Datos de este rango los esgrimieron los distintos portavoces del PP en los últimos quince años y los presidentes socialistas (Adrián Barbón, Javier Fernández), al no poder rebatir las cifras, calificaron de pesimistas, de agoreros, a los líderes de la oposición. De ahí sus lemas electorales: ‘La Mejor Asturias’, ‘La Asturias del Sí’. Optimismo voluntarista.

En esta ocasión, Barbón se alejó de las etiquetas y encaró los datos de Queipo: sólo Asturias sufrió tantas reconversiones (carbón, siderurgia, naval, metalurgia, campo, etc.). Es un argumento de peso. Ahora bien, ninguna región como Asturias recibió tantas ayudas, desde los fondos mineros, hasta los fondos de cohesión, pasando por el plan complementario de las cuencas mineras o el fondo de la transición justa, por no hablar de que somos con Extremadura la región con mayor superávit fiscal con el Estado que oscila entre el 8,4% y 10,4% del PIB.

Los datos no hablan bien de los gobiernos que tuvo Asturias, aunque pese a la decadencia el electorado eligió siempre al mismo partido. Un tema que merece una reflexión aparte. Barbón habló del récord de cotizantes a la Seguridad Social, del fuerte descenso del paro, del despegue del sector tecnológico, etc.

Servicios
Barbón está orgulloso de la fuerte financiación de los servicios públicos, otra cosa son los resultados. Queipo, siempre basándose en los registros de 2019, señaló que hay más de 185.000 personas en las listas de espera de la Sanidad (un 65% más que en 2019). Para recibir las prestaciones de la Dependencia es preciso esperar más de un año, con un resultado luctuoso: de media, cada día, mueren tres personas de la lista de espera. En 2025 fueron 1.245 los fallecidos. Algunos equipamientos, como los geriátricos, tienen 3.300 solicitudes, el 78% mas que al inicio de la legislatura. Los servicios públicos bordean el colapso.

Barbón aprovechó que puede intervenir sin límite de tiempo para lanzar anuncios atractivos para el electorado. Por ejemplo: elevar las ayudas a la conciliación familiar hasta 400 euros por hijo; desdoblar los equipos de Atención Primaria (Sanidad) con más de 1.500 pacientes; o aumentar los bonos de comercio hasta los cinco millones.

Los anuncios del presidente sólo a veces guardaron relación con lo que se estaba debatiendo, pero ya se sabe que Barbón aprovecha siempre que el Pisuerga pasa por Valladolid.

Fiscalidad
En materia fiscal, Queipo propuso una reducción del IRPF por tramos, suprimir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para familiares directos y una reducción progresiva del Impuesto de Patrimonio. En las cuestiones tributarias hay una notable diferencia entre ambos.

Barbón defiende la vía fiscal asturiana, donde más que de tipos fiscales se habla de deducciones en la cuota. Un andamiaje para evitar la deflactación del IRPF que le demanda la oposición. En este punto es donde Barbón defiende uno de los postulados políticos más sorprendentes de su cuerpo doctrinal: deflactar el IRPF sería darle 400 euros más a cada diputado. Áteme esa mosca por el rabo.

Sobre esa base explicó que Queipo votó ‘no’ a la reforma del IRPF del Gobierno de coalición porque «quería bajar el IRPF que él paga». De esa forma cada diputado tendría 400 euros de rebaja, aclaró el presidente. En un tributo tan central en el modelo fiscal, como es el Impuesto sobre la Renta, es inaudito que se fijen los tipos en función de lo que ganen o dejen de ganar los diputados.

El toma y daca entre el presidente y el líder de la oposición estuvo envuelto en una atmósfera electoral. Barbón salpicó sus intervenciones de alusiones, como la tardanza del PP en confirmar a Queipo como candidato a la Presidencia del Principado. También recordó gestas electorales: en 2011, en Laviana, todos lo daban por perdedor, y ganó. Nos contó más victorias al límite: en 2023 todas las encuestas decían que iba a ganar el PP en el Principado y retuvo el cargo. Adrián Barbón tiene que recordar que sus encuestas, las de Ferraz, siempre le dieron por ganador. El favorito era él, pero a la hora de la verdad, por 900 papeletas en el oriente, se mantuvo de presidente. Y eso que la lista del PP la encabezaba un señor de Bruselas.

