Tras la renovación electoral, Jordi Hereu se hizo cargo de la cartera de Industria y el Consejo de Ministros aprobó el nuevo proyecto de esta norma. Merece la pena destacar alguna frase del ministro sobre la cuestión: «Con la Ley de Industria nos estamos jugando el futuro de las próximas décadas»; «es necesario reforzar la competitividad, la innovación, el empleo de calidad y la transición ecológica para liderar la nueva era industrial española».

El proyecto de ley se registró en el Congreso de los Diputados y llegó al trámite de presentación de enmiendas. Ahí lleva año y medio bloqueado. Es probable que acabe la legislatura sin ser aprobada la norma. Hay en este asunto dos cuestiones distintas. La primera es la peripecia parlamentaria. Si el proyecto lleva prórroga tras prórroga retenido en la Mesa del Congreso de los Diputados es porque hay algún grupo (o grupos) interesado en que no progrese, al menos con el actual articulado. Por ahora la resistencia al proyecto es más fuerte que la defensa del mismo.

La segunda cuestión es más compleja. Una ley que reforme el Código Penal tiene efectos inmediatos sobre delitos y delincuentes. Una ley de industria no cambia la industria ni acelera la transición ecológica ni genera empleo de calidad. Una ley de industria no impulsa la producción de acero verde en Asturias. Esos objetivos no corresponden al poder legislativo, sino al ejecutivo y a las empresas. Una ley puede ayudar y colaborar con la modernización de la industria, sin duda, pero solo desde una visión burocrática se puede pensar que sea el remedio de los déficits y males del sector industrial.

Comenzó con una afirmación inexacta: «Las tasas turísticas son una realidad que está extendida en todo el mundo y también en otras comunidades autónomas». En Asia y Oceanía la mayoría de los países (China, India, Vietnam, Corea del Sur, Australia) no tienen tasa. Japón es una excepción, pero la cobran a las personas que salen del país. En África casi no existe (en Egipto, Sudáfrica, Kenia etc., no la hay).

La tasa turística sólo es un tributo consolidado en América y Europa. En la Unión Europea existe la tasa en el 17% de las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Una minoría muy reducida. En América del Sur no hay tasas municipales o impuestos por noche de hotel, pero sí hay tasas aeroportuarias o tributos a la entrada de extranjeros. En América del Norte hay ese tipo de tributos. En definitiva, las tasas turísticas existen, pero en una minoría de países.

En cuanto a las comunidades autónomas, sólo en Cataluña (2012) y Baleares (2016) está la ecotasa consolidada. Asturias fue la tercera región en aprobarla. En Galicia solo se cobra en La Coruña y Santiago de Compostela. En el País Vasco, el estreno del tributo al turista será en 2027. Podemos decir que, con la excepción de Cataluña y Baleares, en el resto de regiones la ecotasa es más una expectativa que una realidad.

La tasa o ecotasa adquirió protagonismo por vía indirecta. Al finalizar la pandemia y volver a restablecerse las comunicaciones hubo grupos de ciudadanos, plataformas, etc., que convirtieron al turismo en cabeza de turco. En los lugares más turísticos, como Cataluña o Canarias, se hizo más claro el rechazo. También en Málaga, Baleares o Sevilla. Así se recuperó la expresión ‘turismofobia’ que había nacido al calor de la crisis de 2008. La turismofobia es un fenómeno global que en 2017 hizo la primera demostración de fuerza, con movilizaciones en París, Berlín, Barcelona, Nueva York, Palma de Mallorca, Río de Janeiro, etc.

La turismofobia dirige sus ataques contra la saturación turística. Una vez centrado el debate sobre la saturación turística, la tasa o la ecotasa adquieren carta de naturaleza por sí solas.

Antes de perdernos por los vericuetos de las filias y las fobias a las tasas, digamos que hay una verdad insoslayable sobre el turismo. El turismo es petróleo para los territorios que lo tienen. En 1952 había 25 millones de turistas en el mundo, en la actualidad son 1.520 millones. Más de la mitad de los turistas del mundo eligen los países europeos. Francia lidera la actividad con 102 millones de visitantes, seguida de España, con 97 millones. El pasado año el turismo, en conjunto, aportó 218.459 millones a la economía española. Una verdadera fortuna que generó 3,2 millones de empleos.

