De pronto, Pedro Sánchez convocó elecciones. En ese momento la mayoría parlamentaria asturiana consideró muy apropiado aprobar la Ley de Vivienda el día que empieza la campaña electoral. No hace falta aclarar que la ley autonómica no guarda relación con las elecciones generales, pero siempre ayuda a captar votos un triunfo de la izquierda con una norma tan ideológica que solo permite al Principado implicarse en la construcción de viviendas para el alquiler. Sin hacer un sucinto relato de los antecedentes no se entiende el lío que vino luego.

Los grupos de derecha decidieron impedir al Gobierno disfrutar de la feliz coincidencia entre la aprobación de la ley y el arranque de la campaña. El método no fue otro que alargar las discusiones sobre las enmiendas. Hace décadas y décadas lo hacía en Italia el Partido Comunista al Gobierno de la Democracia Cristiana (discursos interminables, multitud de enmiendas, llamadas a cuestiones de orden). A la práctica de esas maniobras se le llama filibusterismo. Mientras no infrinja el reglamento es legal.

Los diputados del PP y Foro (solo uno, Pumares) empezaron a no asistir a la ponencia de la Ley de Vivienda con disculpas de todo tipo. En estas estábamos cuando Ovidio Zapico se rasgó las vestiduras y dijo que las derechas «llevaban secuestrada la voluntad democrática de la Junta General del Principado», «subvierten con su vagancia la voluntad popular». Calificó de «golpe institucional» el proceder de la derecha. Y terminó diciendo que no volvería al Parlamento («suspendo indefinidamente el control de esta junta»). Zapico hace lo que condena. Un ejemplo más de la degradación de nuestras instituciones.

Entre PP y Vox suman 199 escaños, una holgada mayoría absoluta, mientras la izquierda –PSOE, Frente Amplio, Podemos– se queda en 110. Puestos a actualizar la forma de interpretar los resultados, digamos que es necesario añadir los escaños de las formaciones nacionalistas a la izquierda, ya que dejaron de ser grupos bisagra para ser fieles aliados estratégicos del socialismo, con la excepción de Coalición Canaria y quizás del tacticismo de Junts. Es decir, a los 110 diputados de la izquierda hay que agregar 39 de las formaciones nacionalistas (si incluimos a Junts). En total, 149 escaños, cincuenta menos que la derecha.

El PP duplica la ventaja que le llevaba al PSOE en la legislatura que acaba de finalizar y obtiene más del doble de escaños que Vox. Si los resultados de las urnas se mantienen en el rango de la encuesta no habrá posible duda sobre la mayoría de investidura ni sobre quién presidirá el nuevo gobierno.

El equilibrio, del pasado mandato, entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda –más los nacionalistas– se rompe fundamentalmente por el avance de Vox y el hundimiento de Sumar (actual Frente Amplio). La derecha radical española se beneficia del ambiente creado en Europa por los gobiernos débiles, los problemas económicos y la incapacidad para dar respuestas; lo mismo pasa en los países de nuestro entorno. La izquierda radical, al contrario, va camino de convertirse en una tendencia extraparlamentaria. La caída está motivada por la política de Sánchez que ha usurpado su papel. Los dos aliados mas fieles de Sánchez, ERC y Bildu, avanzan a costa de Junts y PNV.

En Asturias se registran unos movimientos electorales similares a los de España. El partido más votado será el PP, con tres escaños. Seguido de PSOE y Vox, ambos con dos escaños. El Frente Amplio se queda sin representación en Asturias. Cinco diputados para la derecha y dos para la izquierda. La precampaña es para la derecha, pero tres semanas para llegar a las urnas son un maratón.

Zapico tiene dos asuntos pendientes de resolución en el corto plazo, la Ley de Vivienda, que dilata la oposición, y la aprobación de las zonas tensionadas. Sobre esta última cuestión, la diputada Tomé (Somos Asturies) exige que se declare zona tensionada a toda el área central de la región, mientras Zapico, celoso de su competencia, quiere ‘tensionar’ una zona muy amplia donde vive («una abrumadora mayoría de la población asturiana»), pero barrio a barrio, núcleo a núcleo.

