La movilización del Primero de Mayo fue convocada por los sindicatos mayoritarios bajo la petición de ‘Empleo con derechos y la garantía de nuestras pensiones’. Un lema que no alude a la terrible crisis económica que afecta a los trabajadores, aunque del mismo se deduce que la preocupación de CCOO y UGT está puesta en no perder derechos sociales y en rechazar cambios en el estatus de las clases pasivas.
Con la crisis económica ha aumentado la relevancia de los agentes sociales. Aunque el Gobierno gozara de mayoría absoluta (cosa que no ocurre), le sería muy difícil aplicar medidas eficaces sin el aval de los sindicatos. Más que nunca los sindicatos están llamados a corresponsabilizarse en el diseño de la política económica y en el día a día de los expedientes de regulación de las empresas. El drama está en que no parece que hayan interiorizado las exigencias de una coyuntura tan singular como la actual. El repaso a algunas de las respuestas de los sindicatos permite comprobarlo.

Reforma laboral

El alto nivel de paro, rasgo distintivo de la crisis económica española, hizo que el Gobierno fijara la reforma del mercado de trabajo, como prioridad en la agenda política. Las centrales sindicales tienen una visión particular sobre el problema, ya que sus afiliados se concentran en ramas de actividad y estratos de edad respaldados por contratos indefinidos, así que recelan de las novedades. Si a esa circunstancia unimos el interés empresarial en reducir la indemnización por despido, comprenderemos la dificultad por cerrar la reforma del mercado de trabajo.

Déficit público

Con ser importante la reforma laboral, mucho más importante es aún el papel que juegan los sindicatos en el ajuste de gastos de la Administración. En los tres primeros meses del año, el déficit público ha crecido en un 15% con respecto al mismo periodo de 2008. Resulta que íbamos a rebajar el déficit del 11,2% al 8%, en el año 2010, y estamos haciendo el agujero cada vez más grande. Con la tragedia griega delante de nuestras narices, seguimos tiñendo de rojo los números de las cuentas públicas.
El ajuste de gastos tiene un capítulo importante en las nóminas de los funcionarios que suman 120.000 millones de euros (casualidades de la vida: la misma cifra que el déficit público del Estado). Es necesario aplicar una congelación salarial y para ello hace falta el concurso de los sindicatos. Hasta ahora, los dirigentes sindicales se niegan a entrar por esta senda y proponen otras alternativas para reducir el déficit, como la persecución de la evasión fiscal y la elevación de la imposición a las rentas más altas. No cabe duda que con esas medidas se pueden obtener más ingresos, pero apenas sirven para reducir alguna décima el déficit público. Si no se frena el incremento de la masa salarial de los empleados públicos, será imposible cuadrar las cuentas del Estado.

Planes de empleo

Los sindicatos creen que la Administración puede actuar como locomotora de la reactivación económica, a través de sucesivos Plan E. Sin embargo, el balance en esa materia es desolador: gastar 13.000 millones de euros del Estado para hacer unas contrataciones temporales en actividades superfluas. La mayor ayuda de los gobiernos tiene que venir por la eficaz gestión de los servicios públicos y la construcción de infraestructuras que aporten valor añadido. La filosofía del Plan E, del Gobierno central, y del Plan A, del Principado, choca con la urgencia por reducir el déficit público. No se puede comprar futuro sobre la base de un mayor endeudamiento.

Bancos y cajas

En los actos públicos del 1º de Mayo, los líderes sindicales pusieron el acento en la necesidad de desbloquear el crédito. Teóricamente, con la ayuda del ICO, las empresas van a gozar de financiación, aunque puede ser a costa de aumentar la morosidad. Los intermediarios financieros (cajas y bancos) están sometidos este año a una prueba de stress real: refinanciar deudas y capitalización a marchas forzadas. La primera obligación de un banco consiste en evitar la quiebra, porque trabaja con recursos ajenos, de modo que la ruina conllevaría la aparición de cuantiosísimos daños colaterales. El hundimiento de un banco no supone sólo un perjuicio para los señores del puro y la chistera, sino para multitud de pensionistas que depositaron los ahorros de toda una vida laboral en la entidad. Con esto quiero decir que la afluencia del crédito no puede ser a costa de dañar la solidez del balance de las entidades.

Coartada ideológica

Dejo para el final la coartada ideológica de los sindicatos para rechazar las medidas de ajuste. Ayer, una vez más, los líderes de UGT y CCOO volvieron a repetir que la crisis no la crearon los trabajadores, así que la solución a la misma no puede echarse sobre sus espaldas. Tienen toda la razón: los trabajadores están exentos de culpa. ¿Y qué? Cuando estalló la crisis del petróleo, en 1973, la culpa fue de la OPEP, pero la acabaron pagando los obreros en forma de despido. La dinámica económica está ajena al concepto de culpa. Una cosa es que los tribunales condenen a un golfo, y otra que el daño provocado por calentar la actividad económica con tipos de interés muy bajos pueda dar pie a reclamaciones sociales. Es preciso cambiar las normas del sistema financiero, como propone el G-20, pero de ahí no saldrán ventajas para los asalariados. Ni créditos más baratos para las empresas.