Poner palos en las ruedas del turismo es una temeridad que solo se pueden permitir los descerebrados. Si el turismo es una riqueza, si el turismo es una fuente de empleo, si el turismo evita la despoblación, reconozcamos que los municipios turísticos, en principio, no necesitan cobrar cantidades supletorias a los turistas que les dejaron el pasado año 135.000 millones. Exigir un plus extra porque mancharon los parques, aumentaron las montañas de residuos u obligaron a reforzar los servicios de salvamento, es no tener en cuenta que todo eso ya está pagado con creces en la factura que liquidaron.

Cualquier municipio de la Asturias profunda, sin apenas actividad turística, cambiaría su precaria economía por los ingresos que recibe uno de esos municipios supuestamente saturados.

La tasa turística que se aprobó en Asturias no responde a compensar costes, ni a financiar inversiones transformadoras, sino a la ideología. A la izquierda le gustan los impuestos. Cuando ve que algo se mueve, empieza a pensar en adosarle un tributo. Para la izquierda la secuencia del progreso pasa por recaudar más cada año, transferir los recursos a la Administración pública, que, posteriormente, los gastará en sus servicios, departamentos y en contrataciones de más personal.

La tasa estaba pensada para enclaves turísticos de máximo nivel. Asturias no la necesita. Sólo servirá para perder competitividad y que los pueblos más solicitados adquieran fama de caros. Fade, Otea, Hostelería de España y los alcaldes de Gijón y Oviedo rechazan la tasa. La izquierda no soltará el juguete.

Citó a la ZALIA como ejemplo de infraestructura necesaria para la intermodalidad y el asentamiento de empresas. La ZALIA ejemplifica el retraso asturiano como pocas infraestructuras. La sociedad se constituyó en 2005, las obras se licitaron en 2009 y, a estas alturas, todavía carece de la subestación que le permita suministrar electricidad a las empresas que se instalen en la superficie. En el mundo empresarial, nadie creyó tanto en la Zalia como Asetra, la primera empresa en comprar una parcela para instalar un centro de formación y nuevas oficinas para los servicios centrales. Al menos, durante más de quince años fue la única empresa instalada en la Zalia. Un esfuerzo baldío. Sobre la importancia de los puertos del Estado –Gijón y Avilés– para el transporte, De la Roza dio un dato relevante: en 2025, el 95% de la mercancía de los puertos españoles se movió por carretera.

En la jornada también intervino Alejandro Calvo, consejero de Movilidad. Llamó a aprovechar la conectividad para «consolidar a Asturias como uno de los principales nodos logísticos del arco atlántico». Un mensaje impactante en una ciudad donde el vial de Jove quedó en agua de borrajas, después de estar licitado, debido a las patrañas de los directivos del ministerio que auguraron que se derrumbaría un barrio, si se construía el vial, y que estaba prohibido pasar mercancías peligrosas por el túnel, aunque antes hubieran transitado por el Negrón. Asturias va a ser uno de los principales nodos del arco atlántico a los pocos días de enterarnos de que el Ministerio de Transportes nos deja fuera del ancho internacional ferroviario, el que mueve las mercancías por Europa. ¿Hasta cuándo abusaréis de nuestra paciencia? (con permiso de Cicerón).

Guillermo Peláez sabe que las cuestiones judiciales tienen un procedimiento rígido, con unas formas pautadas, que son difícilmente adaptables a los intereses de las partes. En este caso estamos hablando de un conflicto entre la Comisión Europea y el Gobierno de España, que podemos calificarlo de choque entre pesos pesados. La posibilidad de incidir en el procedimiento por parte de Asturias, una región pequeña de la UE (las 244 Unidades Territoriales Estadísticas europeas oscilan entre 800.000 y 3 millones de habitantes), es prácticamente nula.

Ni es un asunto urgente desde la perspectiva europea ni las instituciones asturianas lo consideraron importante hasta el dictamen de la Comisión Europea. Conviene recordar que, si no hubiera sido por el ciudadano Daniel Ripa, que presentó en solitario la denuncia contra la prolongación del peaje del Huerna en septiembre de 2021, nada hubiera ocurrido. Es más, el Principado, y el resto de la clase política, mostraron desinterés y escepticismo por la iniciativa de Ripa. En ese tiempo el Principado negociaba sin éxito con el Ministerio de Transportes unas bonificaciones semejantes a las logradas por los gallegos en la AP-9 (Ferrol-Tui). No se dudaba de la legalidad de la tasa, ni se criticaba el proceder de Transportes.