Puede que, poniéndose puntillosos, tenga razón Zapico, pero hay ocho o nueve capitales de provincia convertidas en zonas de mercado residencial tensionado sin hacer distingos entre barrios. Creo que en el fondo de la discrepancia solo hay el afán del líder de IU por impedir que Tomé se inmiscuya en sus competencias. En la entrevista, Zapico asegura que si Barbón le da la razón a Tomé, no tendría el voto de IU en los presupuestos. Un escenario inimaginable. El consejero destaca la importancia de la Ley de Vivienda porque «vamos a blindar el parque público» y «vamos a determinar la calificación de permanente para la vivienda protegida». En definitiva, se hace una ley para asegurar el parque público y lograr que cualquier iniciativa del sector con financiación autonómica o estatal tenga de por vida el sello público.

Zapico busca otro objetivo de forma sutil. Hace un año pusieron en marcha el programa de alquiler, Alquilámoste, que consistía en gestionar viviendas de particulares, poniendo un alquiler barato y garantizando al propietario el cobro de la renta y la reparación de los desperfectos. Creo recordar que el contrato se hacía por cinco años. Un año más tarde, Alquilámoste se ha revelado como una iniciativa fallida. En la entrevista, Zapico anuncia «medidas fiscales desincentivadoras para que no se siga manteniendo las viviendas vacías». Pretende reactivar Alquilámoste penalizando a los propietarios. En los presupuestos de 2027 quiere introducir como novedad una subvención para la cesta de la compra, de modo que se pueda beneficiar «la clase trabajadora y la mayoría social». Una novedad en el mapa autonómico. A ver cómo se financia. Zapico no suelta prenda sobre subidas y bajadas de impuestos. Pasar del discurso al BOE es muy complicado.

Al jerarquizar los principales problemas que existen en España, la vivienda ocupa el primer o segundo lugar para un 55% de los encuestados, seguido por la situación económica (27%), polarización política (22%), corrupción (15%), gestión actual del gobierno (15%), inmigración (12%), sanidad (10%), paro (8%) y educación (5%).

La vivienda ya estaba como primera preocupación en todas las encuestas de los últimos meses, pero me llama la atención que la situación económica ocupe el segundo lugar. La economía española es la que más crece de los grandes países de la Unión Europea, se ha batido récord de empleabilidad, se mantiene el consumo, la bolsa supera los 19.000 puntos y en la encuesta el paro es la octava preocupación. No casa la gran inquietud por la economía y la relativa tranquilidad por el desempleo.

Planteo dos hipótesis. En la mente y en la emocionalidad de los encuestados pesan fenómenos exógenos: las declaraciones, decisiones y amenazas de Trump, los sabotajes de Putin, los vaivenes de los mercados energéticos, la cercanía de las guerras.

Segunda hipótesis: la visión de la economía tiene interferencias políticas. En el sondeo, la polarización (tensión política) es el primero o segundo problema para el 22% de los encuestados, y la corrupción y la gestión del gobierno ocupan el primero o segundo para el 15%.

Quiero hacer aquí un comentario al margen. Hay problemas, como la corrupción, que son relevantes para una parte del espectro ideológico y político, pero para la otra no. En la actualidad, los ciudadanos de izquierdas tenderán a desdeñar la corrupción, mientras que los de derechas le darán máximo protagonismo.

Sin embargo, hay otro tipo de problemas que encajan en todos los discursos. Es el caso de la polarización que se denuncia en los mítines de Pedro Sánchez, Núñez Feijóo y Santiago Abascal, por eso solo la vivienda y la economía la superan en importancia en la encuesta.

Vuelvo a lo que estaba. Decía que la economía está colonizada por la política, fijándome en lo que revela el sondeo sobre la situación política. Sólo un 1% de los ciudadanos dicen que la situación es ‘muy buena’, un 5% ‘buena’ y un 17% ‘regular’. El resto valoran la situación política de ‘mala’ o ‘muy mala’. El dato más rotundo de la encuesta es éste: el 51% de los encuestados dicen que la situación política es ‘muy mala’. Nunca antes había sucedido algo así. Si más de la mitad de los españoles interiorizan que la situación política es muy mala es imposible que vean positiva la situación económica. La valoración corresponde a un país enfermo.

Otro elemento notable es la ubicación de la inmigración en la escala de los problemas. Sólo es el primero o segundo problema para el 12%. Téngase en cuenta que los ciudadanos opinan sobre la inmigración después de estar más de tres meses viendo imágenes de la masiva invasión de Ceuta. Tal parece que el fenómeno de la inmigración cursa más por la vía ideológica que por las conversaciones de calle.

