IU y sus socios, Los Verdes y El Bloque, van a acudir a las vías administrativa y judicial para intentar que no se construya la planta de incineración aprobada ayer por la junta de gobierno de Cogersa. Los tres grupos prevén distintas acciones, como recurrir el proyecto en el trámite ambiental, así como viajar a Europa para que el Banco Europeo de Inversiones no financie la planta. Los responsables de Cogersa esperan que la tramitación y la construcción de la incineradora duren setenta y dos meses, y las tres formaciones minoritarias pretenden dilatar o impedir la realización de la obra.

El consejero del Principado, Francisco González Buendía, había demandado a IU que aceptara la decisión tomada por la junta de gobierno de Cogersa, renunciando a presentar recursos. Una petición más propia de un ciudadano ingenuo que de un político en ejercicio. IU, o sus socios, están en contra de muchas infraestructuras, como la presa de Caleao, las líneas eléctricas de alta capacidad, la ampliación de El Musel, el AVE, etcétera. En todos los casos objetan los proyectos por razones medioambientales. Algunas veces han tenido éxito, porque si no fuera por sus gestiones los sobrecostes de El Musel contarían con financiación europea. Con esa ejecutoria, imaginar que van a aceptar la construcción de la incineradora es absurdo. Al contrario, parte de su capital político consiste en acreditar una resistencia militante contra infraestructuras que consideran dañinas para el medio ambiente y un instrumento para el lucro de las empresas. A Cogersa le corresponde actuar con gran rigor para que los tribunales no paralicen sus actuaciones.

Otra cosa es el juicio político que merece el forcejeo entre PSOE e IU por la planta incineradora. Resulta profundamente contradictorio compartir la mesa del Consejo de Gobierno y trasladar las discrepancias al Parlamento y a la calle. En otras comunidades autónomas no existen esas desavenencias entre socios de Gobierno. Quizás el tripartito catalán, con esa vis escénica que tiene para superar los mejores montajes de Boadella, pueda ofrecer ejemplos tan estridentes. No se trata de un asunto banal, ya que muchas políticas que benefician a la colectividad no se ponen en marcha por prejuicios de grupos políticos o colectivos sociales que apenas tienen predicamento en la mayoría de la sociedad.