Tres años después, la Comisión Europea comunicó la admisión de la denuncia. El argumento que esgrimió Ripa para proclamar la ilegalidad era que la prórroga del peaje hasta 2050 se había ejecutado sin convocar concurso público, contraviniendo el derecho comunitario. Bruselas hizo suyo el argumento. Cuando se está a menos de diez meses de la apertura de las urnas, las afirmaciones rotundas sobre la supresión del peaje tienen un aroma electoral inconfundible. La sentencia será posterior a la votación.

Todo lo que tiene que ver con el control del trabajo es un tema delicado. Es una materia donde hay un enfrentamiento clásico entre empresarios y trabajadores, los primeros remisos a aceptar reducciones de jornada y dispuestos a incentivar la tarea si se aumenta la producción. Los trabajadores, o sus representantes, pugnan por rebajar las horas de trabajo y por elevar los sueldos sin trabajar más tiempo.

La denuncia sobre la forma de trabajar en el HUCA es un asunto de distinta naturaleza. No hay empresarios; su lugar lo ocupa la Administración pública. No es habitual que unos sindicalistas censuren la manera de actuar de compañeros de trabajo, pero tampoco se puede decir que sea un caso único. Las peonadas se han revelado como la única manera de reducir las listas de espera en la sanidad pública. No es un objetivo cualquiera porque la demora en la asistencia sanitaria (intervenciones quirúrgicas, consultas con médicos especialistas, pruebas diagnósticas) es el principal déficit de la sanidad pública.

Las peonadas se han impuesto porque se dan dos circunstancias: una parte importante de las instalaciones hospitalarias está infrautilizada durante media jornada y los médicos tienen unos sueldos manifiestamente mejorables. A partir de ahí los gestores de la sanidad tienen la última palabra; si quieren recortar las listas de espera ya saben lo que hay que hacer; en caso contrario, pueden ensayar otras estrategias que sólo van a servir para que empeoren los resultados.

Las peonadas, como cualquier otro plan de trabajo, debe ser controlado. Si se producen abusos hay que erradicarlos, pero sin ser excesivamente puntilloso. Lo digo porque la denuncia sobre las cuatro horas vespertinas que son tan productivas como las siete matutinas podría extrapolarse a multitud de situaciones de la Administración pública. El que no quiera hacer peonadas que se quede en casa.

La tasa turística está extendida por veinte países europeos, pero la mayoría de las ciudades no la tienen. De las 800 ciudades de la Unión Europea que tienen más de 50.000 habitantes, solo 137 tienen tasa turística (el 17%). En Asturias, de los grandes ayuntamientos, sólo Avilés, con alcaldesa socialista, manifestó su interés por implantarla. Gijón y Oviedo rechazan frontalmente la aprobación del tributo. Hay municipios pequeños, o muy pequeños, como Teverga o Somiedo, con alcaldes de izquierda, que apoyan la tasa turística. En la Unión Europea es casi inexistente esa práctica. Es impensable que en el marco de la UE poblaciones de mil habitantes tengan tasa turística.

En España, las dos únicas comunidades autónomas donde está totalmente extendido el tributo son Cataluña y Baleares, donde el impuesto tiene carácter autonómico. Ambas regiones son las más turísticas de España. Su problemática no tiene nada que ver con la asturiana, ya que multiplican por seis o siete nuestra cifra de visitantes. En Asturias la tasa turística es una cuestión ideológica: a la izquierda le encantan los impuestos. No beneficia a nadie la tasa, salvo a la Administración que se vuelve más rica y gasta sin medida. El tributo puesto al turismo es un obstáculo para el progreso.

En el medio de sus declaraciones llegó el presidente a afirmar que hay que adaptar la política fiscal al incremento del coste de la vida. Justo lo que llevan años demandando la oposición y la sociedad asturiana: deflactar el IRPF para evitar que se pague más a Hacienda cuando la subida de los sueldos solo sirve para igualar el coste de la vida, sin que el poder adquisitivo haya aumentado. Esa es la verdadera reforma fiscal progresista, no la aplicación de deducciones en la cuota para colectivos concretos, elegidos caprichosamente por el Gobierno. Por ejemplo: bonificación (descuento) si rehabilitas tu vivienda habitual en un concejo de menos de 20.000 habitantes, siempre que hayan perdido el 10% de la población desde el año 2000. ¿Y qué pasa con los que viven en un municipio con 20.001 habitantes y el concejo haya perdido el 10,01% de la población? La vía fiscal asturiana está regulada por una legislación aleatoria que divide a la sociedad, no tanto por estratos de renta (aunque también), sino por características individuales o grupales que elige el Gobierno en función de sus prioridades. Una herramienta ideal para practicar política clientelar.