Al preguntar por problemas concretos, como la tragedia de Urda, vemos que el 87% de los encuestados creen ‘mucho’ o ‘bastante’ que el fallo de los sistemas de seguridad fue la causa de la catástrofe. Un 6% considera que los sistemas de seguridad tuvieron ‘poco’ que ver y el 1% ‘nada’.

Al plantear como causa del accidente la falta de profesionalidad de los cargos directivos, el 49% dice que ‘mucho’, el 31% ‘bastante’, 9% ‘poco’ y 4% ‘nada’. A la vista del sondeo parece que las explicaciones de Sánchez y Puente no resultaron convincentes.

Sobre el coste político de la catástrofe, el 82% avala la dimisión del ministro, mientras que un 16% la rechaza. ¿Debería haber más dimisiones en el gobierno? 66% ‘sí’, 32% ‘no’. Sobre las explicaciones dadas, la mayoría (66%) considera que son insuficientes, y un 31% se conforma. En todas estas preguntas hay un porcentaje en torno al 2% que no tiene opinión.

Un hecho a resaltar es que temas principales, como el accidente de Urda o la invasión de Ceuta, concentraron más la atención de las mujeres que de los hombres.

En cuanto al seguimiento de los asuntos de actualidad, es mayor el interés que prestan las personas que tienen más de 45 años y, en especial, las que superan los 65 años. Tal vez sea porque tienen más tiempo libre o, quizás, porque estén mejor instruidas.

La respuesta es sencilla: Tomé, líder de Somos, grupo creado por el antiguo sector crítico de Podemos, ha ganado el pulso en torno al presupuesto. PSOE e IU tuvieron miedo de que ejecutara la amenaza de rechazar el proyecto de cuentas si no se declaraba zona tensionada al área central de la región, y por eso, salió corriendo Ovidio Zapico a exponer el gran crecimiento del mapa de viviendas con el alquiler tasado. Tomé exigió para aprobar los presupuestos intervenir el área central y, a continuación, el Gobierno de coalición pone topes al alquiler en Gijón, Oviedo, Avilés, Siero y Langreo: los cinco municipios más poblados de la región. Los cinco en el área central, como Corvera o Muros del Nalón.

Adrián Barbón no se podía permitir el lujo de quedarse sin presupuestos por culpa de ampliar o no las zonas tensionadas. Hubiera tenido un mayor coste político rectificar en el pleno de los presupuestos. Ovidio Zapico, para disfrazar la concesión hecha a Tomé, sacó a relucir que el Principado no va a declarar zonas de mercado residencial tensionado a municipios enteros, sino barrio a barrio, núcleo a núcleo. Justificó esa precisión por la necesidad de blindar jurídicamente cada resolución ante los tribunales. Así que distinguen entre barrios por miedo a las sentencias judiciales.

Vamos a ver, en Barcelona, Bilbao, Pamplona, Tarragona, Lérida, San Sebastián, Gerona, La Coruña o Vitoria, todo el municipio está declarado como zona de mercado residencial tensionado. Hay homogeneidad. Y todavía no les tiraron los jueces de las orejas. Como la Ley de la Vivienda es tan peculiar, por calificarla de alguna manera, la cualidad de tensionado o tensionada puede cambiar de un día para otro, porque depende del arriendo, pero también del poder adquisitivo del inquilino. Quiero decir que, si el Principado se pone exquisito, en un mismo bloque, en el 1º A, por ejemplo, el alquiler está topado, pero en el 7ºC está libre. Si tienen un pandemónium con los pisos de Vipasa, cómo se atreven a ordenar los 550.000 inmuebles del área central.

El 17 de julio de 2025 cambió cualitativamente la situación del peaje del Huerna. La Comisión Europea dictaminó que las prórrogas de los peajes (en la AP-9 hasta 2048 y en la AP-66 hasta 2050) concedidas por el Gobierno de Aznar vulneraban la legislación comunitaria. La concesión otorgada a la empresa Aucalsa era nula de pleno derecho al no haber mediado un procedimiento de concurrencia o concurso público. Por lo tanto, lo que correspondía era licitar un nuevo contrato para que otras empresas pudieran concursar.

