Del proyecto de Presupuestos Generales del Estado, presentado esta semana, hay un dato que destaca por encima de cualquier otro: 8,5% de subida en las pensiones. Un incremento desconocido que trae consigo un r\u00e9cord: la factura de las pensiones en los presupuestos es de 190.685 millones de euros. Para poder digerir una cantidad tan descomunal es preciso hacer un punto y aparte. La ministra de Hacienda y el presidente del Gobierno no quedaron sobrecogidos ante tama\u00f1a cifra y asumieron que el gasto global en pensiones creciera un 11,4%. Para el trabajo de un gestor es importante saber cu\u00e1nto representa el principal gasto en los presupuestos que confecciona. Pues bien, para el pr\u00f3ximo a\u00f1o, las pensiones alcanzan el 39,2% de los presupuestos.<\/p>\n
Un porcentaje casi id\u00e9ntico al que representa el gasto en Sanidad para las comunidades aut\u00f3nomas. Si la factura sanitaria trae de cabeza a los gobiernos regionales, el pago de las pensiones causar\u00e1 graves quebrantos al Ejecutivo central. No obstante, hay una diferencia fundamental, la sanidad es competencia de los gobiernos auton\u00f3micos, mientras que las pensiones deber\u00edan ser un asunto de los cotizantes, pero con la desmesura de los incrementos en las pagas de los pensionistas, la diferencia ha quedado borrada.<\/p>\n
Parece mentira que un antiguo presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), convertido en ministro, haya olvidado el rigor para cargar las cuentas de la Seguridad Social sobre las sufridas espaldas de los contribuyentes. En los presupuestos de 2023, hay 38.900 millones insuflados a la Seguridad Social a trav\u00e9s de los impuestos.<\/p>\n
La apuesta del Gobierno carece de racionalidad econ\u00f3mica. Bastante dif\u00edcil resulta financiar el Estado del Bienestar, tal como se\u00f1alan las competencias entre las distintas instituciones, como para meter las pensiones en la mochila de los presupuestos estatales. Si esto es as\u00ed, por qu\u00e9 el Gobierno de Pedro S\u00e1nchez asume tama\u00f1a carga. Por pura l\u00f3gica electoral. Y aqu\u00ed entramos de lleno en consideraciones pol\u00edticas.<\/p>\n
El Estado paga 9,9 millones de pensiones. El colectivo de pensionistas crece como corresponde a una sociedad envejecida. Dentro de veinticinco a\u00f1os, un tercio de los espa\u00f1oles estar\u00e1 en la tercera edad. Los pensionistas, aunque cada uno sea hijo de su padre y de su madre, forman un bloque homog\u00e9neo, cosa que no se puede decir de los trabajadores en activo. A los jubilados les paga el mismo organismo el d\u00eda 25 de cada mes. Una n\u00f3mina muy sencilla, sin trienios ni pluses de peligrosidad ni complementos de destino ni dietas. Saben de memoria la cantidad que cobran. Y su principal reivindicaci\u00f3n tambi\u00e9n la recitan de corrido: revalorizaci\u00f3n de las pensiones seg\u00fan el \u00cdndice de Precios al Consumo (IPC). El 8,5% que viene recogido en el proyecto de presupuestos. Para hacernos una idea de lo que significa el dato, digamos que la subida de sueldos en los convenios colectivos firmados este a\u00f1o es del 2,6%.<\/p>\n
Un bloque de diez millones de personas, con sus familias, es capaz de quitar y poner gobiernos. La mayor\u00eda electoral pivota sobre los jubilados. A mayor abundamiento, los pensionistas tienen un marcado perfil bipartidista (PSOE, PP), as\u00ed que practican mejor que nadie el voto \u00fatil. No se permiten frivolidades a la hora de elegir las papeletas.<\/p>\n
Espa\u00f1a va en cabeza de una tendencia que se extiende por la vieja Europa. En diez pa\u00edses de la UE las pensiones est\u00e1n vinculadas al IPC. Entre ellos, adem\u00e1s de Espa\u00f1a, est\u00e1n Francia, Italia, Holanda o B\u00e9lgica. En otros siete pa\u00edses las pensiones van indexadas a la evoluci\u00f3n de los salarios; as\u00ed ocurre en Alemania, Suecia o Dinamarca. El resto utilizan m\u00e9todos mixtos. Este a\u00f1o, la subida de las pensiones en Alemania es la m\u00e1s alta en los \u00faltimos treinta a\u00f1os (6,1% en Alemania del este y 5,5% en el oeste). En Italia, las pensiones se han elevado el 5,8%, el mayor incremento del siglo XXI. En Francia, Macron habl\u00f3 de una pensi\u00f3n extraordinaria, de la que ya pag\u00f3 el 4%; en enero, el resto.<\/p>\n
La hegemon\u00eda gris est\u00e1 en marcha. Constituye un poder dentro de unas democracias que funcionan sobre el principio del equilibrio de poderes. Su arma es el voto. No amenaza con huelgas, sino con urnas. Ning\u00fan gobierno se atreve a echarles un pulso por temor a aparecer sentados en los esca\u00f1os de la oposici\u00f3n.<\/p>\n
Para completar la descripci\u00f3n hagamos referencia al aliado coyuntural que han encontrado los pensionistas en estas sociedades de empleo escaso y altas demandas de seguridad. Los funcionarios. Hay 2,7 millones de empleados p\u00fablicos (1,6 millones en las comunidades aut\u00f3nomas) que van a ver incrementadas sus n\u00f3minas el 9,5% en tres a\u00f1os. En tiempos de crisis econ\u00f3micas y pandemias, pensionistas y funcionarios (por ese orden) acceden a unos beneficios que no reciben trabajadores, desempleados y ociosos. Cuando Pedro S\u00e1nchez afirma que gobierna para la clase media trabajadora no dice la verdad. La prioridad en sus presupuestos es la clase pensionista y funcionarial.<\/p>\n
Como detr\u00e1s de este reacomodo social no hay racionalidad econ\u00f3mica (ejemplo de ello es el tratamiento que dan los presupuestos a las pymes: las \u00faltimas de la fila) es urgente un pacto de rentas. Para llegar a ese acuerdo es preciso que, previamente, PSOE y PP lleguen a la conclusi\u00f3n de que no se puede gobernar en funci\u00f3n de los lobbies.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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