El secretario de organización de la FSA, José Ramón Fernández Huerga, respaldando la postura del presidente y secretario general del partido, hizo una afirmación rotunda: «Las rebajas generalizadas de impuestos favorecen principalmente a las rentas altas y ponen en riesgo la capacidad de financiación de los servicios públicos». Depende de cómo se aplique la rebaja en los distintos tramos de renta.

En cualquier caso, el debate está entre la postura de IU, elevar los impuestos a las rentas más altas de forma que compense matemáticamente la rebaja de las rentas menores, y lo que propone Barbón: aplicar bonificaciones en la cuota del IRPF a grupos o personas específicas que tengan unas características determinadas y perciban unos ingresos pequeños o relativamente medianos.

Al pedir su valoración de tres años de pacto de la izquierda, plasmado en el Gobierno de coalición, PSOE-IU Convocatoria por Asturias, el principal dirigente de IU afirma que hubo «avances e hitos importantes en la gestión del Gobierno», pero no concreta ni unos ni otros. Sin embargo, al tratar de asuntos como Cogersa, asegura que la «dirección política de Cogersa está secuestrada». Eso sí que es un hito.

Vamos con los dos asuntos más importantes. Sobre impuestos no acepta la propuesta de Barbón de rebajar la imposición a las rentas medias y establece como única solución que la reducción de los tipos impositivos en los tramos de renta más bajos sea compensada en los tramos más altos con subidas de tipos. No admite bajadas sin subidas. Esa apuesta por la polarización fiscal no resiste un ejercicio de simulación. Por otra parte, llama la atención que insista en situar a la Cámara de Comercio de Oviedo como la institución que lleva la batuta de la política fiscal asturiana.

Sobre la vivienda, el gran tema de este año, Zapico, como consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, anuncia la extensión de las zonas tensionadas, hasta el punto de que afectarán a la mayor parte de las tramas urbanas. Para empezar, las tres ciudades (Gijón, Oviedo y Avilés) quedarán calificadas como zonas tensionadas en la totalidad de su espacio urbano. Zapico justifica el paso a dar porque «los alquileres están desorbitados y son inasumibles para la mayoría social». El dirigente de IU justifica la decisión diciendo que «es la única forma de evitar que la especulación se desplace de unos barrios a otros». Es una forma original de razonar. Si se pone un alquiler máximo muy bajo, por ejemplo, cien euros, Zapico creerá que habrá muchos contratos de alquiler porque la clase trabajadora puede pagarlos. Sin embargo, ya podríamos adelantar que no se firmaría ninguno por falta de oferentes. El acuerdo entre unos y otros se logra en el mercado, en el punto en que se cruzan la demanda y la oferta. Ahora los precios están altos porque la oferta es muy reducida y va a llegar IU con las zonas tensionadas para restringirla más todavía.

Estábamos desprevenidos cuando el Gobierno regional nos avisó de que en los últimos años se produjo uno de los «procesos de modernización más relevantes de la última década». Un cambio radical en el Principado y nosotros sin saberlo.

La alegría se esfumó cuando los empresarios opinaron sobre el estado de la burocracia en la administración asturiana. María Calvo, presidenta de la Fade, afirmó que «la simplificación administrativa sólo podrá darse por conseguida cuando las empresas perciban una reducción clara de las cargas burocráticas». Según María Calvo, «mientras esta realidad no cambie, la burocracia continuará siendo uno de los principales obstáculos para el crecimiento empresarial».

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, afirmó que desde la perspectiva empresarial «la mejora en la burocracia y en las relaciones con las distintas administraciones no sólo no se ha producido, sino que, incluso, en casos concretos, se ha ralentizado».

Como la transformación comenzó, según el Gobierno, por el ámbito legislativo, veamos lo sucedido con las leyes emblemáticas de la reforma administrativa. Por ejemplo, la Ley de Calidad Ambiental, que tenía como elemento novedoso la eliminación de la licencia municipal de actividad, sustituyéndola por la declaración responsable. IU se opuso frontalmente a ese cambio, y propuso matizar las normas con reglamentos sectoriales que elevaron las garantías ambientales.

La Consejería de Medio Ambiente diseñó un Manual para el Desarrollo del Régimen de Inspección que obliga a los ayuntamientos a aplicar criterios rigurosos para revisar, a posteriori, lo que las empresas declararon previamente por escrito.