Llegados a este punto hay dos asuntos que ponderar. Uno es el tiempo. Lo que entienden los juristas de la Comisión Europea por «corto plazo». La batalla política y social sobre el peaje del Huerna se da entre el Principado, y aliados, contra el Gobierno que despliega una defensa numantina de la tasa, que es tanto como decir una defensa de los intereses de Aucalsa. El Gobierno quiere que asturianos y leoneses sigamos veinticuatro años asumiendo el peaje para no verse envuelto en el pago de amortizaciones a la empresa. Es un cálculo político y electoral: no merece la pena aflojar tanta pasta para captar un electorado reducido. Eso mismo ocurrió con el vial de Jove: el Ministerio de Transportes decidió que no le compensaba gastar 285 millones en la zona oeste de Gijón. Si tras las elecciones del próximo 29 de noviembre se forma un gobierno de distinto signo político es posible que acepte el dictamen de la Comisión Europea y se acabe el litigio. Pero es sólo una posibilidad contra dos: se revalida la actual mayoría parlamentaria o hay cambio de gobierno, pero el peaje del Huerna sigue siendo muy caro para los nuevos gestores.

La otra cuestión es lo que ocurriría con una sentencia del TSJU favorable a la nulidad del peaje. No es lo mismo anular un peaje que rescatarlo. El Gobierno, teóricamente, podría sacarlo a licitación por un tiempo determinado, aunque es cierto que la bronca política y social sería de campeonato. Entre tantas cábalas, Santano, número dos de Puente hasta el martes, lo tiene claro: «Eliminar el peaje tendría un coste milmillonario y saldría de los bolsillos de los ciudadanos». Esos bolsillos también pagan el peaje.

La Junta General del Principado está divida en dos mitades: la izquierda en el Gobierno (PSOE, IU- Convocatoria) cuenta con el respaldo de veintidós escaños y la derecha opositora (PP, Vox, Foro) de otros tantos. En la Cámara, Tomé está en una posición de privilegio, ni con unos ni con otros, aunque por adscripción ideológica se ubica en la izquierda. Las tres derechas rechazan el proyecto de presupuestos, así que el voto de Tomé es decisivo para aprobar las cuentas. Desde Somos (grupo liderado por Tomé) habrán considerado que podían lanzar un órdago al Principado aprovechando la extrema sensibilidad política que hay en el periodo electoral.

Tomé y su equipo ha elegido un tema (extender la zona tensionada) que no tiene calado social. Lo digo desde la experiencia de vivir en uno de los primeros barrios calificados de ‘tensionados’ entre la indiferencia de la población. Tenían que haber pensado en otros asuntos que llegan más hondo a los ciudadanos. La vivienda es un gran tema, pero por las zonas tensionadas no se moviliza nadie. Ovidio Zapico (IU), consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, rechazó la demanda de Tomé afirmando que «la petición no se ajusta a los límites que se marca en la futura Ley de Vivienda». Es un caso curioso de valerse de una norma que todavía no está vigente. No aporta un argumento, sino que convierte el proyecto en ley para tapar la boca a la diputada discrepante.

No creo que llegue la sangre al río. Supongo que Tomé, y su entorno, considerarán muy arriesgado tumbar unos presupuestos por las dimensiones de la zona tensionada. Sería un disparate, con el agravante de que en mayo de 2027 hay elecciones autonómicas. Ir a la campaña electoral con un presupuesto prorrogado por no haber aprobado una medida burocrática que en el mejor de los casos podría bajar levemente el precio de algunas viviendas a cambio de dejar a la mayoría de los demandantes sin casa por falta de oferta es un disparate.

La Junta General del Principado está divida en dos mitades: la izquierda en el Gobierno (PSOE, IU- Convocatoria) cuenta con el respaldo de veintidós escaños y la derecha opositora (PP, Vox, Foro) de otros tantos. En la Cámara, Tomé está en una posición de privilegio, ni con unos ni con otros, aunque por adscripción ideológica se ubica en la izquierda. Las tres derechas rechazan el proyecto de presupuestos, así que el voto de Tomé es decisivo para aprobar las cuentas. Desde Somos (grupo liderado por Tomé) habrán considerado que podían lanzar un órdago al Principado aprovechando la extrema sensibilidad política que hay en el periodo electoral.

