El campo europeo está en pie de guerra. Nunca se dieron tantas movilizaciones en distintos países de forma simultánea. El malestar está generalizado. Los ganaderos y agricultores aspiran a un cambio radical de política. En España, el ministro Luis Planas -lo mejor del Gobierno de Pedro Sánchez-, atendió solícito la petición de reunión de las organizaciones agrarias (Asaja, COAG y UPA), pero no pudo impedir la convocatoria de marchas y concentraciones.

En el malestar europeo hay elementos externos, como los acuerdos con Ucrania, que han levantado ampollas, sobre todo en los países limítrofes, como Polonia, Eslovaquia, Hungría o Rumania, o el recelo ante un hipotético acuerdo con Mercasur (el mercado común de Suramérica), que pretende Alemania y rechaza Macron.

No obstante, la gasolina de las movilizaciones está en la política europea, con el incremento de costes energéticos, y, sobre todo, con las disposiciones de la Política Agraria Común (PAC) y la gestión que hacen de ellas las administraciones, suplantando a agricultores y ganaderos en la toma de decisiones y haciendo cada día menos competitivas las explotaciones.

Hay que decirlo alto y claro, la PAC ha girado de orientación, poniendo el foco sobre objetivos medioambientales, a los que quedan subordinadas las necesidades de ganaderos y agricultores. La producción de alimentos pasa a ser, por primera vez en Europa, una actividad secundaria.

La figura clave de la nueva política son los ecorregímenes, que garantizan pagos directos a ganaderos y agricultores si realizan una serie de prácticas favorables para el clima y el medio ambiente. Ya en 2013, las ayudas directas por hacer políticas que favorezcan a la biodiversidad y el medio ambiente representaban el 30% del presupuesto de la PAC. En 2023, con la nueva PAC, los pagos directos por razones medioambientales alcanzan el 70% del presupuesto de la política agraria común. Los números hablan por si solos.

Luego viene el asunto de la aplicación de los ecorregímenes. Si llueve mucho o hay sequía, por mucho que disguste a políticos y funcionarios, no se puede cumplir la hoja de ruta, cosa que los urbanitas de despacho oficial no entienden. En Asturias, como en las demás regiones, han aumentado las inspecciones. El principal contacto de la Administración con las explotaciones agrarias es por la visita de los inspectores (ahora dicen que controlan lo que pasa en las explotaciones por satélite).

Hay ganaderos o agricultores que tienen ingresos muy importantes con los ecorregímenes, pero se tienen que dar circunstancias determinadas, como, por ejemplo, tener la explotación en un parque natural y trabajar con animales en peligro de extinción, como la vaca casina. El resto de explotaciones pasan más penalidades que beneficios acogiéndose a la supuesta ayuda.

Otro engorro que se sufre ahora en el campo es la fiebre de la digitalización, sagrado mandato europeo. A partir de septiembre toda la relación con el Principado será por vía informática. Primer problema: no hay cobertura de internet. Segundo: la población del campo es de edad elevada y una parte de ella no tiene capacidad para entenderse de forma fluida por vía informática. A políticos y funcionarios les trae al pairo.

A todo lo anterior va a sumarse la política de purines (nuevamente el efecto invernadero: nitrógeno, amoniaco). Por cierto, el sector más afectado es el vacuno de leche que tendrá que reducir las emisiones de amoniaco un 45% hasta 2030. La normativa ministerial afecta a todo tipo de suelos, pero no se puede tratar igual a Castilla que a la cornisa cantábrica, porque son dos campos distintos.

Hagamos otras dos consideraciones, una siguiendo el hilo de las emisiones del ganado. La descarbonización de la industria, la reducción de las emisiones de gases, está fuertemente financiada con dinero público. Véanse los 450 millones de euros para las plantas siderúrgicas asturianas. Sin embargo, la reducción de emisiones del campo no recibe un euro de subvenciones oficiales.

El campo recela de un acuerdo con Mercasur, porque se introducirán productos más baratos. Se puede discrepar de esa posición, pero hay un punto que es irrebatible: en la agricultura europea no se admiten los transgénicos y en América del Sur trabajan con ellos. Igual que en la industria se pide a voces un arancel europeo para defender el acero comunitario del acero ‘sucio’ proveniente de Turquía o Rusia, lo mismo hay que aprobar una tasa que penalice las importaciones americanas de fruta o de carne. O no entran en los puertos.

En Italia y Alemania la protesta contra la PAC se centra en cargas irritantes: dejar un 4% de la superficie sin cultivar, reducir un 20% el uso de fertilizantes y rotar, obligatoriamente, de cultivos. Lo expresaba muy bien un líder sindical de Cerdeña, Pierpaolo Sergi: «Europa nos empuja a no producir. Es increíble».

La actual PAC tiene un año de existencia y ya está muerta. El rechazo que expresan agricultores y ganaderos tiene el valor de una enmienda a la totalidad. La suma de ambientalismo y burocracia mata el campo. En el Principado, donde Barbón declaró, oficialmente, la guerra contra la burocracia, los ganaderos se sienten impotentes, al ver todos los requisitos que les pide la Administración y no pueden cumplir. Y, después, presumimos de empatía con el campo y sus gentes.