La mejora de la red convencional debería venir acompañada de un nombre que la identificara. Para Adif es un oprobio que se siga llamando Plan de Cercanías 2017-2025, cuando estamos en 2026 y el plan no quedará definitivamente ejecutado hasta dentro de diez años, más o menos. Hago este cálculo dando por buenos los datos de Adif: de los 1.469 millones de inversión que conlleva toda la infraestructura, quedan por gastar 1.196 millones. El 81,5%. Acabo de decir que faltarán unos diez años para acabar las obras, pero si a ese cálculo le añadimos la diferencia entre lo que se presupuesta y lo que se ejecuta, quizás habría que alargar la estación término hasta 2040 o más lejos aún. ¿Por qué? En los ocho años que van de 2017 a 2025, se consignaron 747,7 millones para las cercanías asturianas, pero solo se ejecutaron o consumieron 272,7 millones, el 36,4%. La pauta propagandística consiste en anunciar el triple de lo que se acaba invirtiendo.

Añadamos una reflexión general que vale para todas las infraestructuras clásicas del sector público (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, túneles, puertos, puentes, etc.), el ritmo de ejecución depende del crecimiento del PIB. Pensemos en la variante de Pajares. Los túneles de Pajares se construyeron en cuatro años menos un día (tiempo de trabajo real con las tuneladoras; la primera dovela se colocó año y medio antes, pero fue una mera ceremonia electoral). Era la primera década del siglo, con la economía creciendo como si tiraran por ella cien locomotoras de la Renfe. Hasta el 15 de septiembre de 2008, cuando quebró Lehman Brothers. Los túneles quedaron calados diez meses después. Se construyeron en cuatro años y se tardó catorce en amueblarlos (cables, ventilación, luces, sistemas de seguridad, pruebas, etc.).

El ciclo económico es el factor decisivo. Cuando Fraga Iribarne inauguraba paradores y albergues todos los meses el PIB crecía un 7%. Como la China de Xi Jinping.

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Las prestaciones sociales son de rigurosa competencia autonómica, por eso no es extraño que la oposición pregunte por ellas. Adrián Barbón y los portavoces de la izquierda elevan el rango de dichas prestaciones y las presentan como el «escudo social». Un escudo es una defensa, así que alguien las ataca. ¿Quién es? La derecha.

Cuando se miran los datos, resulta que tanto en la Dependencia evaluada por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, como el informe Pisa testado por la Organización y Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), o la Sanidad valorada por el Ministerio de Sanidad, no se ven diferencias entre la gestión de izquierdas o de derechas. El escudo social es un asunto debatido, mucho más que el paro, gran preocupación de los años ochenta y noventa. Dando por buena la primacía de lo social quiero fijarme en un solo aspecto: las colas.

Las interminables esperas cuando se quiere acudir a la consulta de un médico especialista o se pretende ocupar una plaza en un geriátrico. Las esperas son tan dilatadas que, a veces, muere la persona que optaba a una plaza en una residencia o que pretendía caminar con una prótesis de cadera. Cuando la expectativa se prolonga durante años equivale a decir que en Asturias no se hacen operaciones de cadera o que los geriátricos han cerrado.

Titular de EL COMERCIO el pasado viernes, página 15: ‘Cerca de 3.000 personas murieron en Asturias mientras esperaban por una cirugía o una consulta’. Son muchas, ¿verdad? Es el resultado de tener a 176.150 personas haciendo cola ante el quirófano, el médico especialista o el escáner. Casi el 20% de la población dando golpes con los nudillos en la puerta del escudo social.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, quiso ver el lado bueno de las cifras y dijo que «hay nueve de cada diez que no han fallecido estando en una lista de espera sanitaria». En eso debe consistir el Estado del Bienestar, que noventa de cada cien sigan vivos, aunque no los atienda el médico. Concepción Saavedra sacó a relucir la disculpa más manida cuando se trata de analizar las esperas: «los procesos no demorables (sic), como los oncológicos, no tienen demora». Como los pacientes con riesgo vital no forman parte de la cola, el resto pueden aguantar indefinidamente a que les llamen.

De lo anterior se deduce que la consejera no ve tras las interminables demoras la degradación de la atención sanitaria. Admite que un ciudadano necesite ir al oftalmólogo y le citen para marzo de 2027. No pasa nada. Además, ya quedó claro, sólo mueren en la cola el 11,4% de los pacientes. Que pase el siguiente.

