La consigna en el Gobierno es recortar gastos para reducir el déficit público. Tras gastar e invertir para tratar de crear empleo, nos encontramos con cifra récord de trabajadores en paro y un endeudamiento muy elevado. Teníamos un problema (el desempleo) y ahora hay que solucionar dos: el paro y el déficit público.
A la vuelta del último verano, el Principado ya se afanaba en recortar gastos. Los ingresos se habían desplomado y había que pagar la costosa factura de la sanidad. El consejero de Economía, Jaime Rabanal, empezó la dura tarea de reducir el gasto corriente (viajes, comunicaciones, sustituciones de bajas laborales). Oficialmente, el balance de la poda del gasto en el año 2009 fue muy alentador: 170 millones de ahorro. En realidad, la mayor parte de ese dinero salió de haber dejado partidas presupuestarias sin ejecutar, una práctica que se da hasta en los ejercicios más derrochadores.
Como los gobiernos de coalición pagan peajes políticos, el presupuesto de 2010 no siguió la senda de la austeridad, creciendo en 34 millones sobre el del año anterior. IU obligó a dejar sus consejerías fuera del plan de austeridad y, aunque los departamentos de Infraestructuras, Cultura o Industria redujeron en un 20% sus partidas, el gasto global fue más elevado. La forma de cuadrar el exceso en el gasto consistió en asumir el nivel más alto de deuda permitido (624 millones) y en hacer una previsión de ingresos optimista (300 millones más de los que se podrán recaudar).
Lograda la aprobación de los presupuestos con el apoyo de IU, vuelve otra vez la necesidad de aplicar la tijera a los gastos. En esta ocasión, las prisas por aplicar recortes no vienen dictadas por ninguna urgencia del Principado, sino por alarmas ajenas: la ruina de Grecia.
Elena Salgado tuvo que reformar las cuentas del Estado para presentar un plan financiero sostenible a la Comisión Europea. Dentro de ese programa, a las comunidades autónomas les corresponde un recorte de 10.000 millones de euros hasta 2013. Una suma de dinero que se distribuye entre todas las regiones, tocándole al Principado el deber de disminuir el gasto en 149 millones durante 2010. El Gobierno regional prevé cumplir ese compromiso reorganizando empresas públicas, congelando la oferta de empleo y ahorrando en la compra de medicamentos y con las unidades de gestión clínica. ¿Es creíble la estrategia del Principado para reducir el déficit público?
Hipoteca
Disminuir el gasto sanitario es una utopía. Todos los años, sin excepción, crece muy por encima del presupuesto. Las unidades de gestión clínica están en fase embrionaria y apenas pueden contribuir al ahorro. El gasto farmacéutico no deja de aumentar y la compra centralizada de medicinas (una de las grandes ventajas de la época del Insalud) no aportará beneficios hasta los próximos años. Las medidas tomadas con el personal (jubilaciones, reducción de contrataciones) servirán para reducir gastos, pero hay una inercia tan grande en consumir recursos sanitarios que a final de año el gasto habrá aumentado.
La congelación de la oferta de empleo y la reorganización de las empresas públicas servirá para ahorrar, pero una cosa es gastar menos y otra reducir el déficit público. Y aquí volvemos a algo que hemos expuesto más arriba. Los ingresos fiscales están sobredimensionados en el presupuesto para poder cumplir las exigencias de las consejerías de IU. Dicho con otras palabras: en los ingresos presupuestados hay 300 millones de euros que son irreales, así que un pequeño ahorro en los gastos no es incompatible con una elevación del déficit. Y cómo el déficit no debe aumentar, las tensiones en la ejecución presupuestaria están servidas. Por ejemplo, los 25 millones destinados a equipamientos para la tercera edad o el incremento de 15 millones en las partidas de Vivienda quedarán sin ejecutar, para poder financiar el gasto en sanidad. Ahora bien, todas estas reflexiones sobre la gestión presupuestaria y la estrategia contra el déficit público resultan incompletas si obviamos la gran hipoteca que pende sobre las finanzas de las comunidades autónomas: devolver 25.000 millones de euros al Estado por el exceso de dinero recibido. La devolución empieza el año que viene.
Dependencia y autovías
Ante esta perspectiva, la rectificación presupuestaria está aún por plantear. Las medidas expuestas por Rabanal no pasan de ser un pequeño recorte de las cuentas, cuando se precisa una rectificación de la estrategia presupuestaria seguida en los últimos años. En este escenario cobra relevancia la reflexión realizada por el presidente Areces, llamando a hacer un ‘impasse’ en la aplicación de la Ley de Dependencia, antes de ampliar los beneficios a las personas aquejadas de una ligera falta de autonomía personal. Para la Dependencia el Gobierno central aporta 39 millones de euros y el Principado, tres veces más. En el año 2015, cuando estén desarrolladas todas las prestaciones, el gasto podrá alcanzar los 20.000 millones en toda España. ¿Quién va a financiar, entonces, los 500 millones de la Dependencia que corresponderán a Asturias?
En la rectificación presupuestaria (mucho más que un ajuste) hay que incluir la revisión del plan de infraestructuras. No podemos permitirnos el lujo de construir autovías en clave autonómica. Gastar 803 millones por el servicio que va a dar la AS-III, cuando hace muchos años que se puede viajar por doble calzada de Avilés a Llanera, es un despilfarro. Dejemos las autovías, los trenes y los puertos en manos del Estado.