Confidencia
Queipo es más frío, más distante, más contenido. También más correcto en las formas parlamentarias. Finalizando el duelo le dijo a Barbón que le iba a hacer una confidencia: «Usted en 2019 era un candidato a tener en cuenta; preocupaba entre las filas del PP. Se le veía como un rival difícil. Su evolución ha sido lamentable. Es un representante de la Asturias anquilosada. El problema es usted que se ha convertido en un meme de sí mismo. No tiene un problema de comunicación. Su problema es de credibilidad por la gestión».

Inició los cien minutos de lectura con el bable, entreverado de eonaviego. Pronto recurrió al castellano porque lo habla con soltura, y, sobre todo, le entienden mucho mejor.

Apenas había dicho que en el septenato se había producido un cambio acelerado, intenso y positivo, cuando sacó a relucir a Rubén Rosón y a su compañero de fatigas, Jorge Fernández. Los citaría otra vez y una tercera de forma elidida.

Con los golpes recibidos por los dos activistas podía hablar de homofobia, extremismo ultra, la situación de Alemania y, cómo no, llegar a Vox. Todo el discurso exige ser leído en clave electoral.

Bienestar

Aportó cifras. En un recorrido rápido por el Estado del Bienestar, señaló, por ejemplo, que el gasto sanitario (lo llama inversión, pero es gasto) por habitante creció en siete años en 743 euros y el de Bienestar Social en 63. Tanto esfuerzo en sanidad y tan deteriorada la asistencia. En Bienestar Social, no hubo un gran aumento del gasto y la gestión fue desastrosa hasta el punto de pedir Barbón perdón por anticipado. El Plan Agiliza para reducir las ayudas a la dependencia fracasó con estrépito.

El presidente del Principado leyó el discurso a velocidad AVE, apoyándose en trucos («les pongo tres ejemplos», «quédense con este dato»), que le ahorraban entrar en argumentos. Más que un discurso parecía el índice o guion de un discurso. Excepto la parte final que fue apoteósica.

En Educación, tras hacer loas de la gratuidad en la Universidad de Oviedo (pagamos los contribuyentes, no los beneficiarios, aunque sean multimillonarios), hizo una referencia sobre el informa PISA muy ecuánime. Me sorprendió.

En vez de presumir del tercer puesto de Asturias en PISA, por delante de casi todas las regiones, dijo que por su parte «complacencia cero». Tiene razón, comparadas con el resto de comunidades el resultado de Asturias es sobresaliente, pero mucho peor que hace tres años.

Habló de reforzar la capacidad lectora. Es la primera vez que la educación tiene un tratamiento riguroso en el debate sobre el estado de la región ¡Chapeau!.

Deducciones

Conocimos las novedades fiscales para la clase media, de las que se estuvo hablando todo el verano. En las declaraciones individuales del IRPF se elevan de 35.000 a 36.750 el tope de ingresos para poder acogerse a las deducciones. En declaraciones conjuntas, el límite aumenta de 45.000 a 54.000. Una novedad es poder acceder a un porcentaje, sin determinar, de la deducción. Esta modalidad alcanza a las declaraciones conjuntas de 54.000 a 73.500 euros.

Desaparece el límite de renta para la deducción destinada a personas celiacas. Una vez más, la vía fiscal asturiana se convierte en un reparto desigual de beneficios. ¿Por qué Hacienda decide que se pueda bonificar a un celiaco y no a un paciente oncológico, un cardiópata isquémico o un anciano con Alzheimer? Hacer de capricho ley es muy poco edificante. Como toda la intervención fue una petición al voto, por fin Barbón se acordó del Impuesto de Donaciones, para aplicar el tipo cero en los primeros 150.000 euros del precio de la primera vivienda.

Para seducir a los gijoneses anunció una inversión de 150 millones en la ampliación del hospital de Cabueñes, el mismo mes en que se cumplen once años del anuncio de la ampliación, y tras siete años en los que el Gobierno de Barbón no fue capaz de sacar adelante la licitación de la obra.

Al hablar del agro el presidente del Principado puso énfasis en el Pacto por el Medio Rural. La idea fue de Ovidio Zapico (IU), que la lanzó en una entrevista en este periódico, «hay que lanzar una alianza por el campo asturiano» hace más de dos años.

