdo sobre unos principios básicos y un plan de medidas urgentes como eje del mandato. Es asombroso que sólo Rajoy, en 2016, intentara esa vía, cuando ofreció a Pedro Sánchez un gobierno de coalición con el líder socialista de vicepresidente. Es llamativo que no se vuelva a insistir, cuando en contra del acuerdo de gobernabilidad sólo están Sánchez y Feijóo -a medias, como buen gallego-. Estoy seguro de que hay muchos parlamentarios que quieren un acuerdo y ven con preocupación el oxígeno que está recibiendo el independentismo catalán -que en la noche del 23 de julio estaba muerto- y el ‘sorpasso’ de Bildu en el País Vasco.

Los mensajes para navegantes que estamos viendo estos días, con la hipotética reubicación de las colecciones del Museo del Prado y la sugerida desmembración de Renfe constituyen el aperitivo de lo que está por llegar.

Aquí falta algo para alejarnos del abismo y retomar la senda de la normalidad. Tienen que alzar la voz los presidentes autonómicos, los alcaldes de las principales ciudades, la patronal y los sindicatos (lean a Cándido Méndez), las Cámaras de Comercio, los rectores de las universidades, los colegios profesionales, colectivos civiles, etc. Hay que firmar manifiestos, salir a la calle, compartir slogan y escoger color y símbolo. Sólo se pide volver a la división entre constitucionalistas y enemigos de la Constitución. Digamos no al suicidio colectivo.