Si los técnicos detectan deficiencias, la empresa puede continuar la actividad, pero tiene un plazo muy corto para subsanar los errores. En caso de no hacerlo se paraliza el negocio. En definitiva, la Administración ha levantado un muro de reglamentos que sustituye el control previo por la fiscalización posterior rigurosa. El reino de la burocracia.

Veamos la Ley de Empleo Público, que iba a ser una revolución para el personal, con evaluaciones que conllevarían mejoras o pérdidas en la nómina.

Hasta la fecha se siguen realizando las evaluaciones de la llamada carrera profesional (horizontal), que creó el presidente Areces en 2009. La evaluación del desempeño, tal como está configurada en la Ley de Empleo Público, sigue atascada. Hay un embrollo difícil de resolver entre la carrera profesional y la evaluación del desempeño de la Ley de Empleo Público. Las posiciones sindicales avanzan en la negociación sobre los baremos y siguen en el aire las partidas presupuestarias.

La Ley de Empleo Público estaba pensada para estimular el trabajo de jefes de servicio y de sección. Ahora se extenderá a 42.600 empleados. Una tarea anual inmensa, que multiplica el trabajo burocrático, aunque el punto más sensible lo resolverán de un brochazo: la valoración de los jefes de servicio correrá a cargo de los consejeros de Gobierno. Rigor e imparcialidad.

Vamos finalmente con la Ley de Proyectos de Interés Estratégico (PIER). Aprobada hace 19 meses, sólo hay un proyecto evaluado, la superficie comercial de Costco en Siero. El proyecto de la mina de oro de Salave (Tapia de Casariego) quedó aparcado ante el bloqueo institucional y urbanístico.

Indra ha anunciado la presentación de una iniciativa PIER con dos referencias, El Tallerón (Gijón) y los antiguos talleres de Duro Felguera en Barros. Indra presentó su petición el pasado 20 de junio. Es evidente que solicita el PIER para expropiar los talleres de Barros, al no llegar a un acuerdo con Duro Felguera sobre el precio.

De todo lo visto, el único proyecto estándar, tal como recoge la ley, es la superficie comercial de Costco, pero hay problemas. Después de asumir todo tipo de exigencias como cerrar acuerdos con productores locales, incorporar productos agroalimentarios asturianos en sus propias marcas de distribución, realizar informes trimestrales para la Agencia Sekuens, llevar a cabo auditorias anuales sobre el empleo, etc., resulta que Costco necesita 15.000 metros cuadrados y las directrices comerciales marcan de límite 2.500 metros cuadrados. El Principado utilizó el PIER para saltar el límite (la concesión de PIER anula las restricciones urbanísticas y comerciales). Conclusión: apenas se presentan iniciativas empresariales de PIER y, cuando las hay, no es para reducir plazos y ganar tiempo, sino para utilizar vías (expropiación, saltar normas consolidadas) que causan conflictos.

La burocracia goza de buena salud.

En Asturias, en los dos grandes partidos, siempre se siguieron las directrices de Madrid. Las formaciones asturianas de PSOE y PP no fueron lo suficientemente fuertes como para discrepar sobre cuestiones importantes. Una comunidad autónoma de un millón de habitantes y siete escaños en el Congreso de los Diputados tiene pocos argumentos para presionar. En el cuarto de siglo transcurrido solo una vez estuvieron los medios nacionales hablando una semana seguida de Asturias. Hizo falta que ocurriera la astracanada de fabricar trenes que no caben por los túneles para entrar en la escaleta de los telediarios.

Álvaro Queipo habló de la falta de influencia política de Principado, poniendo como ejemplo lo sucedido con la Agencia Estatal de Salud Pública a la que aspiraban el Principado y el Ayuntamiento de Oviedo, siendo al final para Zaragoza. La decisión muestra las frías relaciones que hay entre Moncloa y la FSA. En otras circunstancias, jamás Pedro Sánchez hubiera hecho ese feo a Barbón. Las cuatro elecciones autonómicas (Extremadura, Aragón, Castilla-León, Andalucía) que hubo en el primer semestre permiten al PP encarar con optimismo las citas electorales de 2027. Asturias tiene un perfil electoral propio; las encuestas muestran el crecimiento de la derecha, incluso su triunfo, pero con porcentajes muy ajustados. Le corresponde a Álvaro Queipo aportar un plus electoral. Conoce los problemas de la región y los remedios fallidos que se han aplicado, pero hace falta saltar a la arena y luchar cuerpo a cuerpo con los rivales. En la batalla electoral cuentan tanto las emociones como los argumentos.