De pronto cambió el tono y tropezó en la lectura: «nunca olvidaré» el 31 de marzo de 2025. Cinco muertos en la mina de Cerredo. Es el talón de Aquiles del mandato socialista. Tras anunciar que investigarían «hasta el final», hicieron todo lo posible por exculpar a los altos responsables de la Administración. El dictamen de la comisión exigió responsabilidades políticas para cuatro exconsejeros; el Gobierno lo ignoró.

Espectacular

En la parte final del discurso, Barbón hizo un ejercicio de contorsionismo electoral. Empezó a hablar sobre el deporte. Cada vez habrá más dinero para todos y para todo. En las estaciones de esquí recurrió a Churchill, «nunca se hizo tanto y con tanta visión sobre el futuro» («nunca tantos debieron tanto a tan pocos», Cámara de los Comunes). De ahí pasó a trabajar al colectivo LGTBI con Neruda; luego anunció un viaje inminente a Argentina para defender el derecho de los nietos.

Hizo un hueco para la Ley de Cultura e Identidad. Anunció que en la próxima legislatura el bable será oficial, sin haber ganado el escaño. Dio un volantazo a la derecha y empezó a ponderar al sector moderado: Antonio Landeta. Regado el voto de deportistas y familias, homosexuales, lesbianas, etc, ganado el exilio y neutralizado el PP, avisó: Asturias es pieza caza mayor (Vox).

Una vez más, ni una sola vez pronunció la palabra productividad. Eso queda para la derecha. Lo suyo es el progreso.

El Sindicato Médico Profesional de Asturias (SIMPA) también negoció con el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) mejoras laborales y reducción de la jornada, a finales del pasado año, y logró evitar una huelga que estaba prevista para las primeras semanas de 2026. Gracias a aquel acuerdo se redujo la brecha salarial por exclusividad un 60%-70%, se puso un tope máximo de pacientes a atender a diario por cada médico en los centros de salud (de 43 a 38) y se mejoró la retribución de las guardias MIR, entre otros logros. En aquel tiempo todavía no existía el sindicato SIMES, pero estaba una plataforma independiente, con las mismas siglas, que derivó en el sindicato. La plataforma discrepaba del pacto del SIMPA y el Sespa, así que sería bueno conocer qué semejanzas y diferencias hay entre ambos acuerdos.

Aunque se da mucho relieve a los pactos logrados por la Administración asturiana con los sindicatos, el verdadero conflicto que degrada la atención sanitaria es de carácter nacional y se debe al choque entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos médicos (CESM, AMYTS, Sindicato Médico Andaluz) por el Estatuto Marco. De no alcanzar una solución, el 28 de octubre empezará una huelga indefinida de todos los médicos de la sanidad pública. Puede ser un conflicto de grandes dimensiones que dañará gravemente la atención sanitaria al incidir directamente en las listas de espera (quirúrgicas, diagnósticas y de especialista). De poco van a valer las ententes regionales entre consejerías y sindicatos, si después se produce una huelga indefinida de médicos.

Lo más llamativo es que no está en juego la jornada ni la nómina si no el reconocimiento del estatus de los médicos. Un paro producto del empecinamiento de la ministra de Sanidad, Mónica García (la misma que dijo que la inmigración no trae enfermedades), que no ha merecido ninguna declaración de Pedro Sánchez. El Estado no apaga fuegos.

Bien sea por decisión del Gobierno central o del asturiano la masa salarial crece por encima de lo que dicta la prudencia. En la última década la factura de los sueldos del Principado creció en 854 millones, lo que supone un aumento del 53,4%. Como aún estamos en fase de expansión el coste del personal con respecto al presupuesto ha bajado ligeramente. En 2017, era del 38,2% y este año es del 35,5%. Un descenso que no es nada tranquilizante porque cuando el ciclo cambie, el PIB se estanque, o crezca mínimamente, y la recaudación tributaria descienda, la masa salarial será una losa que obligará a tirar de deuda.

La mezcla de gobierno débil y recaudación tributaria alta es explosiva. Para sobrevivir, los gobernantes ceden a las presiones de otros partidos y a las más variadas reivindicaciones de sindicatos o colectivos sociales. Un ejemplo de cómo la debilidad lleva al disparate es ver al ministro de Asuntos Exteriores, Albares Bueno, advirtiendo a Bruselas que España bloqueará la entrada de nuevos países en la Unión Europea si no se acepta el catalán, el euskera y el gallego como lenguas comunitarias.

