El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, expuso la visión del Gobierno asturiano sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que el Ejecutivo central espera negociar en esta legislatura. Peláez afirmó que el acuerdo alcanzado por ocho comunidades autónomas (Asturias, Galicia, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura), el 23 de noviembre de 2021, sigue vigente de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación. El Principado considera que el Gobierno central debe explicitar qué servicios entran en el sistema que se va a pactar; por su parte, el Ejecutivo asturiano va a pedir la armonización fiscal de las comunidades autónomas. En otras palabras, que el Estado fije unos porcentajes mínimos de imposición para evitar que algunos impuestos, como el de Sucesiones y Donaciones o el Impuesto de Patrimonio, dejen de recaudar en algunos territorios.

Peláez recordó que las ocho regiones antes citadas apuestan por un modelo de financiación territorial denominado de población ajustada, frente a otras regiones, como Andalucía o Valencia, que utilizan como pauta de medida la población, sin más consideraciones. La diferencia está en que la propuesta de población ajustada parte del tamaño de la población ponderado por una serie de características del territorio (dispersión de la población, elevada media de edad, orografía, etc.), frente a los que consideran que solo se debe financiar en función del número de habitantes. Es bueno ir al debate con bases firmes y aliados sólidos, pero la inteligencia invita a pensar que los oponentes también tienen argumentos de peso. ¿Cómo no va a primar el volumen de la población una región como Madrid, que en menos de veinte años vio cómo su censo crecía en 1,3 millones de habitantes?

En la exposición, Peláez hizo repetidas menciones a calcular la financiación por el coste efectivo de los servicios. Suena muy bien, pero por muy objetivo que parezca ese criterio, está cimentado en decisiones plenamente subjetivas, por no decir caprichosas. Me explico. En el coste efectivo de la educación en Asturias está incluida, por ejemplo, la decisión de tener abiertas escuelas rurales con solo tres o cuatro alumnos en el centro, al coste de 27.000 euros por alumno, en vez de llevarlos a la villa más cercana. Es una decisión del Principado, está en su derecho, pero no puede pedir al Estado y al resto de regiones que financien ese gasto cuando sólo nosotros nos permitimos tamañas holguras.