Es la primera vez que mezclo en este blog, después de once años de existencia, la educación y la política, pero me siento en la obligación de hacerlo toda vez que el gobierno de España acaba de sentar un precedente al saltarse la ley, premiando a unos condenados por la justicia y encarcelados por graves delitos, dándoles unos indultos, sin haberlo ellos solicitado. Va contra el sentido común y contra la más elemental educación premiar a los desleales e incumplidores, pues la autoridad, con ello, da pie a castigar indirectamente a los que obedecen las normas.
Esta decisión supone una inversión de valores grave y es grave, porque lo hace la máxima autoridad, que tiene la obligación de dar ejemplo.
Ello tendrá unas graves consecuencias en el imaginario social, pues a partir de ahora un hijo o un ciudadano cumplidor se sentirá desanimado al ver el precedente sentado y el incumplidor se sentirá tentado a incumplir pensando que su incumplimiento puede quedar indemne. ¿Con qué autoridad moral podrán imponer una sanción en un colegio o en una familia a un alumno o hijo que se salte las normas establecidas?
Es el mundo al revés que hará que muchos ciudadanos y alumnos responsables, leales, cumplidores tengan la tentación de pasarse al bando “malo” o al menos se sentirán desanimados. Es tal la dimensión del daño causado ante la ciudadanía que podríamos asistir a un deterioro progresivo y no menos grave de los comportamientos cívicos.
Una marea de incumplimientos se podría ir extendiendo con el paso del tiempo en toda la sociedad y que podrá ir poniendo patas arriba la convivencia. Al tiempo.

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