Lo m\u00e1s destacado de la actualidad semanal ha estado en las principales instituciones del Estado, con la reuni\u00f3n aplazada del Tribunal Constitucional (TC) y el pleno estridente del Congreso de los Diputados, con sus se\u00f1or\u00edas en modo ‘molto vivace’.<\/p>\n
La continuaci\u00f3n del drama est\u00e1 asegurada con la reuni\u00f3n del lunes del TC para resolver sobre las medidas cautelar\u00edsimas solicitadas en el recurso de amparo del PP contra la reforma judicial del Gobierno, y el pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el martes, para desbloquear la renovaci\u00f3n del TC.<\/p>\n
Sobre el esc\u00e1ndalo har\u00e9 tres apuntes antes de ir a donde quiero ir. Tras leer y escuchar opiniones diversas, creo que solicitar al TC que suspenda una iniciativa legislativa del Congreso de los Diputados es una medida harto discutible, que de generalizarse crear\u00eda una tutela del Tribunal no prevista en la Constituci\u00f3n sobre el poder legislativo. En general, estaremos todos de acuerdo en que los tribunales act\u00faan a posteriori, no a priori. El \u00fanico precedente que se invoca es el recurso de amparo del PSC pidiendo la suspensi\u00f3n de un pleno del ‘Parlament’ en los tiempos convulsos del oto\u00f1o de 2017. Hay una diferencia sustancial: las c\u00e1maras auton\u00f3micas no representan al pueblo espa\u00f1ol que es el titular de la soberan\u00eda. Las Cortes Generales, s\u00ed.<\/p>\n
Segundo apunte. Reformar leyes org\u00e1nicas por procedimiento de urgencia y mediante proposici\u00f3n de ley o enmiendas, sin informes preceptivos y en contra de la opini\u00f3n de los letrados del Congreso de los Diputados, es un disparate absoluto. Que el Gobierno act\u00fae as\u00ed produce un da\u00f1o enorme a las instituciones al optar por un procedimiento sin garant\u00edas.<\/p>\n
Tercero. En la C\u00e1mara Baja se produjeron intervenciones abiertamente ofensivas, sin que la presidenta hiciera otra cosa que reclamar silencio. No obstante, en otros parlamentos ocurren, en ocasiones, escenas semejantes. La intervenci\u00f3n verdaderamente preocupante lleg\u00f3 a la noche, con Pedro S\u00e1nchez de protagonista. Tras estar ocupado durante el d\u00eda en gestiones con sus colegas europeos, tuvo tiempo de dar su parecer antes de acabar la jornada: \u00abAqu\u00ed estamos ante un intento de atropello de nuestras instituciones por parte de la derecha pol\u00edtica y de la derecha judicial, jaleada por la derecha medi\u00e1tica\u00bb.<\/p>\n
Nunca un presidente del Gobierno de Espa\u00f1a habl\u00f3 as\u00ed. Introducir a los jueces en la trinchera de la batalla pol\u00edtica es algo que en nuestro pa\u00eds solo lo hab\u00eda hecho Pablo Iglesias.<\/p>\n
Todo lo sucedido -y lo que ocurrir\u00e1 la pr\u00f3xima semana- provoca r\u00edos de tinta. No nos debe de extra\u00f1ar. Creo, no obstante, que lo m\u00e1s interesante no est\u00e1 ya en el presente ni en el inmediato futuro (C\u00e1ndido Conde-Pumpido, presidente del Constitucional), sino en la relaci\u00f3n de lo que est\u00e1 pasando con la pr\u00f3xima legislatura. El horizonte de 2023 a 2027.<\/p>\n
En sus tres a\u00f1os y medio de presidente el mayor coste pol\u00edtico que asumi\u00f3 Pedro S\u00e1nchez fue el rescate de los l\u00edderes independentistas (indulto, junio 2021) y la creaci\u00f3n de un marco jur\u00eddico para que las fuerzas nacionalistas puedan operar sin reproche penal. La supresi\u00f3n de la sedici\u00f3n, sustituy\u00e9ndola por el delito de des\u00f3rdenes p\u00fablicos agravados, deja las penas m\u00e1ximas reducidas a la tercera parte y, adem\u00e1s, est\u00e1 descrito de una manera vaga: \u00abAtentar contra la paz p\u00fablica\u00bb. Es mucho m\u00e1s claro hablar de atentar contra el orden constitucional. El que m\u00e1s se acog\u00eda a la ret\u00f3rica de la paz (\u00ab25 a\u00f1os de paz\u00bb) era el r\u00e9gimen de Franco.<\/p>\n
En la creaci\u00f3n de ese ecosistema favorable para los secesionistas tiene un papel singular la reforma del delito de malversaci\u00f3n. Para dejar en pecado venial gestionar fondos para imponer la independencia, la malversaci\u00f3n queda ligada al af\u00e1n de lucro personal. La malversaci\u00f3n s\u00f3lo es grave si supone apropiaci\u00f3n, no basta con da\u00f1ar el inter\u00e9s p\u00fablico, tal como se entend\u00eda hasta ahora. El Gobierno distingue entre la corrupci\u00f3n y mal uso de fondos p\u00fablicos.<\/p>\n
A la izquierda, en especial a la asturiana, le interesa mucho el bien p\u00fablico. Pues bien, si, por ejemplo, un consejero del Gobierno vende inmuebles por una cantidad por debajo de su precio no es un corrupto. Si un alcalde quiere privatizar los servicios municipales y los vende por un precio favorable a sus amiguetes, puede quedar condenado con una pena de c\u00e1rcel tan leve que no ingrese en prisi\u00f3n. Hablando de penas, los socialistas repiten el mantra de igualarse con Europa, pero en los pa\u00edses vecinos imponen diez a\u00f1os de c\u00e1rcel por da\u00f1ar el bien p\u00fablico.<\/p>\n
S\u00e1nchez usa las luces largas de las que presum\u00eda Zapatero. Ya eligi\u00f3 socios estrat\u00e9gicos para el nuevo mandato y adapta el sistema jur\u00eddico a las necesidades de sus aliados y a los planes que piensa realizar con ellos. Podemos es una inc\u00f3gnita, pero ERC, Bildu y PNV son valores s\u00f3lidos y al alza. El l\u00edder socialista catal\u00e1n, Salvador Illa, confirm\u00f3 el otro d\u00eda que habr\u00e1 una consulta en Catalu\u00f1a.<\/p>\n
Para que los independentistas puedan ser socios del PSOE hay que introducir cambios profundos en el modelo de Estado. Para ello es preciso mantener el discurso de la polarizaci\u00f3n se\u00f1alando con el dedo a los jueces, a los medios y a la oposici\u00f3n. Hay que forzar las resistencias e implantar un modelo de parlamentarismo nuevo, donde se cambian las leyes org\u00e1nicas entre el lunes y el jueves, sin informes preceptivos, ni dict\u00e1menes de los servicios jur\u00eddicos ni debates. A la luz de estos datos debe realizarse la reflexi\u00f3n electoral.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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