Artículo publicado el “El Comercio” el 20 de octubre de 2012

La crisis institucional emerge ya nítidamente en todas las encuestas, galopando a lomos de la económica. Y engorda con rapidez, alimentada por el insondable pesimismo ciudadano, proclive ya a asumir los peores presagios,  y el cambio generacional, poco propicio a mantener los pactos de una Transición alejada cuarenta años en la historia. La crisis de confianza en el sistema  -¿para qué mantenerlo, si no nos garantiza el futuro?- afecta, además, a dos de sus claves de bóveda: el sistema autonómico y el sistema de representación.

Emerge, sobre todo, y abruptamente, la crisis del nunca bien resuelto sudoku  autonómico. El consenso ciudadano sobre él ha saltado por los aires. Justa o injustamente, buena parte de la ciudadanía atribuye a las autonomías –por exceso…o defecto- el desbarajuste fiscal.  Una tendencia que reflejan todas las encuestas, acaso intensificada por el desarraigo  del sistema autonómico. A mi entender, sin embargo, el problema nodular está en la ruptura de ese consenso, reflejado en dos fracturas nítidas. Una, política: los votantes del PP y UPyD se inclinan por la recentralización, los del PSOE e IU se astillan entre “recentralizadores”, partidarios del actual estado de cosas y “soberanistas”. Otra, territorial: los votantes de CiU –y los nacionalistas vascos y gallegos- son mayoritariamente favorables a un esquema soberanista.

Se confirma, también, la brecha abierta en el sistema de representación y su control. Ya no confiamos en nuestros representantes. La crisis llega, por tanto, al tuétano de nuestra democracia.  Creemos perdido el control sobre nuestros representantes, a quienes no conocemos e imaginamos disfrutando de los privilegios del poder sin merecerlo, culpables de nuestras tribulaciones. Queremos controlarles, reformando la ley electoral. Pero, nuevamente, desconociendo el cómo. La mayoría apuesta por las listas abiertas, pero recordemos que las del Senado ya lo son y apenas se usan. Otros abogan por sistemas con mayor proporcionalidad. Y algunos, por sistemas mayoritarios, uninominales y a dos vueltas –a la francesa- que nos permitirían tener a “nuestro” representante. El consenso, aquí, tampoco existe. Y cabe, desde luego, abrir cauces de participación alternativos o en desuso.

La ciudadanía, por tanto, está decidida a la catarsis constitucional. Pero sin más armadura que el acuerdo sobre la necesidad de la reforma, desconociendo qué rumbo a tomar y qué límites ponerle. Se reclaman para ello, además, acuerdos y consenso a los políticos, pero la propia ciudadanía expresa disenso en sus opiniones. El cóctel de fatiga institucional y desesperanza económica puede ser letal. Las reformas institucionales parecen ineludibles, aún con una posible mejora económica que pudiera aliviar la tensión institucional. Pero antes hay que armar acuerdos sobre la dirección a tomar. Y actuar con prudencia, aunque no sin cierta audacia. Pero quizá sea, también, momento de mirar hacia fuera y de preguntarnos por qué esa fatiga afecta también a Francia, EEUU o Italia. Y es que la clave de la catarsis no descansa sólo en la arquitectura institucional, ni en la económica -que también- sino en algo más profundo: nuestros valores y actitudes cívicas.  ¿Y si empezamos la catarsis por nosotros mismos?