La negativa a deflactar el IRPF contribuye a que la factura fiscal para los ciudadanos sea mayor que nunca. De esa manera se llenan las arcas de Hacienda. El próximo año recibiremos del sistema de financiación autonómica 4.238 millones, 273 más que en el presente ejercicio. Cuando se enfríe la economía, los recursos descenderán, pero los sueldos seguirán subiendo en función del Índice de Precios al Consumo. Los sueldos son una variable rígida a la baja. Conviene no olvidarlo. No es normal que la masa salarial crezca por encima del 50% cada diez años.

En otras ocasiones, en una coyuntura como esta, estaban los líderes políticos haciendo promesas, aportando supuestos remedios. La economía tendría un papel predominante en el debate, como ocurre en todas las democracias europeas desde las crisis del petróleo de los años setenta. La izquierda pondría el énfasis en el Estado del Bienestar y la derecha en los impuestos y la productividad. Conocemos bien ese escenario porque lo hemos visto dieciséis veces desde la recuperación de las libertades (1977).

El actual curso político toma otros derroteros. Se hacen alusiones a las elecciones, siempre a modo de ajuste de cuentas, pero la cuestión electoral queda en un segundo plano opacada por la candente actualidad. A pocos meses de la triple cita electoral la opinión pública no mira hacia las urnas, sino hacia Ceuta.

Lo que sucede en la ciudad autónoma es inédito. El aspecto más llamativo no está en la invasión de un territorio español por una turba de indocumentados, sino en la ausencia de respuesta. La invasión se ha producido y el Gobierno solo sabe, cuarenta días más tarde, organizar campamentos de acogida con wifi. Marruecos dirigió la operación del paso de la frontera y España no la impidió. La autoría de la operación corresponde, inequívocamente, a Marruecos, que contó con la connivencia del Gobierno español. Sólo así se entiende que más de ochenta mil personas invadieran Ceuta, duplicando su población, y que cincuenta días más tarde haya trece mil deambulando por las calles y playas de la ciudad.

Pedro Sánchez declaró en una televisión amiga que «nos hemos dado (plazo) de aquí al final de año para arreglar la situación de Ceuta». ¿Tres meses y medio para devolver a los 13.000 ilegales? Después de ocho años en la Moncloa el presidente del Gobierno goza de una amplia incredulidad entre la sociedad.

«Arreglar» la situación de Ceuta no quiere decir devolver a los ocupantes a su país de origen. Por «arreglar» se puede entender, por ejemplo, acabar con la ocupación de playas y barrios, alojando a los invasores en carpas o barracones. «Arreglar» también incluye desplazarlos a la Península, de forma pactada o subrepticia, para acabar convirtiéndolos en transeúntes en espera de arraigo en territorios gobernados por el PP. De esa operación de realojo quedarían exonerados el País Vasco y Cataluña que tienen derecho preconstitucional a proteger su linaje. Para «arreglar» son útiles los menores de edad no acompañados que quedan bajo la tutela de la comunidad autónoma y tienen derecho inalienable al reagrupamiento familiar en España.

Cuando Sánchez promete «arreglar la situación», no parece que esté en su mente expulsar a los miles de invasores, sino gestionar el statu quo creado entre la actividad de Rabat y la pasividad de Madrid. La plaza fuerte de Ceuta bien pudiera ser el primer objetivo de una operación de mayor alcance.

La invasión de Ceuta mueve los cimientos del orden constitucional. La integridad territorial está en el art. 8 de la Constitución, como un bien a defender. Sánchez la invocó a finales de julio, pero después convirtió la invasión en una crisis humanitaria para que rimara mejor con sus pretensiones. La integridad territorial sigue cuestionada con miles de ilegales ocupando la ciudad.

Coinciden en el tiempo dos grandes anomalías. Acabaron con la normalidad de Ceuta los 80.000 indocumentados que entraron de forma ilegal. Y de forma callada, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (personas que viven en el extranjero, pero obtuvieron la nacionalidad española) creció en 408.262 personas en los últimos tres años. La Ley de Memoria Democrática abrió la puerta al conceder la nacionalidad a todo hijo o nieto de exiliados. Luego, una disposición administrativa firmada por Sofía Puente, hermana del ministro Puente, otorgó la consideración de exiliado a todo aquel que hubiera abandonado España desde el inicio de la guerra civil hasta 1955. Un disparate intencionado que ha llevado a que aumente el Censo Electoral de Residentes Ausentes un 17,5%, mientras el Censo de Electores Residentes en España creció por debajo del 0,5%. Dos procesos de distinta naturaleza pero que siguen la estrategia de inflar artificialmente la población.