Tomé y su equipo ha elegido un tema (extender la zona tensionada) que no tiene calado social. Lo digo desde la experiencia de vivir en uno de los primeros barrios calificados de ‘tensionados’ entre la indiferencia de la población. Tenían que haber pensado en otros asuntos que llegan más hondo a los ciudadanos. La vivienda es un gran tema, pero por las zonas tensionadas no se moviliza nadie. Ovidio Zapico (IU), consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, rechazó la demanda de Tomé afirmando que «la petición no se ajusta a los límites que se marca en la futura Ley de Vivienda». Es un caso curioso de valerse de una norma que todavía no está vigente. No aporta un argumento, sino que convierte el proyecto en ley para tapar la boca a la diputada discrepante.

No creo que llegue la sangre al río. Supongo que Tomé, y su entorno, considerarán muy arriesgado tumbar unos presupuestos por las dimensiones de la zona tensionada. Sería un disparate, con el agravante de que en mayo de 2027 hay elecciones autonómicas. Ir a la campaña electoral con un presupuesto prorrogado por no haber aprobado una medida burocrática que en el mejor de los casos podría bajar levemente el precio de algunas viviendas a cambio de dejar a la mayoría de los demandantes sin casa por falta de oferta es un disparate.

Una situación parecida se presenta, ahora, con otro tipo de enseñanzas universitarias, como es la educación. El decano de la Facultad de Formación del Profesorado, Celestino Rodríguez, está preocupado por los 1.500 alumnos de su centro que hacen prácticas obligatorias y necesitan pasar por las aulas de los colegios («hay muchísimos alumnos de las universidades privadas en Asturias y la presión está ahí, encima de la mesa»). Se refiere, sobre todo, a universidades online. Como solución el decano pide que se blinde a los alumnos de la Universidad de Oviedo.

El blindaje está de moda en el debate público. Que la población tiene carencia de viviendas, el tema se soluciona blindando las casas. Que aumenta el paro, el remedio es blindar el empleo. Políticos y gestores públicos respiran tranquilos cuando la causa de sus desvelos (vivienda, trabajo) se eleva a categoría constitucional. Si la vivienda o el trabajo se incrustan en la Constitución desaparecen los problemas; eso, al menos es lo que creen o lo que dicen. En la reciente visita de Pedro Sánchez a Gijón anunció, como primicia, que introduciría las pensiones y su revalorización según el IPC en la Constitución. Si un día no hay dinero para pagar las pensiones el blindaje se caerá como la tirita de la herida.

Si hay muchos más alumnos que plazas para hacer prácticas de educación, habrá que hacer una prueba de selección o guiarse por las notas. Prohibir que las hagan los que vengan de universidades privadas sería una aberración tan grande como impedir que se presentaran a las oposiciones para obtener un puesto de trabajo en la Administración.

La inflación es un fenómeno que conocen bien los sindicatos y los trabajadores porque se ha vivido con especial intensidad en las crisis del petróleo (año setenta y ochenta del pasado siglo) y en los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2008. También en 2011 por la súbita subida del precio del petróleo. En la actualidad la inflación hace un especial daño a los trabajadores porque el Gobierno no quiere deflactar el Impuesto sobre la Renta. Los empleados, sin mejorar el poder adquisitivo de sus sueldos, pagan más impuestos. Es injusto que la mejora nominal de los salarios conlleve pagar más tributos. Los únicos que ganan con el incremento de los precios son las administraciones públicas, que recaudan más dinero que nunca.

Las relaciones entre trabajadores y empresarios se tensan con la inflación. Los primeros quieren un mayor aumento del sueldo para compensar o equilibrar la elevación de los precios de mercancías y servicios. Los segundos no pueden subir tanto los salarios como desearían los operarios porque el aumento de los costes del negocio suele ser superior al aumento de los beneficios, ya que en épocas inflacionarias las ventas tienden a la baja. La falta de acuerdos desemboca con frecuencia en huelgas. Eso es lo que ha sucedido en los ocho primeros meses del año, con veinticuatro huelgas. Más de seis mil trabajadores se involucraron en ellas.

La huelga de mayor importancia ha sido la de los médicos de la sanidad pública. No había problemas de inflación o de sueldos en ella. La protesta de los galenos era por el Estatuto Marco de la profesión. Resistiendo el paro estaba la ministra Mónica García (Frente Amplio), que fue quién prendió la mecha del conflicto, con una propuesta de Estatuto provocativa. SELos trabajadores de la industria auxiliar casi bloquean la actividad de Arcelor. También tuvieron perfil reivindicativo las técnicas del ciclo 0-3 años de la educación. Sanidad, metal y educación fueron los sectores más combativos.