El reduccionismo partidista y de luz corta con el que contemplamos  y practicamos la política en España tiene su correlato demoscópico, más atento a un punto arriba o abajo  en intención de voto –a saber, mediando aún la legislatura- que a las corrientes de fondo de la opinión pública. Quizá por ello,  los medios orillaron el jugoso trabajo sobre políticas tributarias del último “CIS” -anticipo de la ¿inminente? reforma fiscal- que coincide y complementa otro de la Fundación BBVA sobre de valores cívicos en la UE.

Ambos apuntan a la inmensa responsabilidad que los españoles otorgamos al Estado como garante de un nivel de vida digno, mucho mayor que en la UE: un 85% de nuestros compatriotas cree que debe asegurar pensiones suficientes (62% en la UE) el nivel de vida de los parados (75% vs.39%) vivienda (72% vs. 44%) precios (65% vs. 45%) o incluso regular salarios (51% vs.29%) igualándolos aún a costa de perjudicar a los que más se esfuercen (55% vs. 34%) y controlar beneficios empresariales (55% vs.22%)… Y empleando en ello todos los recursos disponibles, hasta el punto de que buena parte está dispuesta a pagar más impuestos –y no digamos a que paguen los que más ganan- para sostenerlo. En un ejercicio casi escapista, rechazamos (59% vs.40% en la UE) no ya los recortes  sino el  equilibro presupuestario. Porque creemos (60%) que el déficit es la herramienta más adecuada para dejar atrás la crisis. Parece que ha arraigado –o está fundada- la opinión, tan común entre los políticos de los años 80 y 90 –como en muchos de ahora- de que gobernar es gastar. Sorprende que casi nadie repare en que el gasto público probablemente  es ahora mayor que nunca. Y que, incluso, el “gasto social” quizá sea el más abultado de nuestra historia. O en el “crowding out”. O que España es uno de los pocos países donde no está implantado el copago sanitario, por ejemplo. Los resultados apuntan a que un sueco concibe el estado del bienestar como un derecho ganado con el esfuerzo de una vida laboral. Los españoles, sin distinción  ideológica, como un derecho asistencial.

Quizá esa responsabilidad delegada en el Estado está en la raíz de nuestra escasa participación en la vida comunitaria, limitada a la huelga, la manifestación y la firma reclamando…al Estado. Quizá confundimos virtud pública y privada: nuestro concepto de ciudadanía pasa por “ayudar a quien lo necesite”, no por su ejercicio para la mejora de la sociedad o, simplemente, la defensa de intereses legítimos. Por eso creemos que los ejércitos deben actuar como ONGs.  Es el  concepto de democracia como sistema de prestación de servicios públicos “gratuitos” y no como ejercicio de ciudadanía responsable. Por eso despreciamos a nuestros políticos –cara del Estado- a quienes hemos otorgado la responsabilidad sobre nuestras vidas y no resuelven nuestros problemas. E incluso nos los crean. Pero, como vemos, ni la UE ni el mundo –miren a China- van por ahí. O no en ese grado tan católico de sacralización, tan similar al de Italia, donde el Estado aparece como sustitutivo de la vieja caridad eclesial. Recuerdo una vez más la frase de Kennedy: “No te preguntes que puede hacer tu país por ti, sino que puedes hacer tu por tu país”. ¿No nos iría mejor así?