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Juan Neira

LARGO DE CAFE

VIENTO DE LA DISCORDIA

El sentido de la oportunidad del diputado del PP, Manuel Cifuentes, ha servido para sacar a la luz, en la Junta General del Principado, las diferentes sensibilidades que hay en el interior del Gobierno de coalición sobre los planes de extensión de la energía eólica. Cifuentes preguntó, de forma pertinente, al consejero de IU, Ovidio Zapico, y a partir de ahí se pudo constatar que una cosa es lo que se trasluce de las opiniones del consejero de Ordenación del Territorio y otra lo que deja entrever Nieves Roqueñí, consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, cuando se refiere a los parques eólicos. Mientras la consejera del PSOE se muestra favorable a explorar nuevos terrenos para producir energía, el consejero de IU se niega a incluir espacios que yan sido anteriormente excluidos de la planificación eólica. Roqueñí quiere revisar la llamada ‘zonificación’, mientras Zapico apoya la energía limpia producida por los aerogeneradores, pero le espanta la sola posibilidad de que haya en Asturias un ‘boom eólico’. Como solución a una mayor demanda de energía limpia propone repotenciar los parques eólicos. Según Zapico, se podría multiplicar por cuatro la capacidad de producir energía eléctrica sustituyendo elementos obsoletos de los parques por otros nuevos.

Para aclararnos, digamos que el escenario nacional es favorable a Roqueñí, porque en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2030 se potencian al máximo la energía eólica y la fotovoltaica. En concreto, en la eólica se pasa de los actuales 26.000 o 27.000 megavatios-hora, a 62.000. Y Teresa Ribera no está pensando en dar ese salto con los actuales parques eólicos. Otra cosa es que el plan no se cumpla. En cualquier caso, Zapico tiene todo el derecho a plantear otro modelo.

Un aspecto novedoso es el papel de los ayuntamientos en la perspectiva de IU. Pueden rechazar proyectos eólicos (en Taramundi vetaron un proyecto), y deben obtener beneficios económicos de las inversiones y empleo para su concejo. Tendríamos en la práctica a tres autoridades políticas sobre el parque eólico: la consejera de Industria, el consejero de Ordenación y el alcalde del lugar. Es el resultado final de haber diseñado un organigrama de gobierno de competencias compartidas. Sobre todo lo anterior sobrevuela la fama de estar legislando en un sector caliente. En el campo de la energía, la Administración manda mucho, pero los operadores son muy poderosos. Quizás de ahí provengan las cauciones de IU.

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por JUAN NEIRA

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