En la red de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), donde están los geriátricos públicos y concertados, el 60% de los aspirantes a una plaza se quedan en la calle. Hace diez años lograban entrar en las residencias el 79% de los ancianos. Como la tercera edad es la única edad que crece cada año, la cola ante las residencias se alarga. La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, no suministró datos muy precisos, pero sabemos que el año pasado murieron 1.245 personas esperando una prestación del sistema de Dependencia. Entre unos (Sanidad) y otros (Dependencia), cerca de 5.000 asturianos mueren cada año sin beneficiarse del escudo social.

El Gobierno tiene una mayor insensibilidad con la falta de alojamiento para los ancianos en las residencias del ERA, que con la tardanza en atender a todo tipo de públicos en la Sanidad. ¿Por qué hago esta afirmación? Por el comportamiento de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Me explico.

En vez de trabajar para que haya más plazas, más habitaciones, más camas, se dedican a implantar el modelo minimalista de atención al anciano que consiste en implantar ‘unidades de convivencia’, con un máximo de quince personas. Todo eso está muy bien, pero lo primero es evitar que la gente más vulnerable de nuestra sociedad se quede en la calle o solos en su casa, que también es otra forma de morir sin molestar.

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A España le correspondieron 160.000 millones, una cantidad muy grande que tenía como principal debilidad la lentitud de la Administración pública para ejecutarla. Los fondos que no se invierten o gastan se pierden. Se acerca el momento de cerrar este periodo excepcional de abundancia de recursos y Asturias, de los 791 millones que le fueron asignados, todavía tiene el 37,8% sin gastar. El 30 de junio termina el plazo para usarlos y el 31 de agosto es la fecha final para presentar las certificaciones. Perder 284,8 millones tiene muy difícil justificación, así que el Principado hace lo que puede, mueve recursos que, supuestamente, iban a financiar un proyecto hacia otro que es más fácil de ejecutar.

Lo que no puede evitar es que quede visible el déficit de gestión en sectores importantes de la Administración, como es la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. La diputada Sandra Camino (PP) preguntó por los fondos destinados a Vivienda y el consejero portavoz, Guillermo Peláez, le dijo que «todo el dinero estaba garantizado, porque o no hay que devolverlo o el Gobierno de España lo garantiza con sus fondos». Es decir, si IU, partido que gestiona la Vivienda, no realizó las tramitaciones en el tiempo pedido, está el Gobierno de España para remediar el fallo. Cogersa tenía asignados 26 millones de fondos MRR. De ellos, 14,8 millones estaban destinados a obras que no dio tiempo a licitar. En la junta de accionistas, el Ayuntamiento de Gijón (concejal Pintueles) calificó de «pésima» la gestión del Principado y habló de pedir «responsabilidades políticas».

De todo el dinero que recibió España (160.000 millones) solo se consumieron 77.800 millones. Una pérdida enorme de recursos, producto del desvío de fondos hacia las administraciones públicas, cuando el objetivo era activar la economía y luchar contra el cambio climático.

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A España le correspondieron 160.000 millones, la segunda nación que más recibió tras Italia (210.000). Una cantidad se recibió en forma de préstamos (obligada devolución) y la otra en subvenciones (a fondo perdido). El Gobierno acabó renunciando al 70% de los prestamos asignados, conformándose con 22.800 millones. Los préstamos estaban condicionados a hacer inversiones y asumir determinadas condiciones. El Ejecutivo se centró en los 80.000 millones de subvenciones, aunque esta cantidad se acabó reduciendo, sensiblemente, porque las condiciones a las que se había comprometido con Bruselas no las cumplió. Los fondos extraordinarios, al final, se destinaron en gran medida a actividades que sólo relanzan la economía por el lado de la contratación de trabajadores, y tienen una mínima o nula influencia en el cambio del modelo económico hacia un sistema energético sin emisión de gases de efecto invernadero y con prácticas sociales ligadas a la reutilización de objetos y mercancías de todo tipo. Los ayuntamientos jugaron un papel muy importante para asignar subvenciones, así que ya se sabe, rehabilitar entornos urbanos, remodelar colegios, respaldar excavaciones arqueológicas, etc.

Asturias recibió 791 millones. Hasta el momento, casi el 40% de los fondos siguen retenidos por el Principado (284,8 millones). Como dijo la diputada Sandra Camino (PP), si estos fondos no se ejecutan habrá que financiar las actuaciones con recursos de la comunidad. La gestión del Gobierno asturiano es más lenta que la media de las regiones. Los retrasos tienen nombres propios. Por ejemplo, Cogersa tiene 12,8 millones inmovilizados. La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, la que menos ejecutó del presupuesto del Principado, tiene diez millones sin gastar en centros residenciales para la discapacidad, como el Centro Residencial de Cabueñes o el Centro Arboleya. En el relato bíblico, el maná alimentó durante 40 años al pueblo elegido. Aquí, por no agacharnos, lo dejamos tirado en el suelo.

