La reanudación de la huelga por parte del personal de la Inspección Técnica de Vehículos de Asturias, tras la fallida negociación con el Principado, deja la pelota en el alero del Gobierno. Hay que buscar una solución para atajar un problema que crece día a día. La presidenta de la Fade, María Calvo, propone abrir la inspección de los vehículos a la iniciativa privada. Lo que dice la Fade es norma en catorce de las diecisiete comunidades autónomas, donde la mayoría de las estaciones están gestionadas por empresas privadas. Asturias, Andalucía y Valencia constituyen la excepción. La consejera de Industria, Nieves Roqueñí, no está por la labor de privatizar: «Aunque cambiásemos de modelo ahora, tampoco lograríamos la solución». Debería pensar en que cuanto más tarde en introducir la competencia en el sector, más tiempo se prolongará la anomalía de dejar en manos de una plantilla la posibilidad de retrasar, ‘sine die’, la concesión de una acreditación obligatoria para circular por calles y carreteras. En vez de liberalizar el sector, opta por elevar los servicios mínimos de la huelga. No quiere soluciones, prefiere parches. Para que nadie la acuse de intenciones espurias, dice que van a tratar de dar alternativas, respetando el derecho de huelga. Faltaría más. Unos servicios mínimos del 26% de la plantilla, en las actuales circunstancias, pueden ampliarse, pero los conflictos enconados no se resuelven por esa vía. En un ambiente viciado, la productividad, que tanto le preocupa al Principado en este sector concreto, no mejora con medidas de ese tipo.

Tengo la impresión de que el Gobierno regional no metabolizó bien el rechazo de los trabajadores a su oferta de acuerdo. El negociador por parte del Principado, Isaac Pola, se echó a un lado al declarar que, a partir de ahora, la competencia «corresponde a una instancia superior que es el propio Gobierno». ¿Un viceconsejero no siente, de facto, que forma parte del Gobierno? ¿No hablaba en nombre del Gobierno con el comité de empresa? Si el viceconsejero se siente superado y la consejera no quiere cambiar las reglas del juego dando entrada a más operadores, la anomalía puede prolongarse durante meses. Los más perjudicados son los que se ganan la vida conduciendo camiones y coches: transportistas, taxistas y autoescuelas. ¿Quién defiende a los perjudicados por los conflictos laborales? Ante la incertidumbre sobre cuándo habrá una solución, Roqueñí fue explicita: «cuando toque». Mientras barajo no doy cartas.