En IU no se han enterado de que al negarse Adrián Barbón y Pedro Sánchez a deflactar el IRPF, el peligro no está en las bajadas de impuestos sino en que los tramos del Impuesto sobre la Renta (autonómico y estatal) quedan congelados lo que provoca que se pague más a Hacienda. Así se empobrece la sociedad y, sobre todo, las clases medias. Controlar la política fiscal para que no tenga concomitancias con las demandas de la patronal es propio de una inmadurez política asombrosa y, si se me apura, hasta personal. Un gobierno de izquierdas coincidirá unas veces con la patronal y otras veces, no, pero sabe que es preciso llegar a determinados acuerdos con los empresarios si se quiere sacar a Asturias del furgón de cola en el crecimiento de riqueza (PIB). Sin el sector privado, la región naufraga.

Tomé, sabedora de que el Gobierno de coalición necesita su voto para ejecutar subidas o bajadas de impuestos y, lo que es más importante, para aprobar el último presupuesto de la legislatura, fijó postura: «la prioridad de cualquier reforma fiscal es el refuerzo de los servicios públicos». De esa frase se puede deducir que cualquier modificación fiscal tiene que ir en la línea de recaudar más dinero. Dicho de forma más clara: elevar más los impuestos. Es un paso más allá del dado por IU, que se conforma con que las reformas fiscales sean compatibles con la financiación de los servicios públicos. Parece que ni Tomé ni IU son conscientes de que vamos todos los años de récord en récord de recaudación. El Principado tiene más recursos que nunca. Cuestión distinta es en qué gasta esa riqueza.

Los tres partidos de derechas (PP, Foro, Vox) no se andan con rodeos: hay que bajar los impuestos para que aumente la competitividad. No hablan de la patronal o de la clase obrera, sino de intereses regionales.

De los siete escaños asturianos, cuatro son de la derecha (3 del PP y 1 de Vox) y, por tanto, inmunes a los ruegos de Zapico. De los tres restantes, dos son socialistas. A los diputados del PSOE les caracteriza la disciplina parlamentaria, cuando toque votar, Patxi López levantará su dedo índice (señal de voto afirmativo) y todos irán en bloque. Así que el llamamiento de Zapico solo rige para Rafael Cofiño, miembro de Sumar, captado por Yolanda Díaz para la política parlamentaria tras haber trabajado como director general de Sanidad en el Gobierno de Barbón. Cofiño no tiene prisa, dice que es pronto para hablar de votaciones, cuando falta la tramitación y votación de las enmiendas que darán paso al texto definitivo.

A día de hoy, Xabel Vegas votaría con los socialistas, Zapico se inclina por el no, y Cofiño oscila entre el apoyo, propio de un partido que gobierna en coalición, y el rechazo de todas las formaciones que están en las regiones que se sienten defraudadas con el reparto de recursos.

Todo indica que en Convocatoria por Asturias no dedicaron ninguna de sus reuniones (la colegiada) a estudiar el modelo de financiación, por eso a la hora de posicionarse hay diversidad de posturas. La comodidad que sienten los dirigentes izquierdistas abordando temas desde una perspectiva ideológica se vuelve fastidio al tratar cuestiones concretas donde no se puede contentar a todos: el dinero que recibe Cataluña en la financiación autonómica se le quita a Asturias que pierde seis puntos porcentuales por habitante ajustado. Pasamos de estar por encima de la media, con 101,3 puntos, a estar por debajo, con 95,3.

Cualquier partido de centroderecha puede verter determinadas críticas sobre el modelo de financiación, con la seguridad de que la Federación Socialista Asturiana (FSA) nunca le va a imitar, como es centrar los ataques en el trato privilegiado a Cataluña, que es la razón de haber aprobado un modelo tan arbitrario, con variables exóticas, como el Fondo Climático (qué tendrá que ver la financiación de los servicios públicos con el cambio climático) o el fondo vinculado a las pymes. Sobre esos asuntos los socialistas asturianos no dirán ni una palabra porque el presidente de la Generalitat es un tal Salvador IIla.