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Basta leer los datos de la memoria de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) de 2024, publicada por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, para comprobar que cuestiones centrales de la Ley de Dependencia no funcionan. En la última década se quintuplicaron las peticiones de plazas en geriátricos públicos y concertados sin atender. En 2024, sólo se pudo satisfacer el 40% de la demanda. La perspectiva del problema se agrava si tenemos en cuenta que el número de plazas no crece. En 2024 había 46 plazas menos que en 2023.

El principal objetivo del Principado en los geriátricos no es aumentar las plazas, sino implantar un nuevo modelo de cuidados de larga duración que pasa por reformar los centros y crear unidades de convivencia de quince plazas, lo que implica una reforma radical del inmueble, consumiendo mucho tiempo y dinero. Me parece loable caminar hacia un modelo más confortable, donde el residente esté muy bien atendido, pero lo más urgente es evitar que la gente que está a la cola no tenga una plaza en los geriátricos.

Las unidades de convivencia, la residencia entendida como suma de pisos, está muy bien, pero para los próximos proyectos. Las actuales residencias no se tocan, salvo si es para ampliarlas. A ver si en el Gobierno impera el sentido común en un asunto tan sensible. De los 33.854 beneficiarios de la Dependencia que hay en Asturias, solo 3.996 están en una residencia pública o concertada, mientras 13.375 están en su casa auxiliados por un familiar (cuidador no profesional) que cobra un dinero. Está todo al revés de como se preveía en la ley. La prestación considerada en su día como excepcional, el cuidador familiar no profesional con sueldo, es la que tiene más éxito, mientras las residencias sólo atienden al 10% de los beneficiarios. Como la tercera edad es la única edad que crece, pronto sonará la alarma y empezarán los disparates.

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Cuando Tomé anunció su propuesta de beneficiar a las familias de los muertos y heridos, el Gobierno ya dijo que estaba pensando en una iniciativa más universal, más global. En estas líneas ya advertimos que el intento por minimizar o superar la iniciativa de la diputada que ha puesto contra las cuerdas al Gobierno con su dictamen sobre la catástrofe podría resultar muy gravoso, producto de la improvisación y la necesidad de retomar la iniciativa política, al verse los socialistas aislados y criticados. Pusimos de ejemplo lo que sucedió hace quince años con la carrera profesional de los médicos. En vez de concederles el complemento de la carrera profesional a los que se habían movilizado por él, ampliaron la carrera a todos los colectivos de la función pública. Recuerdo que a los pocos años, solo el complemento de los docentes alcanzaba los 20 millones de euros.

Hubiera sido más sensato dar una ayuda singular a las familias de una tragedia que impactó a toda la sociedad. El Gobierno la rechazó diciendo que «quebraba el sistema presupuestario». Lo que daña a las cuentas asturianas es el creciente gasto corriente, que empieza con el aumento de las contrataciones para engordar la Administración autonómica. La negativa a reconocer responsabilidades políticas de los exconsejeros, los lleva a compensarla multiplicando las ayudas. Ese trueque no va a ser posible.

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La situación actual de Mina Miura, cuyo titular es Carbones la Vega, tampoco empuja al optimismo, habiendo solicitado preconcurso de acreedores, tras varios meses de impagos a los trabajadores. No obstante, creo que hay que distinguir entre la capacitación de una empresa para explotar un yacimiento y el respaldo económico. La solvencia económica se debe exigir por igual a una empresa que se dedica al carbón, que a otra que produce acero o fabrica muñecas. Ahora bien, la capacidad técnica requiere un plus de exigencia en la mina por el riesgo que supone para los trabajadores.

Las enmiendas están influenciadas por el informe interno del Principado. Foro y otros grupos ponen el acento en la medida tomada por el Gobierno de suprimir el Servicio de Seguridad Minera. Este asunto es un tanto discutible si contemplamos la situación con la óptica del momento, año 2019. Unos meses antes se habían clausurado las explotaciones mineras. No añado la coletilla de «no competitivas», porque con la condición de devolver las ayudas estatales ninguna era competitiva. Al final, quedaban dos minas, una en Tineo y otra en Degaña (Cerredo). Unos meses más tarde, en Cerredo trabajaban un ingeniero, un administrativo y dos mineros de mantenimiento. ¿Hacía falta el servicio de seguridad para dos vigilantes? ¿No bastaba una inspección rigurosa y frecuente?

