Sorpresa mayúscula. El Gobierno regional llega a un acuerdo con los trabajadores de las ITV para suspender la huelga. Cuando la negociación entre el Principado y los empleados de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos había entrado en vía muerta, los obstáculos desaparecieron y los planteamientos de las partes se volvieron tan cercanos que posibilitaron el acuerdo.

El cambio súbito se produjo porque el Principado tomó decisiones acertadas para reconducir el conflicto. La primera, el cambio de negociadores. Desde que empezaron los paros intermitentes se encargó la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico de intentar resolver el problema. La consejera, Nieves Roqueñí, y el viceconsejero de Industria, Isaac Pola, tienen una cualificación profesional o técnica apropiada para responsabilizarse de las tareas propias de su departamento, pero demostraron saber muy poco de negociar con un comité de empresa. Antes de la última reunión negociadora, la consejera entendía que llevaban una propuesta de máximos y el viceconsejero se sintió superado ante la negativa de los sindicalistas a aceptar su oferta. La propuesta nacía muerta por los condicionantes que incluía y el rechazo era previsible.

Tras tres meses de paros y 30.000 ciudadanos viendo suspendida su cita, Barbón optó por poner en manos de la vicepresidenta, Gimena Llamedo, y del consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, la resolución del conflicto. Optar por la vicepresidenta significa dar importancia política al problema social planteado, pero me parece más reseñable la participación de Ovidio Zapico, porque su consejería es muy extensa, tiene muchas caras, pero ninguna comprende o limita con las estaciones de ITV. ¿Qué puede aportar un dirigente de IU? Un mayor conocimiento sindical y la forma de desatascar una negociación. Y aquí está el segundo acierto: emplazarse a dialogar sin anuncios públicos ni concurridas mesas de negociación. Eso lo saben mejor en IU, que tenían enfrente al portavoz del comité de empresa, Marcos Llorente, de Comisiones Obreras. Es la primera vez en el mandato que reconoce Barbón el peso que tiene IU en el Gobierno de coalición.

El acuerdo se basa en aplicar la jornada de 35 horas, con cambios en la organización del trabajo, y aceptar el complemento retributivo si se mide de otra forma el absentismo. Asuntos sencillos, nada gravosos, que penalizaron a miles de ciudadanos por ponerlos en manos inexpertas.