El ‘no’ del Principado se basó en el cálculo de la población ajustada, que bajo su criterio no estima correctamente las variables que favorecen a Asturias (envejecimiento, dispersión de la población, orografía). Una cuestión técnica que no implica enfrentamiento político, aunque es cierto que el PSOE asturiano nunca se había atrevido a discrepar en asuntos de esta naturaleza de un gobierno central presidido por su partido. Dada la trayectoria de seguidismo que tienen las organizaciones asturianas de PSOE y PP, con respecto a la cúpula de sus partidos, el paso dado por Barbón es meritorio.

De la mesa de financiación lo más destacado es la postura de IU-Convocatoria llamando a aprobar el modelo de financiación del Gobierno de España. Increíble. Xabel Vegas reconoció que tiene «aspectos mejorables» (toda una concesión), pero merece la pena apoyarlo porque «inyecta 21.000 millones a las comunidades autónomas, millones que van a ser importantísimos para nuestro Estado de Bienestar». De los 21.000 millones Asturias recibirá 248, una cantidad demasiado pequeña para el objetivo que propone Xabel Vegas. Asombra hasta qué punto ha perdido el rumbo la izquierda radical. El trasvase de recursos del Estado a las regiones va a terminar con la solidaridad territorial, de la que el Estado es el único garante. El neonacionalismo crea monstruos.Comenta

El consejero de IU en el Gobierno de coalición de la izquierda, presidido por Adrián Barbón, también defendió el programa ‘Alquilámoste’, que gestiona 80 viviendas. Lleva diez meses el Principado ofertando el programa que funciona así: un particular cede al Principado una vivienda vacía durante un periodo máximo de 7 años y 4 meses y éste la realquila a personas con ingresos bajos, pagando al propietario una cantidad limitada, con la seguridad de que al final del contrato la recibe en las mismas condiciones en que la entregó.

Zapico afirmó que el programa está asentado sobre pilares sólidos para movilizar vivienda privada y ofrecerla a precios inferiores a los de referencia en cada zona. Una visión optimista. Contar solo con 80 viviendas, en diez meses, indica que los propietarios de segundas viviendas no quedaron seducidos con el reclamo de Alquilámoste. Quizás funcione en algunos barrios periféricos. El dirigente de IU señaló que las políticas de vivienda no tienen una reacción inmediata. No es así. El Gobierno central aprobó la Ley de Vivienda, con las zonas tensionadas en el articulado, y los propietarios de inmuebles salieron corriendo despavoridos. La oferta de alquileres de larga estancia desapareció.

Recuerdo que, a principios del pasado año, la Consejería de Salud del Principado se reunió con muchas entidades (39) vinculadas al bienestar emocional para, entre todos, respaldar un decálogo de medidas y objetivos que permitió al Principado presentarlo como Pacto por la Salud Mental. Primero se pacta y, luego, en la Cámara legislativa se aprueba el articulado. El tema es muy importante y el Principado consideró oportuno darle empaque; para ello nada mejor que un pacto entre muchas de las personas y entidades que trabajan sobre la salud mental. Me quedó en la mente un recuerdo borroso de la foto que sellaba el pacto: multitud de personas de pie, entre ellos gente destacada y competente en la materia, acompañada de ese abigarrado grupo de asturianos con cargos institucionales que se cuelan en todas las fotos, sean de carácter deportivo, sanitario o micológico.

No dudo de la rectitud y competencia de los impulsores del proyecto, pero no creo que la mejora de la salud mental dependa de una ley ni que sirva para algo forjar amplios consensos multisectoriales (más de cien organizaciones) donde se incluyen un grupo relevante de personas o entidades que tienen una relación periférica, o nula, con la salud mental. De las declaraciones realizadas por profesionales destacados (psiquiatras, psicólogos clínicos) se deduce que el beneficio de la ley depende de la implementación de recursos. Es una constante. Al final, los servicios de atención al ciudadano (enfermo, estudiante, dependiente) mejoran en la medida que crecen los recursos humanos. En este caso hay que recordar la contratación extraordinaria que ya realizó el Principado de psiquiatras y psicólogos, junto a otros trabajadores del sector.

De las reflexiones de unos y otros destaca una controversia que no es nueva: los profesionales reclaman atención para las personas con patologías psiquiátricas, mientras la sociedad se muestra muy sensible con problemas mentales difusos de carácter cotidiano; con estados de ánimo: tristeza, irritación, sensación de incomodidad. No creo que ni la ley ni el decálogo hayan solucionado esta dicotomía.