En cuanto a los nombres propios hay una amplia coincidencia sobre los exconsejeros a la hora de atribuir responsabilidades. Otras propuestas: funcionarios del Servicio de Minas, alcalde de Degaña, Barbón, es más dudoso que tengan un respaldo mayoritario. Lo importante es que el Parlamento sustancie responsabilidades y exija su depuración.

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Hay una coincidencia generalizada entre el resto de grupos en hacer responsables políticos del desastre a los consejeros de Industria de la etapa de Barbón (Enrique Fernández, Nieves Roqueñí, Belarmina Díaz) y al viceconsejero Isaac Pola. IU-Convocatoria por Asturias extienden las responsabilidades a todos los altos cargos del Servicio de Minas y al alcalde de Degaña. Por su parte, Adrián Pumares (Foro) incluye en las responsabilidades al presidente del Principado por suprimir el Servicio de Seguridad Minera. Vox también señala a Barbón.

La gran cuestión del debate está en responsabilizar a los exconsejeros socialistas o excluirlos de cualquier imputación. El argumento que utilizan Barbón, miembros socialistas del Gobierno y FSA para eximir a los exconsejeros es una impostura. Dicen que no hay pruebas concluyentes para vincular a ningún exconsejero con un delito de homicidio involuntario. Nadie culpó a los exconsejeros de Industria de participar, por acción u omisión, en un homicidio involuntario. Hay que estar muy ayuno de razones para recurrir a semejante disparate.

Lo que pide toda la Cámara, menos el PSOE, es responsabilizar o reprobar a los políticos que estaban al frente de la Administración en todo lo tocante a las minas. Hubo tantas irregularidades e ilegalidades sin que el Servicio e Minas se enterara, oficialmente, que no queda otro remedio que mirar para la cúpula de la Consejería de Industria. Si lo que plantea el PSOE saliera adelante las instituciones asturianas quedarían degradadas. Lo que Barbón y su gente están diciendo es que el Parlamento no puede exigir responsabilidades políticas a exmiembros del Gobierno que incluyan la pérdida de sus actuales cargos. Por eso la repetida promesa de «caiga quien caiga» era una falacia. Están dispuestos a defender lo indefendible con tal de impedir que los responsables sean sancionados.

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Hablando sobre autoridad y orden en los centros, la consejera señaló que lo más importante es transmitir unas normas claras al alumnado que deben ser respetadas. «No poner límites genera dificultades que hay que atajar». Vaya por delante que es una de las primeras veces que un consejero/a de Educación del Principado habla en estos términos, ya que lo usual es no aceptar que hay una crisis profunda de autoridad, pero, por desgracia, dudo que esto vaya de normas, porque ya las hay desde hace tiempo (2013, Ley de Autoridad del Profesorado) y el desorden, la intimidación a los profesores más vulnerables, la dificultad para dar clase está a la orden del día.

Eva Ledo confía en la nueva Ley de Educación del Principado que se empieza a tramitar, pero dejando a un lado que es muy dudoso que llegue a tiempo para ser aprobada en este mandato, la realidad es que en las directrices que envía la Consejería de Educación a los centros, las temáticas que predominan son otras.

Acoso
Entre los diez objetivos institucionales marcados al inicio de curso, solo hay uno, ‘Convivencia positiva’, donde tras promover «una convivencia sana» se refiere «al acoso escolar y el ciberacoso de forma proactiva», que es un asunto grave y de urgente tratamiento, pero no pasa de ser una cara del icosaedro. La crisis de autoridad en las aulas, un mal que impide cualquier intento de transmitir conocimientos, no recibe la atención que merece por parte del Principado.

Sobre este asunto quiero añadir algo más. En medio de la entrevista, surge la pregunta: ¿Aumentan los casos de acoso? Eva Ledo dice que se ha incrementado la labor de detección. Y da datos: desde que empezó el curso se han analizado 408 casos «y, al final, se abrió el protocolo en once. El 2,6%».

Es decir, hay mucha más preocupación y escenificación que realidad. En la Consejería de Educación hay una gran sensibilidad con el acoso, pero no con el desorden –no exento de violencia– en las aulas, que es un problema mucho más generalizado que incluye al acoso y es fuente de nuevos acosos.

