La Justicia emerge como una de las principales preocupaciones de los españoles. Sino la que más, tras el desempleo y la economía. Porque, según casi todas las encuestas, aprobamos nuestro sistema educativo, el sistema nacional de salud, nuestras infraestructuras y sistema de transportes, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero no a la Justicia, que empieza a percibirse como un serio problema, con la peor valoración -un rotundo suspenso- cuando es comparada con los demás servicios públicos. Recordemos, además, que nuestro sistema judicial no es un mero servicio público sino un poder del Estado. Y la Justicia un derecho fundamental. Y sin embargo, la ciudadanía, pero también los empresarios, empiezan a preocuparse. Y mucho. 

La ciudadanía está alarmada, quizá más que por el funcionamiento de la Justicia en sí, por las consecuencias de ese funcionamiento y, desde luego, por lo que empieza a ser un clamor: su subordinación a los partidos y la sospecha de que más que una democracia, vivimos una partitocracia. Los escándalos se suceden desde hace seis años: cajas de ahorro quebradas, partidos con financiaciones poco claras, enriquecimientos súbitos a la vera de la cúspide del Estado…Y, sin embargo, la percepción general es la de que en España nadie es condenado por ello. Entre otras cosas, porque nuestro sistema judicial es increíblemente parsimonioso -con el tiempo contando, además, y por lo general, favorablemente para los acusados- y garantista -adivinen para quién cree la ciudadanía que lo es- lo que provoca que muchos casos se embrollen inverosímilmente,  concluyendo en absoluciones, condenas menores o prescripciones. El caso Fabra, cuya condena pone fin, posiblemente, a más de un siglo de cacicazgo, parece, por ahora excepcional. Como la prisión de Bárcenas. Ambos, por cierto, cayeron cuando no gozaban ya del aprecio de su partido. Porque cuando los acusados cuentan con el apoyo del partido o del “establishment” -casta político-empresarial, le dicen algunos- puede suceder que algunos  de sus miembros sometidos a escrutinio judicial reciban incluso homenajes y parabienes.  Añadan a ello las nuevas tasas, que disuaden a muchos del recurso a la Justicia, frecuentemente para recurrir contra las propias administraciones públicas, causa principalísima de litigiosidad. Sumen también la polémica desatada como consecuencia de la renovación del Consejo Superior del Poder Judicial  y tendrán un cóctel al que sólo le faltan una gotas de chapuza jurídica -“Doctrina Parot”- y la alarma que provocan sus efectos. Estos días parecemos vivir en un “deja vú” que acumula, en semanas, décadas de crónicas de sucesos que, en su día, atrajeron, mezclando estupor, morbo e indignación, la atención de los españoles. 

Pero también desde el mundo empresarial se contempla a nuestra Justicia con preocupación. Y no sólo desde España. Porque se suma a la inseguridad jurídica que provoca el incesante vaivén regulatorio desde el Ejecutivo. Pienso, como imaginarán, en el sector eléctrico -ése si que parece la madre de todos los embrollos- pero también al desconcierto e incredulidad que genera entre los inversores -todavía esta semana en Londres- el deshoje de margarita con algunas privatizaciones, como la de AENA, que ya va por su segundo intento frustrado, en parte por lo que parecen unas condiciones inaceptables, por abusivas, para los posibles compradores. Fruto de todo ello es el recurso de algunas multinacionales en conflicto no a la Justicia española, sino a instancias internacionales de arbitraje, que se consideran más justas, imparciales y eficaces que la vía judicial. Justamente cuando más necesitamos de inversión extranjera. 

Mal camino llevamos si nuestra Justicia, en vez de confianza, genera alarma. Quizá en estos días de fastos constitucionales mereciera alguna reflexión cuanto toquen las hipotéticas, pero cada vez más demandadas -en sobre lo único que hay consenso, por ahora- modificaciones en nuestra Carta Magna. Y que, este caso, el consenso no sea por el mantenimiento del statu quo.