Prueba de lo anterior es que la consejera, que durante un tiempo formó parte del equipo de la ministra de Educación, Pilar Alegría, cuando le tuvo que transmitir las necesidades de Educación del Principado, le pidió una Ley de Acoso y habilitar la creación de especialidades docentes propias para asturiano y eonaviego.

Pacto
Lo más importante que sucedió en Educación en los mandatos de Adrián Barbón fue la huelga del pasado año (en estas fechas) y su corolario: el pacto Asturias Educa.

Eva Leo llegó a la consejería en los estertores del conflicto y supo encauzarlo en clave positiva. Está orgullosa del pacto: reducción horaria, más profesores, más remuneraciones, reducción de ratios, etc. No quiero restar bondades al pacto, pero es un acuerdo sindical y atiende a las exigencias sindicales, que son globalmente siempre las mismas: más gente en nómina, reducción de jornada y mayores retribuciones.

Todo eso está muy bien, como están bien las vacaciones, pero la Educación necesita otras mejoras urgentes porque se está degradando en todas las comunidades autónomas desde que la exministra, Isabel Celaá, dio el visto bueno a los currículos que desarrollan la LOMLOE. Unos decretos iconoclastas que arrasaron con contenidos, inventaron términos y falsearon las evaluaciones. Lo conoce con detalle la consejera. Si quiere que Asturias eduque, hay que reconstruir la educación. Ya es tarde para reformarla.

Por cierto, después de todos los millones que se han presupuestado, no estaría de más que la consejera tuviera en cuenta que a la Educación se le puede aplicar el lema del minimalismo: menos es más. Con menos recursos, en Castilla y León los alumnos tienen más conocimientos que en el País Vasco (líder en gasto por alumno).

Recursos
Por mucho que se hable de recursos, la educación es fundamentalmente una actividad de capital humano. Más que la sanidad. Basta mirar el presupuesto del Principado. Del gasto en Sanidad, el 50% se va en nóminas. En Educación los sueldos suponen más del 75% del presupuesto. Formación, capacidad, metodología, actitud, equipo. Esa es la clave para que una región como Asturias pudiera estar tan adelantada como Singapur dentro de cuarenta años.

La última pregunta: Tablets en las aulas ¿sí o no? Respuesta: «El uso de los dispositivos digitales tiene que ser el justo y necesario, las relaciones personales entre el alumnado tienen que potenciarse, las habilidades sociales tienen que estar por encima del uso de las tecnologías». El uso de las tecnologías es lo que hace que ese alumno dentro de veinte años sea o no analfabeto funcional.

La diferencia secular entre el campo y la ciudad, se replicará en el futuro inmediato entre competentes tecnológicos y analógicos residuales.

Lo diré a voces: ¿qué tiene que ver el manejo de las redes sociales y los videojuegos, en la calle o en el domicilio, con el uso de recursos digitales en las aulas de las distintas materias curriculares?

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Cada poco tiempo se oye a los responsables de la sanidad decir que van a contratar a más profesionales, pero no es probable que eso ocurra, porque en todas las regiones hay carencia de médicos. Para captar a más profesionales hay que ofrecer incentivos que serán imitados en el resto de autonomías, neutralizando el estímulo. A veces se habla de contratar a galenos de otros países, algunos lejanos, donde los sueldos son más bajos.

No es tan sencillo. Los médicos del sector público llegan a la plaza tras pasar por un proceso exigente (MIR). Un examen único para toda España, tipo test. Si sustituimos esos profesionales por otros peor formados la calidad de la atención sanitaria se resiente. En Asturias se necesitan 62 médicos para la Atención Primaria y hay 207 vacantes de médico especialista. De los que están activos, 75 prorrogaron el contrato hasta los 70 años. En la Atención Primaria son 38 los profesionales que compatibilizan la pensión con el trabajo. La plantilla está cogida con pinzas. Si la vía de los estímulos tiene un recorrido corto, toca aumentar el número de médicos facilitando el acceso a la profesión. Hay una demanda de bachilleres que quieren estudiar el grado de Medicina muy superior a la cifra de plazas ofertadas.

El pasado año hubo 4.700 aspirantes para 165 plazas. La nota de corte fue de 12,7 sobre 14 puntos. Faltan médicos y no se deja estudiar para médico. Con todos los respetos, ésta es una cuestión que no la puede decidir el decano de turno ni el rector. Es un ‘tema de Estado’ y el Principado que financia la Universidad de Oviedo debería tomar cartas en el asunto. Luego se quejan de que se abran universidades privadas, cuando constituyen la salvación para los estudiantes que ven cerradas las puertas de la pública («la de todos»).

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